Al fallo del Ciadi lo sufrirá Alperovich

La decisión definitiva del tercer arbitraje internacional por el conflicto entre la Provincia y la empresa Aguas del Aconquija recaerá, con sus consecuencias adversas o favorables, sobre la futura gestión de José Alperovich. Así lo afirmó a LA GACETA el fiscal de Estado, Benito Garzón, quien está trabajando en la estrategia de la defensa junto con Antonio Estofán, que es la persona que ocupará su cargo en el próximo gobierno.
Precisamente, Garzón y Estofán se reunirán el 8 de octubre con funcionarios de la Procuración del Tesoro de la Nación, para aportar pruebas u otros elementos que sirvan para presentar en el litigio que se dirimirá en el Centro Internacional de Arreglo de Diferendos Relativos a Inversiones (Ciadi).
Garzón explicó por qué la nueva administración será la que enfrente los efectos de la resolución del Ciadi. En primer lugar indicó que, por lo menos, hasta fin de año llevará la constitución del Tribunal Arbitral. Ese cuerpo se conforma con un árbitro elegido por la empresa que reclama (Vivendi Universal), otro lo sugiere la Nación que se defiende, y el tercero surge de una lista que maneja el Banco Mundial.

Pruebas de las partes
"Luego empieza el proceso de arbitraje; cada parte aporta sus pruebas y documentación,y se sigue un mecanismo internacional de actuación", señaló el funcionario. ¿Tardará dos años en resolverse el juicio?, se le preguntó al fiscal de Estado. "No, no será tanto", respondió. Admitió que los efectos de la medida afectarán al gobierno que viene.
Cabe recordar que la firma VIvendi Universal, que explotó el servicio de agua y cloacas a través de la Compañía Aguas del Aconquija SA, demandó a la Provincia por U$S 375 millones. Si el fallo del Ciadi es favorable a las exigencias de la ex concesionaria del servicio, la Nación deberá pagar esa suma, aunque, en ese caso, las cuentas afectadas serán las de la Provincia.
Ese es uno de los tantos juicios que las empresas privatizadas hicieron contra el país, exigiendo un total de U$S 6.620 millones.
Universal Vivendi demandó a la Provincia ante el Ciadi por la rescisión del contrato, que se verificó durante la gestión del ex gobernador Antonio Bussi. El Gobierno replicó con un juicio por daños y perjuicios al final del mandato de Bussi. En 2000, el PE desistió de esa demanda.
Ahora, según Garzón, el Gobierno provincial deberá demostrar que la empresa fue la que no actuó de buena fe.