La ilegalidad crónica y el servicio de taxis

Suelen decir los abuelos que una fruta podrida en un cajón arruina al resto. De ese modo, el enfermo contagioso que no es aislado, infecta a los que están a la par; si el mal no se controla y se detiene avanza sobre los otros y desemboca en epidemia, para luego convertirse en plaga, si no se toman las medidas para frenar el mal. Ello suele suceder con muchos problemas de la realidad tucumana que se han vuelto crónicos desde hace tiempo.

El de los taxis y de la ilegalidad es un asunto de nunca acabar. Desde enero pasado, vienen sucediéndose denuncias constantes sobre el ineficaz funcionamiento del Sistema Único de Transporte Público de Pasajeros (Sutrappa), así como de corrupción. En junio, alrededor de 3.000 taxistas legales bloquearon el centro para pedir que junto a las medidas contra el trabajo ilegal, el municipio y el Gobierno provincial garanticen la seguridad de quienes trabajan por las noches. Los dirigentes dijeron que eran más de 1.000 los vehículos truchos que circulan por las calles del microcentro. "Eso afecta de manera considerable nuestro trabajo diario. La situación es insostenible", dijeron.

El agua llegó al río con la reciente renuncia del subdirector del Sutrappa, quien denunció la falta de interés del municipio por controlar a los vehículos ilegales, así como la proliferación de licencias truchas. Dijo que podría existir un vínculo entre un funcionario del Sutrappa y una reconocida agencia de taxis. Aseveró que cuenta con la documentación necesaria y que posee información relacionada con la existencia de licencias ilegales, así como de la pérdida de información en la repartición. Anticipó que haría una presentación judicial.

Lo cierto es que en seis años, desde la creación del Sutrappa, la Municipalidad sólo aprobó por decreto 1.098 licencias definitivas. Se estima que serían 5.000 los autos que trabajan al margen de la ley.

La manzana enferma, por cierto, se extendió a otros municipios, como Concepción, donde reinan los autos rurales truchos, o en Yerba Buena, conde serían 300 los autos de alquiler que circularían ilegalmente. Según un edil de esa ciudad, hay 630 licencias de taxi autorizadas. "Si los permisos provisorios que se entregan son adicionales a estas licencias se está incumpliendo con la ley municipal. Estos permisos están firmados por el Director de Transporte", denunció.

Desde mediados de la década de 1990, este servicio público viene haciendo agua y lo que es más grave aún es que un gran porcentaje de los vehículos circula ilegalmente. Para solucionar este asunto, se creó en 2006 el Sutrappa, pero en esencia la realidad no se ha modificado.

Por otro lado, existe una suerte de nichos o de feudos. No se puede pedir, por ejemplo, un auto de la capital para que busque a una persona en Yerba Buena, ni siquiera si el usuario tiene chequeras o servicios pactados con una empresa determinada. La víctima es siempre el ciudadano, que pocas veces puede elegir el mejor servicio, cuando paradójicamente mantiene con su bolsillo y sus impuestos a taxistas y a representantes del pueblo.

¿Por qué las denuncias no llegan a la Justicia? ¿Por qué no se investiga a fondo? ¿Por qué el Gobierno no pone fin a esta ilegalidad crónica? ¿Por qué teme sacar las manzanas podridas de los cajones y aplicar con rigor la ley? ¿Por qué no protege al ciudadano que es rehén de los intereses creados?