Por Redacción Política
24 Noviembre 2012
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Los agremiados a La Bancaria, acompañados por agrupaciones políticas y sociales, protestaron ayer por la mañana frente al acceso principal de la sede central de la Caja Popular de Ahorros (CPA). El reclamo está motivado en el uso que el Poder Ejecutivo le dio a los Fondos de Garantía de la Caja.
En el acto, el dirigente bancario Carlos Cisneros anunció que el viernes próximo se realizará un paro en todas las sucursales de la CPA. Por la protesta se cortó el tránsito en San Martín al 400, frente a la plaza Independencia. Además de Cisneros, en el palco estuvieron el secretario general de La Bancaria, Eduardo Bourlé, y otros dirigentes políticos. Las críticas apuntaron, principalmente, al gobernador José Alperovich y al interventor de la CPA, Armando "Cacho" Cortalezzi. Aunque también hubo mensajes para la senadora nacional Beatriz Rojkés de Alperovich.
"El gobernador quiere hacer desaparecer esta institución porque es testigo de todos los manejos que hizo junto con su esposa. Podemos enumerar las causas: la Fundación Pibe, los bonos mellizos y el préstamo al Banco Noar", acusó Cisneros.
Dentro del reclamo de La Bancaria, también se incluyó la denuncia por agresiones y amenazas en perjuicio de los empleados CPA por parte de, presuntamente, patovicas y punteras políticas que pertenecerían al sector de Cortalezzi.
Estas acusaciones ya habían sido desestimadas por el interventor, pero Cisneros señaló que hubo presentaciones legales por estos hechos. "Denunciamos al jefe del destacamento policial de la Caja, que se negó a tomar una denuncia luego de que dos mecheras del interventor que agredieron a una compañera", puntualizó el sindicalista opositor al Gobierno.
En este marco, explicó que ayer fueron notificados de una resolución que, según Cisneros, los favoreció. "La Justicia de Tucumán se está desatando las manos. Hoy (por ayer) recibimos un fallo favorable por unos traslados que los personeros de Alperovich habían hecho contra nuestros delegados gremiales", afirmó.
El duro enfrentamiento entre el Gobierno y los dirigentes de la CPA se recrudeció luego en Octubre, cuando el alperovichismo se valió de su amplia mayoría en la Legislatura para aprobar una ley que le permitió al Poder Ejecutivo (PE) tomar unos $ 172 millones del Fondo de Garantía de la Caja, a cambio de Letras de Tesorería de la Provincia.
Por esta operativa financiera, La Bancaria denunció penalmente al ex interventor, Eduardo El Eter, que firmó el convenio con el PE y que fue reemplazado a fines de ese mes por Cortalezzi. Según la norma, el Ejecutivo debe devolver los fondos antes de fin de año. Aunque la disputa, al parecer, continuará.
En el acto, el dirigente bancario Carlos Cisneros anunció que el viernes próximo se realizará un paro en todas las sucursales de la CPA. Por la protesta se cortó el tránsito en San Martín al 400, frente a la plaza Independencia. Además de Cisneros, en el palco estuvieron el secretario general de La Bancaria, Eduardo Bourlé, y otros dirigentes políticos. Las críticas apuntaron, principalmente, al gobernador José Alperovich y al interventor de la CPA, Armando "Cacho" Cortalezzi. Aunque también hubo mensajes para la senadora nacional Beatriz Rojkés de Alperovich.
"El gobernador quiere hacer desaparecer esta institución porque es testigo de todos los manejos que hizo junto con su esposa. Podemos enumerar las causas: la Fundación Pibe, los bonos mellizos y el préstamo al Banco Noar", acusó Cisneros.
Dentro del reclamo de La Bancaria, también se incluyó la denuncia por agresiones y amenazas en perjuicio de los empleados CPA por parte de, presuntamente, patovicas y punteras políticas que pertenecerían al sector de Cortalezzi.
Estas acusaciones ya habían sido desestimadas por el interventor, pero Cisneros señaló que hubo presentaciones legales por estos hechos. "Denunciamos al jefe del destacamento policial de la Caja, que se negó a tomar una denuncia luego de que dos mecheras del interventor que agredieron a una compañera", puntualizó el sindicalista opositor al Gobierno.
En este marco, explicó que ayer fueron notificados de una resolución que, según Cisneros, los favoreció. "La Justicia de Tucumán se está desatando las manos. Hoy (por ayer) recibimos un fallo favorable por unos traslados que los personeros de Alperovich habían hecho contra nuestros delegados gremiales", afirmó.
El duro enfrentamiento entre el Gobierno y los dirigentes de la CPA se recrudeció luego en Octubre, cuando el alperovichismo se valió de su amplia mayoría en la Legislatura para aprobar una ley que le permitió al Poder Ejecutivo (PE) tomar unos $ 172 millones del Fondo de Garantía de la Caja, a cambio de Letras de Tesorería de la Provincia.
Por esta operativa financiera, La Bancaria denunció penalmente al ex interventor, Eduardo El Eter, que firmó el convenio con el PE y que fue reemplazado a fines de ese mes por Cortalezzi. Según la norma, el Ejecutivo debe devolver los fondos antes de fin de año. Aunque la disputa, al parecer, continuará.
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