Crisis de los deberes cívicos

En las recientes elecciones porteñas, la mitad de los ciudadanos y ciudadanas convocados como autoridades de mesa para el sufragio, no concurrió a la cita de la justicia electoral para cumplir con sus funciones. La jueza María Servini de Cubría, competente en el distrito federal, ha señalado que se trató de un hecho inédito, con el agravante de que desde las últimas elecciones presidenciales se abona a los convocados cincuenta pesos. La situación dio lugar a reemplazos con personas no siempre conocedoras del proceso comicial, y a que numerosas planillas de registro no fueran bien confeccionadas. "Nunca tuvimos en una elección esos problemas, ni jamás se abrieron mesas más tarde de las 9; algunas lo hicieron a las 11 y cerraron a las 23.30", precisó la magistrada con vasta experiencia electoral. Si a ello se agrega que fueron 40 las listas concurrentes y algunas de ellas de alianzas para legisladores nacionales y locales, se podrá tener una visión aproximada sobre la complejidad del proceso. La circunstancia revelada por la autoridad electoral se agrava por el hecho de tratarse de la capital de la República, a cuyos ciudadanos se atribuye por su inmediatez a los poderes públicos de la Nación un conocimiento preferente de la realidad del país.
Ese testimonio de indiferencia ante los deberes cívicos, cuyo cumplimiento asegura el funcionamiento de la democracia al servicio de los intereses generales, motiva graves reflexiones sobre los alcances de la crisis que afectó al país. Entre ellas, el grado de responsabilidad que la ciudadanía ha tenido, no tanto por sus errores, generalmente provocados por el incumplimiento de sus dirigentes, cuanto por la indiferencia o la desatención de las obligaciones cívicas, sin cuya observancia los derechos pierden legitimidad. Esa indiferencia ante el acto más comprometedor de la democracia pluralista, y la extendida decisión de no cumplir con él, revelan por lo demás que una parte muy significativa de la sociedad porteña ha perdido el respeto debido a la autoridad; no por una vocación revolucionaria -los ciudadanos del rompeolas federal están muy lejos de ella-, sino y seguramente, por la forma concesiva o controversial de quienes ejercen poderes públicos en diferentes niveles. Desordenado campo de Agramante desde hace largo tiempo, donde los derechos más elementales sucumben ante la fuerza desordenada sin que el orden de la ley tenga un legítimo y oportuno administrador, la Capital Federal se ha convertido en un escenario poco convincente sobre los valores de la sociedad democrática.
A tono con esa realidad, las elecciones del alcalde porteño han agregado un factor preocupante por la forma y el estilo con que el presidente Kirchner participa en ellas apoyando públicamente a uno de sus candidatos. Por cierto que un jefe de gobierno democrático no está impedido de favorecer electoralmente a quienes comparten sus intereses políticos. Pero no es ese exactamente el caso presente, pues tal apoyo se manifiesta con una fuerte descalificación de candidatos rivales que representan a la mayoría ciudadana con diferentes proyectos. El Presidente de la Nación, lo mismo que en cualquier otro sistema democrático representativo y pluralista, ha sido el candidato de un partido o coalición o, si se quiere mejor, de un sector de la sociedad, pero desde el momento de su asunción al poder pasó a serlo de todos. En consecuencia, los conceptos denigratorios contra representantes de otros sectores ciudadanos afectan a la equidad de la autoridad investida, y alientan peligrosamente el incumplimiento de deberes fundamentales. El orden no sólo es fruto de la ley justa, sino también del equilibrio ético de quienes deben aplicarla.