Rebeldía contra el bien común

Hace poco más de una semana el presidente Kirchner manifestó que su Gobierno está empeñado en seguir una estrategia de contención en el orden social, puntualizando con relación a los cortes de rutas y calles que han de terminar maduramente, comprendiéndose que no deben ser afectados otros sectores de la sociedad.
La respuesta a ese llamado a la buena voluntad ha sido la reiteración de tales hechos, demandando soluciones para los sectores más castigados por la crisis, cuya legitimidad es innegable, pero excediendo gravemente una vez más el derecho a peticionar.
A tales comportamientos se han sumado en dichas oportunidades declaraciones pretendidamente justificatorias de dirigentes piqueteros, en las que no sólo advierten que proseguirán con los cortes de tránsito mientras perduren los efectos de la crisis, sino que rechazan decisiones gubernamentales, entre otras, la firma del acuerdo con el Fondo Monetario.
Uno de esos dirigentes -Néstor Pitrola, del Polo Obrero- llegó a manifestar: "pensar que van a cesar las protestas me parece una ingenuidad". Otro -Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa- expresó que no cortan las rutas por jugar, pero que la pretensión de fijar el déficit presupuestario en 3% no promete un trabajo genuino.
Los hay también groseramente contradictorios, como Raúl Castells, quien, al impedir con su piquete el cobro de peajes en una autopista del Gran Buenos Aires, lo hizo invocando la libertad de circular "impedida por empresas mafiosas", provocando a la vez el corte de la ruta mientras se refería a los tres años de pena que por tales conductas establece el Código Penal.
Ni las mesuradas advertencias del Presidente, ni el hecho de que las autoridades sigan manteniendo el diálogo con los sectores de piqueteros más intransigentes -como han reconocido ellos mismos en esas ocasiones- parecen ser suficientes para poner fin a esa modalidad de protesta que, como bien se dijo en tal ocasión, tienen un claro rango delictivo.
No se trata de impedir un derecho tan legítimo como el de peticionar, sino de ejercerlo de tal forma que no dañe un interés superior, como es el de la gran mayoría de quienes deben acudir forzosamente a cumplir con sus deberes laborales, o atender necesidades impostergables de naturaleza múltiple, desde la seguridad a la salud. Son múltiples las formas con que la protesta justa y fundada puede llevarse a cabo, incluso reiteradamente, sin causar un daño mayor que el invocado para ejercerla.
Así acontece en el caso de otros hechos, donde no se pierden de vista los intereses de terceros, demostrándose con ello un adecuado sentido de la convivencia y del derecho ajeno, valor fundamental de la sociedad democrática.
No lo entienden así esos líderes absolutistas de la discordia, como el que amenazó con defender sus intereses "a los tiros", pero que a la hora de las urnas tan sólo cosechan en ellas unas pocas décimas de oscuras solidaridades.
No es posible el restablecimiento del orden jurídico requerido por la convivencia social, mientras haya dirigentes que se sientan con derecho a condicionar la aplicación de las normas más elementales. Esa clase de violencia es la más grave que se puede ejercer contra los intereses generales, por lo que no es aceptable su tolerancia.
Es de esperar que más allá de la moderación demostrada por el Presidente de la Nación al referirse a tales abusos, esté presente el principio de autoridad, sin el cual se torna ilusoria la defensa del bien común.