17 Septiembre 2003 Seguir en 
La moderación ha sido tendencia ampliamente dominante de la sociedad argentina en los recientes comicios, como lo fue en los precedentes del prolongado calendario electoral. Moderación que supera los viejos conceptos hostiles de la izquierda y de la derecha como factores de intolerancia política. Los mayores distritos han sido en ese orden los más testimoniales de que el discurso y los gestos radicalizados continúan siendo en nuestro país manifestaciones marginales de la expresión democrática. La ciudadanía ha tenido múltiples opciones, pero masivamente ha eludido las promotoras de soluciones imposibles, más próximas a la violencia y al desconocimiento de los derechos ajenos que conspiran contra la vida en común. El análisis de los escrutinios -especialmente de los mayores distritos- revela algunas circunstancias fundamentales para advertir no sólo la tendencia señalada, sino otras no menos reveladoras de que la sociedad que está emergiendo de la crisis es, por muchas razones, diferente de la que fue sumergida en ella por el fracaso de sus clases dirigentes políticas y sociales. Al mínimo porcentaje de votos de los predicadores de la violencia en comunidades donde los índices de desempleo y pobreza son más graves, debe agregarse el elevado nivel de ausentismo en las urnas y votos en blanco, que representan alrededor del 30% del padrón total. No sólo se trata de una abstención superior a los últimos comicios presidenciales, sino que supera a todas las precedentes desde la restauración democrática.
El índice máximo se registró en la provincia de Buenos Aires, donde el Partido Justicialista ostenta su mayor poderío. En Santa Cruz, distrito paradigmático del nuevo escenario político nacional, no concurrió a las urnas el 35,6%. Panorama semejante se observa en el resto de las provincias y ligeramente inferior en la Capital Federal. Es decir que a los mínimos niveles de los sectores marginales, se agrega un desinterés manifiesto en la mayoría de los casos donde las listas sábana han impuesto una vez más a representantes de la vieja política. Testimonio singular ha sido el del distrito bonaerense, donde en la lista de diputados nacionales que obtuvo la mayoría con menos votos que el candidato a gobernador, figuran cuatro ministros del ex presidente Duhalde, que se mantuvieron ausentes de las campañas para evitar rechazos públicos. El propio gobernador reelecto, Felipe Solá, confesó que él no los habría nominado. La lealtad -manifestó la señora de Duhalde, cabeza de la respectiva lista sábana- ha sido el factor valorable para esas inclusiones. Valor máximo que en la vieja política de cotos cerrados supera en demasiadas ocasiones a los de idoneidad, no sólo técnica sino ética y moral.
Una vez más, como un lugar común que es imposible eludir, los recientes resultados electorales del domingo plantean inexorablemente la necesidad de una reforma del régimen legal representativo y de partidos. Al hastío de la ciudadanía expresado de diferentes formas y especialmente mediante la abstención creciente que contrasta con la obligatoriedad del sufragio, se agrega la persistencia de la clase política en los métodos de selección cerrada de los representantes. Un régimen estructuralmente corrupto que permite armar aparatos y ponerlos al servicio de la perduración de logias y dirigentes, como ha podido advertirse nuevamente. Si como bien sostiene el presidente Kirchner, rescatar a la República de la crisis es prioritariamente una acción política sin compromisos espurios, su decisión primaria no puede ser otra que poner en marcha la depuración del sistema representativo, para recuperar su transparencia y la eficiente gestión de los intereses generales.
El índice máximo se registró en la provincia de Buenos Aires, donde el Partido Justicialista ostenta su mayor poderío. En Santa Cruz, distrito paradigmático del nuevo escenario político nacional, no concurrió a las urnas el 35,6%. Panorama semejante se observa en el resto de las provincias y ligeramente inferior en la Capital Federal. Es decir que a los mínimos niveles de los sectores marginales, se agrega un desinterés manifiesto en la mayoría de los casos donde las listas sábana han impuesto una vez más a representantes de la vieja política. Testimonio singular ha sido el del distrito bonaerense, donde en la lista de diputados nacionales que obtuvo la mayoría con menos votos que el candidato a gobernador, figuran cuatro ministros del ex presidente Duhalde, que se mantuvieron ausentes de las campañas para evitar rechazos públicos. El propio gobernador reelecto, Felipe Solá, confesó que él no los habría nominado. La lealtad -manifestó la señora de Duhalde, cabeza de la respectiva lista sábana- ha sido el factor valorable para esas inclusiones. Valor máximo que en la vieja política de cotos cerrados supera en demasiadas ocasiones a los de idoneidad, no sólo técnica sino ética y moral.
Una vez más, como un lugar común que es imposible eludir, los recientes resultados electorales del domingo plantean inexorablemente la necesidad de una reforma del régimen legal representativo y de partidos. Al hastío de la ciudadanía expresado de diferentes formas y especialmente mediante la abstención creciente que contrasta con la obligatoriedad del sufragio, se agrega la persistencia de la clase política en los métodos de selección cerrada de los representantes. Un régimen estructuralmente corrupto que permite armar aparatos y ponerlos al servicio de la perduración de logias y dirigentes, como ha podido advertirse nuevamente. Si como bien sostiene el presidente Kirchner, rescatar a la República de la crisis es prioritariamente una acción política sin compromisos espurios, su decisión primaria no puede ser otra que poner en marcha la depuración del sistema representativo, para recuperar su transparencia y la eficiente gestión de los intereses generales.







