Por Redacción Política
19 Septiembre 2003
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El intendente electo de esta capital, Antonio Bussi, está dispuesto a concurrir a la Justicia Federal si lo cita a declarar como imputado en algunas de las causas por violaciones a los derechos humanos durante el Proceso.
"Mi padre está dispuesto, pero desde siempre. Por supuesto que se presentaría; además, es una obligación de todo ciudadano responder a los requerimientos de la Justicia. El lo hace desde 1983", aseguró el diputado nacional Ricardo Bussi. Como sucedió cuando el juez español Baltasar Garzón solicitó la extradición del ex gobernador, el legislador sigue pensando que la reapertura de causas vinculadas al Proceso forma parte de una campaña de distracción montada por la administración de Néstor Kirchner.
"Esto de que miremos hacia atrás es una maniobra, tal como se infiere de los números del proyecto de presupuesto, que requiere de fuertes subas tarifarias para cumplirse. Pretenden llevarnos al pasado para que nos olvidemos de lo difícil que se ha vuelto vivir en este presente", dijo.
Sólo una jugada política explica, según Bussi (h), el impulso que tomaron algunas causas, como la investigación que el ex diputado nacional justicialista Rodolfo Vargas Aignasse solicitó al juez federal Jorge Parache por la desaparición de su hermano, Guillermo Vargas Aignasse, en 1976.
"Sorprende que tomen este impulso ahora, cuando pudieron hacerlo hace 20 años. Ocurre que, con Kirchner, encontraron el campo propicio", aseguró. ¿Pero es que antes no podían hacerlo por la vigencia de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida?, le preguntó LA GACETA. "Ahora tampoco pueden hacerlo. Esas normas ya produjeron sus efectos. Por más que el Congreso las haya anulado, una disposición penal no puede aplicarse de forma retroactiva", respondió.
Ayer se conoció otro planteo en contra de Bussi. Tres organismos de derechos humanos requirieron al juez federal porteño Sergio Torres que detenga al titular de FR, junto a otros 112 militares retirados, por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la década de 1970 en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
"Mi padre está dispuesto, pero desde siempre. Por supuesto que se presentaría; además, es una obligación de todo ciudadano responder a los requerimientos de la Justicia. El lo hace desde 1983", aseguró el diputado nacional Ricardo Bussi. Como sucedió cuando el juez español Baltasar Garzón solicitó la extradición del ex gobernador, el legislador sigue pensando que la reapertura de causas vinculadas al Proceso forma parte de una campaña de distracción montada por la administración de Néstor Kirchner.
"Esto de que miremos hacia atrás es una maniobra, tal como se infiere de los números del proyecto de presupuesto, que requiere de fuertes subas tarifarias para cumplirse. Pretenden llevarnos al pasado para que nos olvidemos de lo difícil que se ha vuelto vivir en este presente", dijo.
Sólo una jugada política explica, según Bussi (h), el impulso que tomaron algunas causas, como la investigación que el ex diputado nacional justicialista Rodolfo Vargas Aignasse solicitó al juez federal Jorge Parache por la desaparición de su hermano, Guillermo Vargas Aignasse, en 1976.
"Sorprende que tomen este impulso ahora, cuando pudieron hacerlo hace 20 años. Ocurre que, con Kirchner, encontraron el campo propicio", aseguró. ¿Pero es que antes no podían hacerlo por la vigencia de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida?, le preguntó LA GACETA. "Ahora tampoco pueden hacerlo. Esas normas ya produjeron sus efectos. Por más que el Congreso las haya anulado, una disposición penal no puede aplicarse de forma retroactiva", respondió.
Ayer se conoció otro planteo en contra de Bussi. Tres organismos de derechos humanos requirieron al juez federal porteño Sergio Torres que detenga al titular de FR, junto a otros 112 militares retirados, por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la década de 1970 en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
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