El pedido del gobernador electo José Alperovich a la Legislatura, para que sancione diversos cambios a las normas que regulan el empleo estatal, no serían tratados en la sesión de hoy.
Ayer, los legisladores oficialistas acordaron los textos que llegarían a la sesión de las 14.30. Entre los puntos debatidos por los peronistas figuran un nuevo régimen de retiro voluntario; la continuidad de las normas de emergencia salarial (congelamiento del escalafón y pago con tickets Proms); alteraciones en el sistema de traslados de personal y la disponibilidad de los empleados sin destino específico.
Estas indefiniciones obligarían al PJ a citar a otra sesión de Cámara, que sería llamada para la última semana de mandato.
Estabilidad estatal
Alperovich quiere iniciar su gestión con un paquete de disposiciones que le permita reconfigurar la planta estatal con un nuevo organigrama. En este, desaparecerían reparticiones, se fusionarían otras y se crearían estructuras semiautónomas.
Para concretar los cambios se enfrenta con el Estatuto del Empleado Público y con su reglamentación, que fueron firmados hace 20 años, en 1983, por el gobernador de facto Antonio Merlo.
El Estatuto dispone la estabilidad del estatal, fija las categorías de revista y los distintos derechos. Para separar a un estatal del cargo se debe realizar una investigación administrativa, y está prohibido el despido sin causa.
Además establece las causales de cesantía, como ser las faltas reiteradas, y de exoneración, que corresponde cuando se detectan falta grave que perjudique a la administración, condena judicial por delito contra la administración, incumplimiento intencional de órdenes legales, pérdida de la nacionalidad, o la imposición de pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para la función pública.
El bloque justicialista fue requerido para que modifique el sistema de cambio de destino (traslados y adscripciones), sin que sea necesaria la anuencia explícita del empleado.
También se le pidió flexibilizar el régimen de disponibilidad del empleado público, que se aplica cuando se producen reestructuraciones con la supresión o modificación de dependencias u organismos y la eliminación de cargos o funciones.
En ese momento, el trabajador cobra haberes por un lapso no mayor de dos meses, plazo en el cual se le deben asignar nuevas funciones o la baja con el pago de una indemnización (un sueldo por año de servicio).
CAUSALES DE CESANTIA
- Inasistencias injustificadas que excedan de los seis días discontinuos en el año calendario.
- Abandono de servicio, cuando se registren más de cinco inasistencias continuas e injustificadas.
- Infracciones o negligencias reiteradas en sus tareas o faltas graves hacia sus superiores, subordinados, demás agentes o al público.
- Infracciones que den lugar a la suspensión, si es que en el año calendario anterior ya fue suspendido por 45 días.
- Concurso civil o quiebra.
- Incumplimiento de sus deberes o violación de las prohibiciones.
- Ser condenado por delito doloso.
- Pérdida de la ciudadanía argentina.
Ayer, los legisladores oficialistas acordaron los textos que llegarían a la sesión de las 14.30. Entre los puntos debatidos por los peronistas figuran un nuevo régimen de retiro voluntario; la continuidad de las normas de emergencia salarial (congelamiento del escalafón y pago con tickets Proms); alteraciones en el sistema de traslados de personal y la disponibilidad de los empleados sin destino específico.
Estas indefiniciones obligarían al PJ a citar a otra sesión de Cámara, que sería llamada para la última semana de mandato.
Estabilidad estatal
Alperovich quiere iniciar su gestión con un paquete de disposiciones que le permita reconfigurar la planta estatal con un nuevo organigrama. En este, desaparecerían reparticiones, se fusionarían otras y se crearían estructuras semiautónomas.
Para concretar los cambios se enfrenta con el Estatuto del Empleado Público y con su reglamentación, que fueron firmados hace 20 años, en 1983, por el gobernador de facto Antonio Merlo.
El Estatuto dispone la estabilidad del estatal, fija las categorías de revista y los distintos derechos. Para separar a un estatal del cargo se debe realizar una investigación administrativa, y está prohibido el despido sin causa.
Además establece las causales de cesantía, como ser las faltas reiteradas, y de exoneración, que corresponde cuando se detectan falta grave que perjudique a la administración, condena judicial por delito contra la administración, incumplimiento intencional de órdenes legales, pérdida de la nacionalidad, o la imposición de pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para la función pública.
El bloque justicialista fue requerido para que modifique el sistema de cambio de destino (traslados y adscripciones), sin que sea necesaria la anuencia explícita del empleado.
También se le pidió flexibilizar el régimen de disponibilidad del empleado público, que se aplica cuando se producen reestructuraciones con la supresión o modificación de dependencias u organismos y la eliminación de cargos o funciones.
En ese momento, el trabajador cobra haberes por un lapso no mayor de dos meses, plazo en el cual se le deben asignar nuevas funciones o la baja con el pago de una indemnización (un sueldo por año de servicio).
- Inasistencias injustificadas que excedan de los seis días discontinuos en el año calendario.
- Abandono de servicio, cuando se registren más de cinco inasistencias continuas e injustificadas.
- Infracciones o negligencias reiteradas en sus tareas o faltas graves hacia sus superiores, subordinados, demás agentes o al público.
- Infracciones que den lugar a la suspensión, si es que en el año calendario anterior ya fue suspendido por 45 días.
- Concurso civil o quiebra.
- Incumplimiento de sus deberes o violación de las prohibiciones.
- Ser condenado por delito doloso.
- Pérdida de la ciudadanía argentina.







