Investigan al delegado de Colombres, que debe justificar gastos por $ 4,45 millones
El ente de control inició un juicio de cuentas contra el comisionado rural Manuel Hernández y su secretario, Víctor Hugo Rodríguez. Los auditores detectaron nombramientos, compras y "ayudas sociales" que no estarían en sintonía con la ley de Comunas Rurales
ESPERANDO LA DEFINICIÓN. Este año, Hernández visitó en varias ocasiones el edificio del Tribunal de Cuentas para aclarar los números de la comuna. LA GACETA / FOTO DE EZEQUIEL LAZARTE
Nombramientos fuera de la ley. Compras y contrataciones directas sin autorización. Ayudas sociales excesivas. Una auditoría del Tribunal de Cuentas (TC) reveló una serie de posibles irregularidades administrativas en la comuna de Colombres, un pueblo situado al este de la capital, y puso en una incómoda situación al comisionado rural Manuel Hernández y a su secretario, Víctor Hugo Rodríguez. Los funcionarios deberán afrontar un juicio de cuentas para justificar gastos por $ 4,45 millones, según el acuerdo Nº 2.622 del ente de control.
A juzgar por el curso de este proceso, ajustar los números no será una tarea sencilla para el delegado y su hombre de confianza: desde mayo, cuando se abrió este expediente, sólo lograron regularizar $ 540.147. En esta nueva etapa el margen de acción se acota, ya que si no se ponen al día podrían afrontar graves sanciones administrativas.
Hernández, que es ingeniero civil, llegó a la jefatura de esa comuna rural tras los comicios de 1999. Cuatro años después, al estilo de los dirigentes "mellizos" de Famaillá, José y Enrique Orellana, Manuel le cedió la candidatura a su hermano, Miguel Hernández, que también ganó las elecciones. En 2007 volvieron a hacer el "enroque"; otra vez se impuso el ingeniero, reelegido en 2011 con el 52% de los votos.
En estos 13 años al frente de la administración del pueblo, los hermanos Hernández han recibido informes contables negativos del ente de control por su forma de manejar los recursos. Manuel fue apercibido en 2005 y en 2010; y Miguel -hoy asesor del ministerio del Interior, que conduce Osvaldo Jaldo- fue sancionado, también en 2005, con el pago de dos sueldos de ese cargo.
El destino de los fondos
Las comunas rurales están obligadas a rendir gastos cada dos meses, según lo establece la ley orgánica de Comunas Rurales (ley Nº 7.350). El 23 de mayo, el ente a cargo de Miguel Chaibén Terraf (presidente), Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal (vocales) abrió un expediente para iniciar un sumario de cuentas contra Manuel Hernández y su secretario, que tenían 48 horas para regularizar erogaciones por casi $ 5 millones. Hace 13 días, el ente de control ratificó el avance del proceso al iniciar un juicio de cuentas. Habían pasado 2.808 horas desde la intimación inicial, y los funcionarios sólo habían justificado el 10% del monto.
¿En qué gastó la comuna de Colombres los $ 4,45 millones restantes?
El departamento de Rendición de Cuentas del TC enumeró cuatro categorías; en todas detectó que "se tipifican incumplimientos" a la ley Nº 7.350.
El primer desagregado se refiere a la "designación de personal en la comuna y al pago de adicionales por diferencias de categoría y libre disponibilidad". Según los auditores, no se respetó la normativa que obliga a los delegados a contar con la autorización previa del PE antes de nombrar nuevos empleados.
Hernández ya había recibido objeciones por esta práctica. En noviembre de 2011, el organismo le inició un juicio de cuentas por haber desembolsado más de $ 360.000 durante un bimestre de 2008 para pagar sueldos que no figuraban en los registros de la Provincia. Ese proceso todavía no ha terminado, pero fuentes del TC le aseguraron a este diario que el comisionado rural no tiene demasiados argumentos contables para enderezar la situación.
