Por Redacción Política
25 Septiembre 2003
Seguir en 
El vicegobernador Sisto Terán defendió el proyecto de modificación de la ley 6.686, que reglamenta la aplicación de los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo. La iniciativa, reclamada por el gobernador electo José Alperovich y presentada por David Padilla (PJ) y Juan Vildoza (radical con afiliación suspendida), establece que las disposiciones del Gobierno quedan firmes si la Cámara no las trata. Actualmente, ante el silencio parlamentario, caducan.
El titular del Poder Legislativo, sin embargo, reconoció que está dispuesto a sacrificar el tratamiento de esa iniciativa a fin de que la Legislatura sesione.
En diálogo con LA GACETA, el titular del Poder Legislativo no descartó que pueda convocar para hoy a los presidentes de bloque a una reunión de Labor Parlamentaria en la que se fije nueva fecha para una deliberación. Y también un nuevo orden del día.
"No quiero más convocatorias frustradas -aseveró-. Los tres temas sobre los que hubo reparos (el martes pasado) son la modificación de la aplicación de los decretos, los pliegos de los cinco candidatos a cubrir vacantes en la Justicia y el proyecto de presupuesto 2003; así que si no hay acuerdo sobre ellos, prefiero que se los evite. Pero la Cámara tiene que sesionar", puntualizó.
Terán, incluso, hizo hincapié en que ya demostró que no tiene problemas en eludir esas propuestas. "Después de que cayó la primera sesión por falta de quórum (a las 17), hice un segundo llamado, modificando el orden de prelación del temario. Pasé para el final esos tres puntos. Prefería que, en todo caso, se dejara sin quórum la sesión al momento de debatir esas iniciativas. Pero no hubo caso y fue una pena. Me dio mucha tristeza que no hubiera sesión", manifestó.
Legislación unificada
El vicegobernador sostuvo que la reforma de la ley 6.686 es lo más apropiado para Tucumán.
"Lo que se busca es unificar la legislación provincial con la nacional. Y la necesidad de que tengamos un sistema idéntico quedó en evidencia, justamente, con el fracaso de la última sesión", argumentó. Según Terán, los legisladores estaban de acuerdo en que debía sancionarse la reestructuración de las deudas municipales para su refinanciación y la devolución del 2,5% recortado al aporte patronal que hace el Estado al Subsidio de Salud.
"Si rigiera una nueva reglamentación para los decretos de necesidad y urgencia, ambas medidas podrían haber sido dispuestas mediante esa vía por el Gobierno, y los problemas legislativos propios de los períodos preelectorales no los afectarían -ejemplificó-. Por el contrario, la traba temporal que los hace caducar si no hay tratamiento, sólo alimenta la inseguridad jurídica".
EL ABC DE LA INFORMACION
*El pasado martes fracasaron dos sesiones legislativas por falta de quórum. El orden del día incluía poco más de 20 proyectos de ley.
*En el oficialismo, un grupo sostiene que el enojo contra Terán por el despido de contratados motivó la ausencia de legisladores del PJ.
*Otros responsabilizan al PE de retirar a parlamentarios que le responden, para que no se modificara la ley 6.686, pedida por Alperovich.
Advierten sobre un posible atropello a las instituciones
El constitucionalista Luis Iriarte calificó de atropello institucional la propuesta de los legisladores David Padilla (justicialista) y Juan Vildoza (radical con afiliación suspendida), respecto de que los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo queden firmes si a los 20 días de su dictado no son ratificados por la Legislatura.
Quienes apoyan la iniciativa invocando la necesidad de adecuar la legislación provincial a la Constitución nacional ignoran cómo funciona el sistema institucional argentino o actúan de mala fe, según el profesor de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
El proyecto -aclaró Iriarte- viola en forma flagrante lo que dispone el artículo 3 de la Carta Magna provincial. "Los poderes que esta Constitución establece no pueden adoptar disposiciones en su contra, ni ejercer otras atribuciones que las que ella les confiere, ni delegarlas implícita ni explícitamente en contra de otros poderes o particulares", ordena la norma.
