Cada partido no podrá gastar más de $ 870.000 durante la campaña electoral

Por ley se establece que todo el movimiento de dinero se efectuará a través de cheques del Banco de la Nación. Hay sanciones para los que incumplan con la norma.

Por Redacción Política 29 Agosto 2003
Cada partido o frente político podrá gastar hasta $ 870.000 en los comicios de octubre. La cifra es lo suficientemente holgada como para garantizar un buen despliegue en la campaña, pero no tanta como les gustaría a muchos candidatos.
El monto máximo autorizado por la ley 25.600, de Financiamiento de Partidos Políticos, es de un peso por cada elector.
Por primera vez, la Junta Electoral Nacional (JEN) de Tucumán controlará el origen y el destino de los fondos a usar en las elecciones, a partir de la vigencia de la norma sancionada el año pasado. Por cada peso que salga de las arcas partidarias, deberá entrar un recibo que quedará documentado en las "Constancias de Operación para Campaña Electoral", con numeración correlativa y registro contable.
Todo el movimiento de dinero será realizado a través de cheques del Banco Nación, en una cuenta especial que funcionará sólo para esta elección.
En los hechos, nunca se podrá saber con precisión la cantidad que se gastó en las elecciones provinciales de junio, que no estaban limitadas por esta ley ni bajo el control de la JEN. Pero un sublema de cualquier partido necesitaba entre $ 70.000 y $ 100.000 para desarrollar una campaña con aspiraciones a obtener una banca legislativa.
Hoy, esas erogaciones fraccionadas en las distintas listas están concentradas en la cabeza de los partidos o alianzas, que, en conjunto, no podrán superar el monto tope. Cada expresión deberá designar a un representante financiero, quien será el responsable de entregar toda la documentación requerida a la Justicia y responder procesalmente en forma solidaria con su presidente.

Todos los gastos
Los partidos y alianzas deberán efectuar una rendición de cuentas a la JEN 10 días antes de las elecciones. En ese informe se debe abarcar los aportes recibidos desde el Estado o desde particulares (personas físicas o jurídicas); el origen de esos fondos; el monto de cada colaboración; el destino que tuvieron los recursos; y las proyecciones de los gastos previstas hasta el día de los comicios.
Para determinar la veracidad entre lo denunciado y lo efectivamente gastado, desde Tribunales se enviarán oficios a los medios de comunicación y a distintos participantes en las campañas electorales para que informen las tarifas existentes.
Los particulares que realicen donaciones podrán desgravarlas del Impuesto a las Ganancias sólo hasta el límite del 5% del ejercicio fiscal. Los partidos o coaliciones no podrán recibir contribuciones anónimas; de organismos del Estado (nacionales o extranjeros); de concesionarias de servicios públicos; de empresas que exploten juegos de azar; de asociaciones sindicales, patronales o profesionales; de personas que hubieran sido obligadas a efectuar donaciones; o de personas físicas o jurídicas del exterior, sin domicilio o residencia en el país.
No se podrán recibir aportes de una persona jurídica que superen el 1% anual del total de los gastos realizados por cada partido. En el caso de personas físicas, ese tope se limita al 0.5%.
La violación a disposiciones de la nueva ley está penada con castigos que van desde los seis meses a los 10 años de inhabilitación para los dirigentes, y suspensiones para los partidos.

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