Herrera archivó la causa por las supuestas irregularidades en los servicios adicionales
En agosto, hubo un revuelo en la fuerza por desplazamientos de comisarios que obligaban a hacer servicios extras en horario de trabajo. Víctor Lisandro, uno de los acusados, declaró que habían desplazado a 333 empleados y tuvieron que recargar al personal para cubrir las 400 paradas en el microcentro.
24 Octubre 2012 Seguir en 
A mediados de mayo hubo un revuelo en la Policía. En aquel momento, trascendió que personal de Patrulla Urbana realizaba servicios adicionales en horario de trabajo, por lo que no cumplían con sus puestos de vigilancia, y que los destinos habían sido dados por los jefes de la dependencia.
Semejante irregularidad había llegado a oídos del jefe de Policía, Jorge Racedo, que puso en conocimiento al Ministerio de Seguridad Ciudadana, y ordenó que se abriera una investigación que demandó alrededor de dos meses.
La primera medida que adoptó Racedo fue desplazar a los comisarios Víctor Lisandro y Manuel Sosa, jefe y subjefe de Patrulla Urbana en aquel entonces. En su lugar, designó al segundo jefe de la Regional Capital, Julio Vargas.
Según pudo conocer LA GACETA, los oficiales figuraban en los registros con su horario de entrada y la esquina que tenían asignada como parada, pero no constaba su salida. Fueron al menos cuatro los casos detectados en los que los policías afirmaron que sus jefes les ordenaban que cumplieran la jornada como servicio adicional.
Fuentes tribunalicias anunciaron aquella vez que al menos uno de los agentes involucrados en esta irregularidad habría denunciado a Lisandro en la Justicia, aduciendo que era obligado a cumplir otras tareas en su horario de trabajo. El jefe de Policía había dicho que el desplazamiento de los comisarios se realizó para evitar que entorpecieran la investigación.
En la Justicia
El sumario administrativo número 809, que había sido caratulado como "control de rutina al personal policial con servicio", llegó a manos del fiscal de Instrucción de la X° Nominación, Guillermo Herrera, quien citó a declarar a cuatro policías de la dependencia y a los comisarios Lisandro y Sosa.
Los empleados policiales Julio Afón, Gabriel Funes, Enzo Iñarra y Federico Rigazzio negaron la acusación contra sus ex jefes (ver "Lo que dijeronlos testigos...").
"El comisario (Víctor) Sánchez encontró en las actas que personal no se encontraba en las paradas correspondientes y pensó que se trataba de servicios adicionales pagados y no registrados", dijo Lisandro en su declaración ante Herrera. El comisario justificó la ausencia de los policías en su parada en la falta de personal. Dijo que 333 policías fueron trasladados a otras dependencias y no hubo reemplazos, por lo que las 400 paradas las cubrieron con el personal que quedó.
"Si hubiéramos actuado de la misma forma que hicieron con nosotros, tendríamos que haber llamado a la prensa y decir que la superioridad nos sacó los 333 efectivos y nos quedó todo el microcentro y el centro desprotegidos... pero como nosotros no somos de obrar de esa forma... tuvimos que ampliar las paradas con recargo de personal", se defendió Lisandro. "Fue más fácil armar todo esto, sacar en los diarios, ponernos a disponibilidad y manchar nuestra reputación", agregó. Sosa, por su parte, declaró en el mismo sentido.
El fiscal Herrera decidió archivar la causa, "ante la ausencia de elementos que demuestren la existencia de un delito".
Semejante irregularidad había llegado a oídos del jefe de Policía, Jorge Racedo, que puso en conocimiento al Ministerio de Seguridad Ciudadana, y ordenó que se abriera una investigación que demandó alrededor de dos meses.
La primera medida que adoptó Racedo fue desplazar a los comisarios Víctor Lisandro y Manuel Sosa, jefe y subjefe de Patrulla Urbana en aquel entonces. En su lugar, designó al segundo jefe de la Regional Capital, Julio Vargas.
Según pudo conocer LA GACETA, los oficiales figuraban en los registros con su horario de entrada y la esquina que tenían asignada como parada, pero no constaba su salida. Fueron al menos cuatro los casos detectados en los que los policías afirmaron que sus jefes les ordenaban que cumplieran la jornada como servicio adicional.
Fuentes tribunalicias anunciaron aquella vez que al menos uno de los agentes involucrados en esta irregularidad habría denunciado a Lisandro en la Justicia, aduciendo que era obligado a cumplir otras tareas en su horario de trabajo. El jefe de Policía había dicho que el desplazamiento de los comisarios se realizó para evitar que entorpecieran la investigación.
En la Justicia
El sumario administrativo número 809, que había sido caratulado como "control de rutina al personal policial con servicio", llegó a manos del fiscal de Instrucción de la X° Nominación, Guillermo Herrera, quien citó a declarar a cuatro policías de la dependencia y a los comisarios Lisandro y Sosa.
Los empleados policiales Julio Afón, Gabriel Funes, Enzo Iñarra y Federico Rigazzio negaron la acusación contra sus ex jefes (ver "Lo que dijeronlos testigos...").
"El comisario (Víctor) Sánchez encontró en las actas que personal no se encontraba en las paradas correspondientes y pensó que se trataba de servicios adicionales pagados y no registrados", dijo Lisandro en su declaración ante Herrera. El comisario justificó la ausencia de los policías en su parada en la falta de personal. Dijo que 333 policías fueron trasladados a otras dependencias y no hubo reemplazos, por lo que las 400 paradas las cubrieron con el personal que quedó.
"Si hubiéramos actuado de la misma forma que hicieron con nosotros, tendríamos que haber llamado a la prensa y decir que la superioridad nos sacó los 333 efectivos y nos quedó todo el microcentro y el centro desprotegidos... pero como nosotros no somos de obrar de esa forma... tuvimos que ampliar las paradas con recargo de personal", se defendió Lisandro. "Fue más fácil armar todo esto, sacar en los diarios, ponernos a disponibilidad y manchar nuestra reputación", agregó. Sosa, por su parte, declaró en el mismo sentido.
El fiscal Herrera decidió archivar la causa, "ante la ausencia de elementos que demuestren la existencia de un delito".
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