Los legisladores de la oposición criticaron la decisión de sus pares de aprobar, anoche, una ley por la que el Poder Ejecutivo (PE) beneficiará económicamente -y por cuatro años- a una empresa foránea que se instalará en Tucumán. Según afirmaron, el Gobierno busca favorecer "a empresas amigas", tal como ocurrió con la instalación de los call centers, a costa de perjudicar a los contribuyentes tucumanos.
Con el voto positivo de 32 legisladores oficialistas, la Cámara habilitó al PE a que se le otorgue a la firma Intraway Corporation SRL (produce software informático), con oficinas en Buenos Aires, un subsidio mensual equivalente al 30% de la suma de todas las retribuciones brutas de hasta $ 5.000 que abone a cada uno de los empleados.
El alperovichista y titular de la comisión de Hacienda, Ramiro González Navarro, fue el encargado de explicar los beneficios de la norma. Posteriormente, la radical Silvia Elías de Pérez cuestionó con dureza la normativa. "Para nada me convence que esta empresa quiera beneficiar a Tucumán. Al contrario, me parece que Tucumán es la que quiere beneficiar a esta empresa", criticó la parlamentaria. Luego dijo que la Provincia castiga a los contribuyentes con aumentos en los impuestos "y paralelamente beneficia a empresas foráneas". "Hubo tres incrementos (impositivos) en un año. Se castiga al contribuyente y se beneficia con plata de los tucumanos a empresas extranjeras. Además, le quieren dar cuatro años de estabilidad a esta empresa y a los tucumanos les cambiaron tres veces la reglas de juego en un año", fustigó.
"Coreanos"Ricardo Bussi (FR) calificó de "sospechosa" a la iniciativa. "Es sospechoso que se beneficie a determinadas firmas. ¿Sabemos quiénes son Intraway Corporation? ¿Conocemos su situación fiscal? Es sospechoso que se beneficie a una firma en particular y no se busque crear una nueva ley de promoción industrial. La que promovió (Fernando) Juri en su momento no prosperó porque es una ley transparente y beneficiaba al conjunto", destacó el republicano.
El representante de la Democracia Cristiana, José Páez, objetó que la empresa no haya sido elegida mediante un proceso de licitación. Al hablar de cifras, Páez dijo que la Provincia gastará $ 11 millones en el subsidio destinado a abonar el 30% de los salarios de unos 200 empleados, según precisó. "Esta empresa reside en Buenos Aires. No sabemos si traerán tres colectivos cargados de coreanos a trabajar (sic)", expresó.
Inmediatamente, el alperovichista González Navarro recogió el guante y fustigó los dichos de Páez. "No puedo dejar pasar las referencias discriminatorias y xenófobas del legislador preopinante (por Páez). Cualquier hermano extranjero tiene derecho a trabajar, a recibir asistencia médica y educación porque este es un país democrático", le respondió el ex funcionario del PE.
A su turno, el radical Federico Romano Norri se refirió a la vehemencia con que la iniciativa fue defendida por los oficialistas. "Defienden a la empresa como si fuera de ustedes", ironizó Romano Norri, sin dejar de mirar al alperovichista Guillermo Gassenbauer. El ex secretario de José Alperovich no tardó en contestarle. "Parece que todavía hay quienes no entienden el sentido del proyecto. No tienen idea lo que nos costó seducir a las empresas para que inviertan en Tucumán. Los convencimos de que en la provincia hay profesionales capacitados para este tipo de trabajos", explicó.
En el recinto
Incorporado.- Dante Loza, ex director del Registro Civil, asumió en lugar de Armando Cortalezzi, actual titular de la Caja Popular. El alperovichista, que llega tras la renuncia del cuestionado ex funcionario Miguel Brito a su postulación en esa lista, estuvo acompañado por una barra. La posible llegada del ex director de la Arquitectura y Urbanismo era resistida en el PJ. Ayer, Gerónimo Vargas Aignasse dijo que "hay una profunda náusea moral contra ese personaje". Además, en la comisión de Juicio Político, que integraba Cortalezzi, estará Roque Álvarez.
Educación Física.- Ayer, se aprobó la iniciativa elaborada por el legislador Raúl Hadla (PJ) para habilitar a los profesores de Educación Física a dictar clases sin la necesidad de estar matriculados en el Colegio que los nuclea. "La docencia tucumana siempre estuvo estructurada por el sistema educativo estatal, y no hace falta una colegiatura", aseveró Hadla. Además, sostuvo que docentes y representantes de gremios exigieron la ley. José Páez (DC) elaboró un dictamen de minoría solicitando el rechazo del proyecto. "Así como existe rechazo para abonar la matrícula del Colegio, supongo que ATEP no cobrará la cuota sindical", ironizó. La norma fue sancionada.
Denuncia grave.- La legisladora radical Silvia Elías agradeció el apoyo de los demás bloques, luego de que trascendiera que recibió amenazas de muerte por teléfono. Su correligionario, Ariel García, sostuvo que la Policía allanó la casa de unos familiares de él por una causa penal, y que tras el operativo los uniformados preguntaron si eran parientes del opositor. "¿Qué tenía que ver eso con la búsqueda de la verdad?", reclamó.
Sin cambios.- Los jefes de los bloques resolvieron no tratar por ahora el proyecto de ley que restringía la práctica de deportes en temperaturas mayores a 30º entre octubre y febrero.
Magistrados.- Se aprobaron los pliegos para magistrados de Marcela Fabiana Ruiz, María Dolores Cervera y Alberto Martín Acosta; José Ignacio Dantur; Alicia Valentina Ruiz de los Llanos (todos del Centro Judicial Capital); y Ana Carolina Cano (del Centro Judicial Concepción).
Ley de las 4 am.- El legislador macrista Alberto Colombres Garmendia pidió tratar sobre tablas un proyecto para modificar la ley de las 4 AM y habilitar a los bares y boliches a trabajar hasta las 6 AM. El PJ rechazó el debate de la iniciativa.
Dardos cruzados.- El legislador Ricardo Bussi (FR) atacó a la bancada del PJ, del que había recibido críticas, al igual que toda la oposición, hace dos sesiones, cuando resolvieron no asistir a la sesión del voto juvenil. Bussi afirmó que hubo gestiones en los 90 para que su padre, el entonces gobernador Antonio Bussi, incorporara a José Alperovich (en aquel tiempo era legislador de la UCR) como ministro de Economía. Al final, el fallecido represor no lo tuvo en su equipo por decisión del partido centenario, dijo el republicano. Ramón Graneros, ex UCR y actual PJ, desmintió a Bussi.
