Hay multas para quien retacee datos al Tribunal de Cuentas

Las dificultades del Tribunal de Cuentas para acceder a la documentación que necesita en sus investigaciones administrativas quedaron al descubierto con los trámites realizados sobre los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) llegados a la Provincia entre 1990 y 2001.
El ente de control solicitó información a seis oficinas del Estado (los ministerios de Economía y del Interior de la Nación; Tesorería General, Contaduría General, Secretaría del Interior y Ministerio de Economía de la Provincia), de las cuales sólo dos respondieron: los ministerios del Interior de la Nación y el de Economía de Tucumán. El hecho causó indignación, que derivó en el acuerdo 54, de febrero pasado, reiterando el pedido y advirtiendo sobre la aplicación de sanciones.
El Tribunal basa su accionar en la Ley de Administración Financiera, que impone en su artículo 132 que "todos los magistrados judiciales y funcionarios o agentes de la administración pública provincial y comunal, están obligados a suministrar (al ente), dentro del término que señale, los informes, antecedentes, documentos originales o copias autenticadas y demás comprobantes que requiera". "Si no fueren facilitados, el Tribunal podrá obtenerlos encomendando a un empleado la tarea, sin perjuicio de sancionar disciplinariamente la desobediencia en que pudiera haberse incurrido", se estipula.
El incumplimiento de esa prescripción acarrea sanciones, que fueron agravadas a principios de este año. "Las faltas de respeto al Tribunal; la obstrucción al desempeño de sus funciones; la desobediencia a sus resoluciones, así como las transgresiones a la presente ley o a reglamentaciones dictadas en su consecuencia, podrán ser sancionadas con apercibimiento y/o multa, sólo reconsiderables ante el propio cuerpo, de hasta un importe igual a diez veces el sueldo que perciba el agente infractor", quedó establecido en el artículo 133.