La UNT se abroqueló en defensa de una comisión que monitorea YMAD

Un aire solemne, mezcla de indignación y de ansias de repudio, sobrevoló los primeros minutos de la sesión del Consejo Superior. El rector, Juan Alberto Cerisola, presentó un proyecto de resolución para desagraviar a los miembros de la comisión que entiende en lo referente al accionar de la empresa estatal Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) y de las controladas por esta firma, socia de La Alumbrera. El equipo -integrado por Silvia Guillén, María Lucca de Magariños, Adriana Sales, Mario Alderete, Adolfo Gutiérrez, Magdalena Ricco y Estela Freidenberg- había sido denunciado por abuso de autoridad ante la Justicia federal por Ramón Eudal y por Eduardo Ruiz Pesce.
Según estos, la comisión no habría considerado en su primer informe ante el Consejo un documento de 2009, firmado por los ex representantes de UNT ante YMAD Mario Marigliano y Rodolfo Campero, que daría cuenta de que los valores de contaminación sobre el volcado de La Alumbrera en el canal DP2 son muy superiores a los límites que marca la Ley 24.051 (de Residuos Peligrosos). Agregaron que el informe del grupo se funda en legislación jerárquicamente inferior a esta ley cuando señala que el emprendimiento megaminero sí atiende normas ambientales y de higiene y seguridad laboral: "oculta de modo culposo o necio que los valores de contaminación permitidos son los de la nula y viciada legislación provincial". Casi la totalidad de los consejeros rechazó las imputaciones.
"Entiendo que se agravió a un grupo distinguido de docentes de la UNT. Pido el más categórico rechazo, en cuanto se persigue mancillar el buen nombre de estos profesionales y de la UNT", señaló el rector. Y propuso ratificar el aval y la confianza a la comisión y manifestar el desagrado por la acción de los denunciantes. A sus dichos se sumó la lectura, por parte de la secretaria Académica, Susana Maidana, de resoluciones de los consejos directivos de las facultades de Agronomía, de Bioquímica, de Ciencias Exactas y de Medicina, y una nota del decano de Ciencias Naturales, Ricardo Mon: todos textos de apoyo a los integrantes de la comisión y a lo actuado por ellos.
"Estas personas debieron explicarles a sus hijos por qué su nombre aparecía envuelto en una denuncia penal. Me pongo en su piel; no sólo hay que repudiar la denuncia, sino también lamentarla", afirmó el decano de Medicina, Mateo Martínez. "Estamos ante terrorismo verbal; quiero expresar mi indignación ante esta violencia moral", arremetió el consejero Daniel Campi, en referencia a la denuncia.
El consejero estudiantil Facundo Arias (Movimiento Sur) fue el único que votó en contra de la propuesta de Cerisola. "Que (Eudal y Ruiz Pesce) hayan acudido a la Justicia no es un agravio, sino un hecho que busca abrir el debate. Cada vez que se habla en contra del proyecto minero no se busca manchar una persona o la UNT, sino impulsar el debate. Están en su derecho de ir a la Justicia; hay que esperar la respuesta de esta", dijo Arias. El consejero Ernesto Wayar se abstuvo, debido a que es vocal de la Cámara Federal de Apelaciones. "Ruego que la excusación no sea interpretada como disidencia", pidió.
Fondos para relevamiento
Otro punto que exacerbó la seriedad tuvo que ver con la dilatada rendición de gastos, por parte de la UNT, al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En 2009, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) giró a la UNT más de $ 1,1 millón, para que se realice un relevamiento de comunidades indígenas de Tucumán. En 2010 se rescindió el convenio, de común acuerdo. La UNT envió rendiciones que fueron rechazadas.
En especial, el Ministerio cuestiona el modo en que se rindieron más de $ 300.000, que se destinaron al pago de los docentes que trabajaron en el proyecto mientras regía. Por unanimidad -salvo la abstención de Wayar, por motivos similares a su anterior excusación- se aprobó que sólo esa parte del informe sea analizada por la comisión de Hacienda del cuerpo, con el pedido de pronto despacho.