La familia de Angel Adrián Mansilla no cree que el muchacho desaparecido el domingo 17 esté con vida. La Policía no sabe por dónde buscar, y espera que, con la presión sometida a sospechosos y a grupos vinculados a la familia de los mellizos Juan Enrique y José Fernando Orellana (intendente de Famaillá y legislador peronista, respectivamente), alguno se "quiebre" y dé pistas sobre lo que la madre de Mansilla sospecha: que alguien lo hizo matar.
Hasta ahora, los Orellana apelaron al silencio, que saben manejar muy bien frente a los medios cuando están en situación desventajosa. Así como muestran con orgullo cómo lograron construir un poder feudal en Famaillá tras haber partido de un origen de verduleros y de lustrabotas, se quedan callados en los conflictos porque la oratoria no es su fuerte. En enero de 2002, luego de un confuso incidente a golpes con vecinos de Famaillá, el intendente reconoció que tiene temor de sus propias reacciones. Ya un año antes había aprendido dolorosamente que no debía hablar de más, porque un abogado entregó a un juez, como prueba para una denuncia por cinco presuntos delitos en su contra, un casete con una charla radial en la que Orellana dice: "para corruptos estamos nosotros".
El silencio les ha venido bien, porque su vida pública se maneja por otros códigos. Como muchos caudillejos, construyen su poder con la dádiva, los favores y un extraño sentido de la solidaridad, que es reconocido con adoración por sus fanáticos y con furia por sus adversarios.
"Hay gente que es adicta a nosotros... es gente de Famaillá, que siempre nos acompaña", dijo Orellana, cuando justificó la reacción de esa gente "adicta" ante la manifestación en su contra en enero de 2002.
También hubo alguna suerte de adicción entre los Orellana y el Gobierno de Julio Miranda, que los ha defendido sin mayores problemas en los momentos más duros, como cuando los comerciantes, Cáritas, los gremios y los vecinos marcharon por las calles pidiendo que se vayan; o como cuando el legislador José Fernando Orellana fue acusado de malversación de caudales (desvió dinero enviado por la Nación para emprendimientos cuando era intendente -entre 1995 y 1999- y él dijo que lo había hecho para pagar sueldos). Julio Miranda no hizo caso de los pedidos de intervención de Famaillá y los Orellana lo acompañaron en todos sus proyectos.
De este modo, el caso Mansilla, en el que el principal sospechoso es el hermano menor de los Mellizos, Miguel "Piki" Orellana, por ahora no les genera demasiada preocupación. A fin de cuentas, todavía no se halló a Mansilla y, por lo tanto, en algún momento la fiscal Teresita Marnero podría verse obligada a liberar a los detenidos. Sin persona, sin cuerpo, no hay delito.
Contra eso luchan denodadamente los familiares del desaparecido; se aferran a los testigos que afirman que empleados de los Orellana golpearon al muchacho en la ex terminal de ómnibus, y dicen que en el caso hay drogas y que los Orellana son mafiosos. Probarlo les resultará arduo. Hasta ahora sólo hay un niño como testigo, y los otros cuatro están vinculados al sindicato de vendedores ambulantes, que acaba de negar que los hayan presionado para que no declaren ante la Justicia.
No sólo se habla de los Orellana en este caso. También están detenidas personas que son, por lo menos, inquietantes, como el barrabrava de San Martín José Hugo "Chino" Sarmiento, vinculado, junto a la "Banda del camión", por la muerte de un joven.
El caso está abierto. Se espera que adquiera dimensión nacional -en caso de que el ministro Gustavo Beliz reciba a la familia Mansilla- pero mientras tanto muestra mucho de lo que pasa bajo las narices de la gente, en un Tucumán oscuro e inquietante, donde la impunidad parece reinar.
