La Corte Suprema de Justicia hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad planteado por el Poder Ejecutivo contra la sentencia que obligó a devolver los bonos que había depositado una empresa en la vieja operatoria FET de canje por efectivo. "La decisión del máximo tribunal -según el fiscal de Estado, Benito Garzón- no hace más que más que convalidar la vigencia de la Ley de Emergencia Económica de la Provincia", que prohíbe los embargos contra las cuentas oficiales.
Con la disidencia de René Goane, los miembros de la Corte revocaron la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y rechazó la acción de amparo que presentó la firma Tarrab SA para la devolución de $ 286.000. La Corte consideró que existían otras vías del juicio ordinario para asegurar la defensa de todos los intereses involucrados en la cuestión. En su decisión, tuvo en cuenta la situación económica de la Provincia y de la Nación. Goane, en tanto, consideró que el amparo era la vía para la reparación de la lesión al derecho de propiedad contra la empresa por el incumplimiento del Estado. Indicó que, al momento en que Tarrab promovió la demanda estaba vigente el plan de rescate de bonos, lo cual significaba una situación de urgencia para recuperar su depósito en bonos.
Garzón, por otra parte, cree que con la decisión de la Corte se frenarían los embargos. "El Gobierno está en el camino de acordar el pago a sus acreedores", puntualizó. Con el fallo, las empresas que accionaron contra el Estado tendrían que devolverle el dinero embargado.
Con la disidencia de René Goane, los miembros de la Corte revocaron la sentencia dictada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y rechazó la acción de amparo que presentó la firma Tarrab SA para la devolución de $ 286.000. La Corte consideró que existían otras vías del juicio ordinario para asegurar la defensa de todos los intereses involucrados en la cuestión. En su decisión, tuvo en cuenta la situación económica de la Provincia y de la Nación. Goane, en tanto, consideró que el amparo era la vía para la reparación de la lesión al derecho de propiedad contra la empresa por el incumplimiento del Estado. Indicó que, al momento en que Tarrab promovió la demanda estaba vigente el plan de rescate de bonos, lo cual significaba una situación de urgencia para recuperar su depósito en bonos.
Garzón, por otra parte, cree que con la decisión de la Corte se frenarían los embargos. "El Gobierno está en el camino de acordar el pago a sus acreedores", puntualizó. Con el fallo, las empresas que accionaron contra el Estado tendrían que devolverle el dinero embargado.







