Los fondos de la Ley 7854

Por Jorge Figueroa 03 Diciembre 2012
Hay dos miradas distintas de cómo se inició la Fiesta Provincial del Teatro el sábado a la noche: desde la sala Caviglia (sede del acto oficial, en el que se realizó un homenaje al actor Pedro Sánchez) y desde La Sodería (allí se puso la obra "Después de muertos", que compite en el festival).

"La apertura fue muy emotiva y no hubo ninguna tensión; se respiró aire a fiesta, con mucha gente en la sala", cuenta Silvina Schlisermann, una de las responsables de prensa del Instituto Nacional del Teatro, entidad organizadora. "En La Sodería abrimos con la obra de Manojo de Calles, a sala llena. La habían agendado en simultáneo con el acto oficial. A algunos espectadores les habían dicho en la Caviglia que esperaríamos a la conclusión del acto, pero el traslado de la gente fue inútil porque cuando llegaron a La Sodería no pudieron ingresar", relató Teresita Guardia.

Desde hace tiempo, cuando se acerca fin de año se concentran las tensiones de una realidad en la que los teatristas de un lado (un sector, al menos) y las autoridades del Ente Cultural y del INT, del otro, se enfrentan. Puntualmente, en esta oportunidad La Gloriosa encabezó una cruzada no solo por la falta de pago de los fondos que le adeudan (no es la única sala que padece esa situación), sino acusando al Ente Cultural de persecución política.

"El Ente decidió este año perseguirnos administrativamente y neutralizarnos, castigarnos y amedrentar al resto de la comunidad teatral a través del Tribunal de Cuentas. No aceptaron facturas que les presentamos. Y ahora se nos quiere imponer una sanción por la demora en la presentación. Nos dejaron para el último, y con los que ellos dispongan, para el aporte legal que nos corresponde", relató Pablo Gigena, uno de los responsables de La Gloriosa.

Esta situación llevó a que en algunas salas que participan en la fiesta se aclare en la folletería que no reciben apoyo oficial. Algo a lo que ya han renunciado los de La Sodería, por ejemplo, cansados de las faltas de respeto.

Esta realidad fue aceptada incluso por el mismo delegado provincial del INT, José Ramayo, cuando ante una consulta de LA GACETA admitió el conflicto.

Así las cosas, se ha llegado a un momento de definiciones: o el Gobierno asume de una buena vez la Ley 7854 (data de 2006), la reglamenta con la participación de los interesados y cumple con ella; o directamente el teatro independiente, que es el que produce realmente en la provincia, abandona esta pelea y queda librado a su suerte.

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