Investigan pérdidas por el uso de la caja única

Las operaciones de canje automático a Bonos de Cancelación de Deudas (Bocade) de los fondos nacionales que ingresaban al erario en efectivo están en la lupa. El mecanismo, que se hacía mediante la derogada Caja Unica, podría transformarse en el último dolor de cabeza de Julio Miranda y en el primero de su sucesor, José Alperovich.
El fiscal federal Carlos Brito diseña la etapa inicial de la investigación sobre el manejo de las cuentas de 2002 del Programa de Emergencia Alimentaria (PEA), en la cual determinará la pérdida concreta del valor adquisitivo por el cambio de moneda. Este hecho podría configurar malversación de caudales públicos, pero el funcionario judicial también quiere determinar si se incurrió en presunta defraudación en perjuicio de la administración o en negociaciones incompatibles con la función pública.
La Nación, mediante el decreto nacional 108/02 -que habilita la competencia federal para la pesquisa-, exigió a Tucumán la intangibilidad de la moneda utilizada para el programa.
Brito analiza la documentación aportada por los gobiernos federal y provincial, por los bancos de la Nación y del Tucumán, y el informe de Gendarmería sobre la cotización de los bonos día por día, en el período crítico de desagio. Ante la ausencia de una institución oficial que centralice los datos, los gendarmes recabaron las cifras publicadas en la prensa.
La semana pasada, la empresa Luncheon Tickets le acercó al fiscal tres cd-rom y voluminosa documentación en papel sobre la relación que mantuvo con el Gobierno en la atención del PEA. Aquella incluye el listado con los 44.000 beneficiarios que debían percibir, cada uno, vales por $ 25.
El fiscal solicitaría al juez Felipe Terán que cite a declaración indagatoria a todos los responsables del manejo de los fondos. Esta medida rozaría a personas de la íntima confianza de Miranda y de Alperovich, quienes, además, impulsaron la creación de la polémica Caja Unica.

Aportes a escuelas
La investigación incluye también los aportes a los colegios y escuelas transferidas por la Nación. Los fondos llegaban en efectivo y eran entregados en bonos. Sin embargo, cada vez que se debían hacer aportes al Estado, a las obras sociales o al sistema jubilatorio sólo se aceptaba efectivo. Esto obligaba a recurrir a las casas de cambio.
El fiscal federal general Antonio Gómez tiene un detallado informe de la directora del Colegio de la Merced, Berta Povalej, sobre la operatoria. "Entre 2002 y 2003, por el cambio de bonos a efectivo, el colegio perdió $ 67.500 en las cuevas atendidas por los testaferros del Gobierno provincial", afirmó. Brindó, además, los nombres de los seis empleados autorizados a efectuar los depósitos en la Caja Unica.