La segunda categoría de gastos irregulares, según el documento oficial, se refiere a "alquileres de locales y predios efectuados sin respetar los importes anuales de contrataciones ni contar con la autorización previa y obligatoria del Ministerio del Interior".
En otro apartado, los contadores indicaron que Hernández se apartó del régimen de compras y contrataciones en las transacciones de la comuna, "utilizándose como norma la compra directa". En este caso tampoco recibió el visto bueno del PE.
En el último punto, los auditores criticaron que desde la comuna se hayan otorgado "ayudas sociales y subsidios no respetando las disposiciones" del Ministerio del Interior "ni los topes establecidos" por la ley Nº 7.350.
La norma provincial establece que los comisionados rurales están autorizados a entregar dinero por ese concepto "a personas de escasos recursos y/o entidades de bien público". Pero pueden otorgarles hasta $ 1.000 a los vecinos y hasta $ 2.000 a las instituciones. Al parecer, el ingeniero no respetó estos límites.
"Le pedimos a Dios..."
LA GACETA llamó a Hernández, pero el delegado se había olvidado el celular en la casa, explicó su esposa, Sandra Serna. La mujer, sin embargo, aseguró que trabaja en la comuna y que estaba al tanto de toda la situación. "Él está presentando toda la documentación. Lo que nos explicaron en el tribunal es que no ha salido la convalidación del gasto, que es un acto que dicta el PE. Por eso se pasó a esta etapa, en la que se verá si hubo o no daño patrimonial", describió.
Además, dijo que se evaluarán las tarjetas de asistencia y se les tomarán entrevistas a los empleados que no figuran en los registros oficiales. "Toda esa prueba se tendrá en cuenta en el juicio. Se verá si las facturas son verdaderas, si el dinero llegó a la gente y todo lo demás", detalló Serna. Y aseguró que tanto ella como su marido están a la espera de lo que resuelva el organismo de control. "Le pedimos a Dios que, habiendo obrado bien, todo salga de la mejor manera", añadió la mujer.
Los ruegos del matrimonio son comprensibles, dado que el ingeniero y su secretario, Rodríguez, afrontan posibles sanciones si no logran justificar las erogaciones irregulares detectadas por el TC.
Si las autoridades del organismo no emiten el sobreseimiento, entonces los funcionarios serán sometidos a un juicio de responsabilidad. Esa será la última oportunidad para poner en orden los números de la comuna. Y el ente de control estará en condiciones de absolverlos, de apercibirlos, de ordenar el reintegro de los fondos no justificados y hasta de solicitar la intervención de la Justicia penal.
A juzgar por el curso de este proceso, ajustar los números no será una tarea sencilla para el delegado y su hombre de confianza: desde mayo, cuando se abrió este expediente, sólo lograron regularizar $ 540.147. En esta nueva etapa el margen de acción se acota, ya que si no se ponen al día podrían afrontar graves sanciones administrativas.
Hernández, que es ingeniero civil, llegó a la jefatura de esa comuna rural tras los comicios de 1999. Cuatro años después, al estilo de los dirigentes "mellizos" de Famaillá, José y Enrique Orellana, Manuel le cedió la candidatura a su hermano, Miguel Hernández, que también ganó las elecciones. En 2007 volvieron a hacer el "enroque"; otra vez se impuso el ingeniero, reelegido en 2011 con el 52% de los votos.
En estos 13 años al frente de la administración del pueblo, los hermanos Hernández han recibido informes contables negativos del ente de control por su forma de manejar los recursos. Manuel fue apercibido en 2005 y en 2010; y Miguel -hoy asesor del ministerio del Interior, que conduce Osvaldo Jaldo- fue sancionado, también en 2005, con el pago de dos sueldos de ese cargo.
