Investigan si los dos inspectores tenían conexiones

El cuerpo de la causa judicial que se originó por una denuncia contra dos inspectores municipales comenzó a sumar más expedientes.

El fiscal de la Vª Nominación, Washington Navarro Dávila, citó como testigo al titular de la Dirección de Producción y Saneamiento (Dipsa), Miguel Ángel Molins, para que entregue documentación relacionada a la investigación, según informaron fuentes judiciales.

El funcionario judicial le solicitó al ex director de Tránsito municipal una carpeta con expedientes de la repartición. Navarro Dávila busca establecer si los dos agentes de la repartición que fueron denunciados penalmente por una presunta estafa en contra del municipio y de una distribuidora mayorista, podrían tener conexiones con empleados de otras reparticiones, fundamentalmente con la Dirección de Ingresos Municipales. Según fuentes judiciales, Navarro Dávila le solicitó a Molins que le brinde un detalle del circuito administrativo de los expedientes. Es decir, cómo se originan y cómo llegan a su destino final dentro de la Dipsa.

El intendente, Domingo Amaya, también concurrió a la Fiscalía Vª esta semana. El jefe municipal asistió el martes por la tarde. Durante la reunión, que se extendió por casi media hora, Amaya se comprometió a brindar toda la documentación que sea requerida. Navarro Dávila le pidió la información fiscal del contribuyente que habría sido estafado por los dos inspectores (ya fueron separados por 60 días de sus cargos).

Los municipales están sospechados de gestionar -presuntamente- el cobro de tributos que nunca ingresaron a las arcas municipales. La semana pasada, Navarro Dávila había ordenado una requisa en las oficinas de la Dipsa en busca de material probatorio para la investigación, pero el resultado fue negativo. También ordenó el cruce de las llamadas que habrían realizado entre sí los empleados y el gerente de la empresa mayorista. Además, instruyó a sus colaboradores para que investiguen el patrimonio de los municipales denunciados, ya que -según comentarios- los agentes sospechados concurrían a trabajar en camionetas 4x4.

Paralelamente, el fiscal busca establecer si los inspectores tendrían también alguna conexión con los empleados de la entidad bancaria que libró el pago de un cheque, pero cuyo dinero nunca ingresó a la Municipalidad de la capital.

El concejal radical José Luis Avignone solicitó al intendente Amaya que envíe al Concejo Deliberante un cuadro de situación de la polémica. "Cómo es posible que recién la Municipalidad y el comerciante se hayan dado cuenta de esta situación irregular", se preguntó el opositor. El edil le recordó a Amaya que el 13 de julio le solicitó por escrito un informe sobre el estado procesal de los juicios que la Municipalidad mantiene con una docena de empresas, entre ellas, la presunta estafada. Sin embargo, hasta ahora no obtuvo ninguna respuesta.