La auditoría del PAMI

Hemos informado que, por orden del Ejecutivo Nacional, se había dispuesto realizar una auditoría en la filial local del PAMI, medida que se puso en marcha al asumir el nuevo interventor. De acuerdo con esa auditoría, hay un monto de 21,4 millones de pesos del cual todavía no se ha rendido cuentas, y que corresponde al período que va desde junio de 2002 hasta abril del corriente año. De más está decir que una falla de esa índole se encuentra en franca colisión con explícitas y harto conocidas normas legales y administrativas.
Además se subraya, como una seria irregularidad, el incumplimiento sistemático de las empresas médicas que prestan servicios al organismo. Eso coloca en situación difícil al PAMI, ya que le produce grandes erogaciones extras, desde que se ve obligado a derivar la atención a otros prestadores.
Es un caso, según los auditores, que debiera ser excepcional, pero que ha terminado por transformarse en algo crónico. Según el informe, se desarrolla "en el marco de rutinas informales que carecen de todo sustento normativo, debilitando la situación jurídica del PAMI y la calidad de sus prestaciones". De acuerdo con la auditoría, la filial de Tucumán adeuda las rendiciones de cuentas por el período apuntado al comienzo.
Uno de los responsables anteriores, se defendió diciendo que el atraso en dichas rendiciones dista de ser una cuestión nueva, y que viene desde muchos años atrás. Afirmó que, a comienzos del año pasado, el rubro estaba en mora desde la presidencia de De la Rúa. Sin embargo, la auditoría se realizó en un período preciso y no menciona ejercicios anteriores.Es conocido que, en materia de acreditar el manejo de fondos, no hay posibilidad para ensayar demasiadas teorías. De cada suma que se haya gastado, por pequeño que sea su total, debe existir el correspondiente comprobante extendido en legal forma, en cualquier época. De modo que una investigación sobre este asunto debe arrojar resultados claros y concretos a muy breve plazo y, con ello, será posible establecer las responsabilidades que pudieran haber existido en los funcionarios, obligados, como todos, a encuadrar su gestión dentro de las prescripciones legales.
Está de más decir que estamos hablando de una suma significativa, como es la de 21,4 millones de pesos. Ello hace imprescindible que, sin pérdida de tiempo, la cuestión quede debidamente esclarecida. Así lo requieren no solamente las normas que rigen todo movimiento de dinero dentro de las reparticiones estatales. También, el contundente imperativo de poner orden en las finanzas de un organismo tan cuestionado -y desde tantos ángulos- como lo es la obra social de los jubilados. Se trata, entonces, de algo que es necesario definir con premura. Lograrlo significaría dar un sensible paso adelante en una temática cuyas oscuridades han suscitado reiteradamente nuestro comentario crítico. De más está decir que tener los papeles contables al día, a pesar de la gran importancia que ello reviste, dista de constituir la única modificación deseable en el funcionamiento del organismo de referencia.
La intervención del PAMI, dispuesta por el PEN a poco de su instalación, suponemos que tiene por objeto convertir a la obra social de los jubilados en lo que verdaderamente debía ser. Es decir, en un departamento que cumpla con eficacia las finalidades que tiene y en el cual se cancele, definitivamente, esa atmósfera de irregularidad y descrédito permanente que lo ha caracterizado durante estos últimos años, según es por todos conocido. Varias veces hemos insistido sobre el particular. Toda medida que se adopte en dicha dirección debe considerarse tan conveniente como bienvenida.