Cuando Néstor Kirchner supo que gobernaría el país, sus más inmediatos colaboradores decían que la primera medida de la gestión debía ser la concentración del poder. Así, el santacruceño fue forjando sus primeros pasos al frente de la Presidencia de la Nación, apelando a la opinión pública como su principal escudo ante las críticas de la oposición política.
En Tucumán, el equipo de trabajo del gobernador electo José Alperovich trata de imitar el "estilo K" para emprender sus acciones sin la resistencia de los sectores sindicales o políticos. Pero las pretensiones de Alperovich chocan con una realidad. El mandatario electo cuenta con el apoyo presidencial, pero aún es resistido en la estructura que lo llevó a la victoria electoral el 29 de junio pasado. El Partido Justicialista no está enamorado del hombre que eligió Julio Miranda para sucederlo.
Hay algunos dirigentes que afirman que Alperovich tendrá margen de acción hasta marzo próximo. Hasta entonces, el gobernador electo tendrá tiempo para instrumentar el paquete de leyes que elaboran sus técnicos. Entre otras son:
La reforma constitucional: la vieja aspiración mirandista se reflotará con Alperovich. Una de las ideas es cambiar la estructura del Ejecutivo, incorporando nuevos ministerios; como por ejemplo Seguridad y el retorno de Producción y Trabajo.
La reforma tributaria: con esta medida, la nueva gestión intentará afianzar la presión fiscal para obligar a los morosos a abonar viejos impuestos y controlar la mercadería que ingresa en forma ilegal a la provincia. También se buscaría eliminar algunos impuestos distorsivos (Sellos, por ejemplo).
Redistribución del personal estatal: hay dos áreas en las que el nuevo gobierno concentrará sus acciones: salud y educación. Se diseña un plan para que los médicos y los docentes justifiquen la tarea por la cual el Estado los remunera en toda la provincia. Además, se pretende la incorporación de los beneficiarios del plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados al plan de obras públicas.
Emergencia Económica: la actual ley vencerá el 31 de diciembre. Alperovich quiere tener un paraguas jurídico que proteja las cuentas fiscales más allá de ese plazo y que su prórroga sea automática.
Decretos de necesidad y urgencia: la intención es que esos instrumentos se conviertan en ley, más allá de la convalidación de la Legislatura.
Tickets solidarios: la nueva gestión no está dispuesta a prescindir de ese medio de pago que genera un ahorro mensual de $ 6 millones. La idea es que se convalide la vigencia de los vales para abonar parte del salario estatal por más de dos años.
Refinanciación de deudas: más allá del canje del endeudamiento público por un bono nacional, el nuevo gobierno quiere extender el plazo de pago de otros pasivos; en su mayoría, créditos otorgados por la Nación para atender el déficit fiscal. Quedará pendiente el pago de los $ 406 millones que Tucumán adeuda a los organismos multilaterales (Banco Mundial y BID). Esos compromisos dependerán de las negociaciones que efectúe la Nación con esas entidades internacionales.
Intervención a municipios: esta medida será resistida por los legisladores. Alperovich quiere que su aprobación legislativa se haga por simple mayoría y no por los dos tercios de los miembros del cuerpo. Muchos opinan que esta acción está dirigida hacia aquellos intendentes que no profesan la ideología peronista (la capital, por ejemplo). Las posibles autoridades de la nueva Cámara afirman que Alperovich tendrá facultades para aplicar el "paquetazo". No obstante, aclaran que será el gobernador electo quien capitalizará los aciertos, pero quien pagará también el costo político de sus polémicas decisiones.
