30 Septiembre 2012 Seguir en 
BRASILIA.- Australia, Estados Unidos, Europa y Japón acudirán mañana ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para expresar su desacuerdo con algunas medidas "discriminatorias" adoptadas por Brasil. Según el diario "O Estado de Sao Paulo", las potencias no elevarán por el momento sus quejas ante los tribunales de la OMC, sino que lo harán ante el Comité de Inversiones del organismo. Las medidas cuestionadas son la reducción del Impuesto a Productos Industrializados (IPI), específicamente al aplicado al sector automotriz, y las exigencias para la apertura del mercado de telefonía 4G (cuarta generación). EEUU y Japón cuestionarán la exigencia brasileña que incluyó en la licitación de la franja de 2,5 GHz de telefonía móvil, de que al menos el 60% de las piezas de los equipamientos y sistemas sean de fabricación nacional.
Por su parte, Australia y la Unión Europea criticarán la decisión de reducir el IPI a las montadoras que realicen inversiones y fabriquen automóviles en el país. Esta medida se suma a la adoptada en 2011, cuando el gobierno elevó la carga tributaria a vehículos que tuvieran menos del 65% de piezas de fabricación nacional. El portavoz de la Cancillería brasileña, Tovar Nunes, dijo que Brasil "ve con mucha tranquilidad" los cuestionamientos, ya que "las decisiones brasileñas fueron tomadas bajo el riguroso cumplimiento de las reglas de la OMC". En declaraciones que reproduce la versión electrónica de la revista "Veja", Nunes recordó que las medidas adoptadas por Brasil son justificables debido a la necesidad de desarrollar la industria nacional, uno de los sectores más afectados por la crisis mundial. Las medidas cuestionadas integran una lista de varias iniciativas que viene adoptando el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, con el fin de frenar los efectos de la crisis financiera mundial y recuperar el ritmo de crecimiento económico. (DPA)
Por su parte, Australia y la Unión Europea criticarán la decisión de reducir el IPI a las montadoras que realicen inversiones y fabriquen automóviles en el país. Esta medida se suma a la adoptada en 2011, cuando el gobierno elevó la carga tributaria a vehículos que tuvieran menos del 65% de piezas de fabricación nacional. El portavoz de la Cancillería brasileña, Tovar Nunes, dijo que Brasil "ve con mucha tranquilidad" los cuestionamientos, ya que "las decisiones brasileñas fueron tomadas bajo el riguroso cumplimiento de las reglas de la OMC". En declaraciones que reproduce la versión electrónica de la revista "Veja", Nunes recordó que las medidas adoptadas por Brasil son justificables debido a la necesidad de desarrollar la industria nacional, uno de los sectores más afectados por la crisis mundial. Las medidas cuestionadas integran una lista de varias iniciativas que viene adoptando el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, con el fin de frenar los efectos de la crisis financiera mundial y recuperar el ritmo de crecimiento económico. (DPA)