El problema, según el ex legislador, lo generó la Constitución nacional de 1994 al regular los llamados decretos de necesidad y urgencia. "La fórmula gramatical empleada en el artículo 99, inciso 3, al prohibir y a la vez permitir esa facultad legislativa al Presidente, adolece de ambigüedad, vaguedad e indeterminación", dijo.
"Al señalar sobre qué temas el Ejecutivo no puede dictar decretos de sustancia legislativa (cuestiones penales, tributarias, régimen electoral y partidos políticos) quedó abierta la posibilidad de que, por medio de aquellos, se puedan regular temas esenciales de nuestro quehacer jurídico y político, en violación al Pacto de San José de Costa Rica", expresó.
Una mala costumbre
Más allá de lo que disponga la Constitución nacional no se puede pretender extrapolar automáticamente a Tucumán sus mandatos, según Iriarte. "Desde la reforma de 1994 existieron intentos por extender preceptos constitucionales federales a las provincias que, en sus normativas de base, preservan regulaciones del poder diferentes a las nacionales y que en nada atañen al sistema representativo y republicano", advirtió.
El constitucionalista recordó que, así como antes se intentó aplicar en la provincia la cláusula de la reelección inmediata del Ejecutivo, como sucede en la Nación, ahora se quiere hacer lo mismo con los decretos. "Esta herramienta fue usada con desenfado por Carlos Menem, quien sumergió al país en una pavorosa inseguridad jurídica", concluyó.
Oposición de la UCR a un unicato
El legislador radical José Ascárate advirtió que la provincia marchará hacia un unicato si se aprueba la propuesta de los parlamentarios David Padilla (PJ) y Juan Vildoza (radical suspendido) respecto de que los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo queden firmes si a los 20 días de su dictado no son ratificados por la Legislatura.
"¿Por qué se le pide a esta Legislatura, que ya se va, que sancione leyes que coartan las capacidades de la que viene? La única respuesta posible es la profunda desconfianza del gobernador electo (José Alperovich) hacia los miembros del futuro Poder Legislativo. Con 26 integrantes del bloque oficialista no parecen necesarias estas alteraciones", afirmó.
La UCR, según su titular, no está dispuesta a conceder facultades legislativas extraordinarias al PE ni a quitarles las posibilidades de control a los otros. "Esta superley solicitada por Julio Miranda busca instalar una nueva metodología: un unicato que gobierne la provincia por decreto y sin el control de los otros poderes del Estado, donde está representada", dijo.
El titular del Poder Legislativo, sin embargo, reconoció que está dispuesto a sacrificar el tratamiento de esa iniciativa a fin de que la Legislatura sesione.
En diálogo con LA GACETA, el titular del Poder Legislativo no descartó que pueda convocar para hoy a los presidentes de bloque a una reunión de Labor Parlamentaria en la que se fije nueva fecha para una deliberación. Y también un nuevo orden del día.
"No quiero más convocatorias frustradas -aseveró-. Los tres temas sobre los que hubo reparos (el martes pasado) son la modificación de la aplicación de los decretos, los pliegos de los cinco candidatos a cubrir vacantes en la Justicia y el proyecto de presupuesto 2003; así que si no hay acuerdo sobre ellos, prefiero que se los evite. Pero la Cámara tiene que sesionar", puntualizó.
Terán, incluso, hizo hincapié en que ya demostró que no tiene problemas en eludir esas propuestas. "Después de que cayó la primera sesión por falta de quórum (a las 17), hice un segundo llamado, modificando el orden de prelación del temario. Pasé para el final esos tres puntos. Prefería que, en todo caso, se dejara sin quórum la sesión al momento de debatir esas iniciativas. Pero no hubo caso y fue una pena. Me dio mucha tristeza que no hubiera sesión", manifestó.
Legislación unificada
El vicegobernador sostuvo que la reforma de la ley 6.686 es lo más apropiado para Tucumán.
"Lo que se busca es unificar la legislación provincial con la nacional. Y la necesidad de que tengamos un sistema idéntico quedó en evidencia, justamente, con el fracaso de la última sesión", argumentó. Según Terán, los legisladores estaban de acuerdo en que debía sancionarse la reestructuración de las deudas municipales para su refinanciación y la devolución del 2,5% recortado al aporte patronal que hace el Estado al Subsidio de Salud.