El destino de los fondos
Las comunas rurales están obligadas a rendir gastos cada dos meses, según lo establece la ley orgánica de Comunas Rurales (ley Nº 7.350). El 23 de mayo, el ente a cargo de Miguel Chaibén Terraf (presidente), Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal (vocales) abrió un expediente para iniciar un sumario de cuentas contra Manuel Hernández y su secretario, que tenían 48 horas para regularizar erogaciones por casi $ 5 millones. Hace 13 días, el ente de control ratificó el avance del proceso al iniciar un juicio de cuentas. Habían pasado 2.808 horas desde la intimación inicial, y los funcionarios sólo habían justificado el 10% del monto.
¿En qué gastó la comuna de Colombres los $ 4,45 millones restantes?
El departamento de Rendición de Cuentas del TC enumeró cuatro categorías; en todas detectó que "se tipifican incumplimientos" a la ley Nº 7.350.
El primer desagregado se refiere a la "designación de personal en la comuna y al pago de adicionales por diferencias de categoría y libre disponibilidad". Según los auditores, no se respetó la normativa que obliga a los delegados a contar con la autorización previa del PE antes de nombrar nuevos empleados.
Hernández ya había recibido objeciones por esta práctica. En noviembre de 2011, el organismo le inició un juicio de cuentas por haber desembolsado más de $ 360.000 durante un bimestre de 2008 para pagar sueldos que no figuraban en los registros de la Provincia. Ese proceso todavía no ha terminado, pero fuentes del TC le aseguraron a este diario que el comisionado rural no tiene demasiados argumentos contables para enderezar la situación.
La segunda categoría de gastos irregulares, según el documento oficial, se refiere a "alquileres de locales y predios efectuados sin respetar los importes anuales de contrataciones ni contar con la autorización previa y obligatoria del Ministerio del Interior".
En otro apartado, los contadores indicaron que Hernández se apartó del régimen de compras y contrataciones en las transacciones de la comuna, "utilizándose como norma la compra directa". En este caso tampoco recibió el visto bueno del PE.
En el último punto, los auditores criticaron que desde la comuna se hayan otorgado "ayudas sociales y subsidios no respetando las disposiciones" del Ministerio del Interior "ni los topes establecidos" por la ley Nº 7.350.
La norma provincial establece que los comisionados rurales están autorizados a entregar dinero por ese concepto "a personas de escasos recursos y/o entidades de bien público". Pero pueden otorgarles hasta $ 1.000 a los vecinos y hasta $ 2.000 a las instituciones. Al parecer, el ingeniero no respetó estos límites.
"Le pedimos a Dios..."
LA GACETA llamó a Hernández, pero el delegado se había olvidado el celular en la casa, explicó su esposa, Sandra Serna. La mujer, sin embargo, aseguró que trabaja en la comuna y que estaba al tanto de toda la situación. "Él está presentando toda la documentación. Lo que nos explicaron en el tribunal es que no ha salido la convalidación del gasto, que es un acto que dicta el PE. Por eso se pasó a esta etapa, en la que se verá si hubo o no daño patrimonial", describió.
Además, dijo que se evaluarán las tarjetas de asistencia y se les tomarán entrevistas a los empleados que no figuran en los registros oficiales. "Toda esa prueba se tendrá en cuenta en el juicio. Se verá si las facturas son verdaderas, si el dinero llegó a la gente y todo lo demás", detalló Serna. Y aseguró que tanto ella como su marido están a la espera de lo que resuelva el organismo de control. "Le pedimos a Dios que, habiendo obrado bien, todo salga de la mejor manera", añadió la mujer.
Los ruegos del matrimonio son comprensibles, dado que el ingeniero y su secretario, Rodríguez, afrontan posibles sanciones si no logran justificar las erogaciones irregulares detectadas por el TC.
Si las autoridades del organismo no emiten el sobreseimiento, entonces los funcionarios serán sometidos a un juicio de responsabilidad. Esa será la última oportunidad para poner en orden los números de la comuna. Y el ente de control estará en condiciones de absolverlos, de apercibirlos, de ordenar el reintegro de los fondos no justificados y hasta de solicitar la intervención de la Justicia penal.
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