Gran debate judicial por el caso de las 4x4

Todos los factores vinculados a la vida del Poder Judicial coinciden en que hay que dejar que se pongan en marcha los mecanismos procesales correspondientes para conocer la verdad del escándalo desatado por supuestas entregas irregulares de camionetas cuatro por cuatro robadas o producto del contrabando. (En el hecho están involucrados el fiscal de Instrucción IV, Héctor Abraham Musi, y su prosecretario, Hugo Tarifa, quien está detenido). Sin embargo, reconocen que, aunque no se puede generalizar y hablar de una crisis, la situación genera malestar y afecta la imagen de la administración de Justicia.
Las autoridades del Colegio de Abogados se propusieron no hacer declaraciones para no entorpecer la marcha de la investigación que lleva adelante el juez federal Felipe Terán por la supuesta falsificación de documentos relacionados con el robo y contrabando de vehículos. También esperan los resultados de la auditoría a la Fiscalía IV y el sumario a Musi dispuestos por el ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Luis de Mitri.
"La Justicia debe seguir funcionando en forma normal, aunque todo esto, de alguna manera, está afectando el buen nombre y prestigio de este importante poder. Por ello, lo mejor es que haya celeridad en los trámites y procesos para que, de una buena vez, se esclarezca todo en función de la trascendencia del caso". Esto es lo que pidió Carlos Parajón Canteli, presidente del Colegio de Abogados, institución que integra el Consejo Asesor de la Magistratura junto a la Corte Suprema y a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

Diferentes posiciones
Más cauto aún fue el decano de la Facultad de Derecho de la UNT, Pedro Rougés. "No podemos tener posición sobre una investigación. Es prematuro emitir cualquier juicio. Sólo se puede pedir que funcionen las instituciones y que cada uno haga lo que debe", dijo.
Fuentes próximas a la Corte Suprema negaron que teman que el escándalo produzca un efecto cascada o dominó que afecte a todo el sistema. "Lo que está claro es que ninguna persona con juicio regular podía darle importancia o seriedad a los oficios (en los que se designaba a particulares como depositarios judiciales de las camionetas), porque los textos era muy irregulares", afirmaron.
Desde el Ejecutivo, con el argumento de que no se puede intervenir en los asuntos de otro, no quisieron hacer declaraciones. Y entre los jueces las opiniones están divididas. La Asociación de Magistrados habla de un caso aislado y pide que no se hagan generalizaciones. Pero días pasados la Red Argentina de Justicia para la Democracia solicitó que la investigación se extienda a todos los estamentos de la Justicia.

Lamentan que no se acuda a las citaciones
El abogado Clímaco de la Peña aseguró que la negativa del fiscal Héctor Musi de comparecer ante el juez federal Felipe Terán, para que se aclaren algunas entregas de camionetas cuatro por cuatro secuestradas que serían irregulares, sólo genera más sospechas sobre la Justicia provincial.
"En su lugar, cualquier persona honrada hubiera preferido dejar en claro su inocencia y hubiera comparecido a la primera citación, antes de escudarse en inmunidades", afirmó el letrado. Los desaires a las citaciones judiciales, según el integrante del Grupo Alberdi, no son nuevos, lamentablemente. "En la investigación de casos de supuesta corrupción, José Alperovich (causa de la escuela Griet) y Jorge Lobo Aragón (caso de La Olla) se negaron a comparecer ante un juez y ante un fiscal, respectivamente. Y encontraron jueces que les dieran la razón", manifestó.
De la Peña recordó que el ex fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, debió calificar públicamente de quintas columnas a los jueces comprometidos con el poder.
"La descomposición de la Justicia Penal se manifiesta en el inusual hecho de que un grupo de dignos magistrados (por la Red Argentina de Justicia para la Democracia) debió pronunciarse contra las resistencias a colaborar, para diferenciarse de quienes opacaron la imagen del Poder Judicial", concluyó.

Magistrados se oponen a las generalizaciones
La Asociación de Magistrados de Tucumán advirtió que no se puede generalizar y utilizar el escándalo de las camionetas cuatro por cuatro -en el que está involucrado el fiscal Héctor Musi- para sacar conclusiones sobre el Poder Judicial en su conjunto.
"Se trata de un hecho concreto, que esperamos sea debidamente esclarecido con la sanción de los responsables mediante el irrestricto acatamiento a la ley, el respeto a la defensa en juicio y al debido proceso", afirmó el titular de la entidad, Augusto Avila.
Sean cuales fueran los resultados de la investigación de los hechos supuestamente delictivos, según el camarista, no se puede concluir que la Justicia afronta una crisis sistémica. "No hay elementos que hagan presumir la existencia de una serie enlazada de acciones con la finalidad de delinquir o contraria al comportamiento ético que debe imperar en la Justicia, y que comprometa la integridad y la dignidad del obrar del conjunto de los magistrados, funcionarios y empleados", dijo.
Avila aclaró que sería un error institucional hacer generalizaciones sobre las secuelas de esta situación. "La Corte Suprema y el Ministerio Fiscal tienen facultades para ejercitar los controles necesarios a fin de prevenir y sancionar los hechos que comprometen el normal funcionamiento de la Justicia", concluyó.