"Si rigiera una nueva reglamentación para los decretos de necesidad y urgencia, ambas medidas podrían haber sido dispuestas mediante esa vía por el Gobierno, y los problemas legislativos propios de los períodos preelectorales no los afectarían -ejemplificó-. Por el contrario, la traba temporal que los hace caducar si no hay tratamiento, sólo alimenta la inseguridad jurídica".
*El pasado martes fracasaron dos sesiones legislativas por falta de quórum. El orden del día incluía poco más de 20 proyectos de ley.
*En el oficialismo, un grupo sostiene que el enojo contra Terán por el despido de contratados motivó la ausencia de legisladores del PJ.
*Otros responsabilizan al PE de retirar a parlamentarios que le responden, para que no se modificara la ley 6.686, pedida por Alperovich.
Advierten sobre un posible atropello a las instituciones
El constitucionalista Luis Iriarte calificó de atropello institucional la propuesta de los legisladores David Padilla (justicialista) y Juan Vildoza (radical con afiliación suspendida), respecto de que los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo queden firmes si a los 20 días de su dictado no son ratificados por la Legislatura.
Quienes apoyan la iniciativa invocando la necesidad de adecuar la legislación provincial a la Constitución nacional ignoran cómo funciona el sistema institucional argentino o actúan de mala fe, según el profesor de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
El proyecto -aclaró Iriarte- viola en forma flagrante lo que dispone el artículo 3 de la Carta Magna provincial. "Los poderes que esta Constitución establece no pueden adoptar disposiciones en su contra, ni ejercer otras atribuciones que las que ella les confiere, ni delegarlas implícita ni explícitamente en contra de otros poderes o particulares", ordena la norma.
El problema, según el ex legislador, lo generó la Constitución nacional de 1994 al regular los llamados decretos de necesidad y urgencia. "La fórmula gramatical empleada en el artículo 99, inciso 3, al prohibir y a la vez permitir esa facultad legislativa al Presidente, adolece de ambigüedad, vaguedad e indeterminación", dijo.
"Al señalar sobre qué temas el Ejecutivo no puede dictar decretos de sustancia legislativa (cuestiones penales, tributarias, régimen electoral y partidos políticos) quedó abierta la posibilidad de que, por medio de aquellos, se puedan regular temas esenciales de nuestro quehacer jurídico y político, en violación al Pacto de San José de Costa Rica", expresó.
Una mala costumbre
Más allá de lo que disponga la Constitución nacional no se puede pretender extrapolar automáticamente a Tucumán sus mandatos, según Iriarte. "Desde la reforma de 1994 existieron intentos por extender preceptos constitucionales federales a las provincias que, en sus normativas de base, preservan regulaciones del poder diferentes a las nacionales y que en nada atañen al sistema representativo y republicano", advirtió.
El constitucionalista recordó que, así como antes se intentó aplicar en la provincia la cláusula de la reelección inmediata del Ejecutivo, como sucede en la Nación, ahora se quiere hacer lo mismo con los decretos. "Esta herramienta fue usada con desenfado por Carlos Menem, quien sumergió al país en una pavorosa inseguridad jurídica", concluyó.
Oposición de la UCR a un unicato
El legislador radical José Ascárate advirtió que la provincia marchará hacia un unicato si se aprueba la propuesta de los parlamentarios David Padilla (PJ) y Juan Vildoza (radical suspendido) respecto de que los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo queden firmes si a los 20 días de su dictado no son ratificados por la Legislatura.
"¿Por qué se le pide a esta Legislatura, que ya se va, que sancione leyes que coartan las capacidades de la que viene? La única respuesta posible es la profunda desconfianza del gobernador electo (José Alperovich) hacia los miembros del futuro Poder Legislativo. Con 26 integrantes del bloque oficialista no parecen necesarias estas alteraciones", afirmó.
La UCR, según su titular, no está dispuesta a conceder facultades legislativas extraordinarias al PE ni a quitarles las posibilidades de control a los otros. "Esta superley solicitada por Julio Miranda busca instalar una nueva metodología: un unicato que gobierne la provincia por decreto y sin el control de los otros poderes del Estado, donde está representada", dijo.
Lo más popular
Ranking notas premium
