El Tribunal de Cuentas descubrió nuevas irregularidades en la distribución de bolsones con mercadería que fue realizada en 2002. Ahora, se detectó que no existe documentación respaldatoria de 4.890 paquetes, lo que representa aproximadamente el 57% de toda la mercadería entregada en esa operación, entre junio y julio de 2002.
Las conclusiones preliminares fueron remitidas al fiscal anticorrupción Pedro Gallo, para que las agregue al expediente abierto en junio sobre este mismo tema, en el cual figuran más de 5.000 bolsones sin rendir cuentas.
El acuerdo 1.022, firmado por Darío Domingo de Prada, Sergio Díaz Ricci y Miguel Terraf, fue también notificado al fiscal federal Carlos Brito, quien investiga en la Justicia Federal el desarrollo del Programa de Emergencia Alimentaria (PEA), financiado con fondos nacionales.
Entre las múltiples anomalías administrativas, que podrían derivar en la determinación de delitos, figura la supuesta entrega de 600 bolsones a personas desocupadas de la comuna de Los Ralos. "El comisionado Luis González entregó una planilla de beneficiarios sin firma alguna, correspondiente al plan Jefes y Jefas de Hogar", se indicó.
Falta de transparencia
En las verificaciones realizadas se detectó además que existen instituciones que han presentado listado de beneficiarios sin la firma de conformidad que avale la efectiva recepción de los alimentos, y otros rendidos con firma, pero que en su mayoría no tienen fecha de recepción, lo que impide conocer el día en el cual se otorgó el beneficio. "La ejecución no posee la transparencia de la certeza de la entrega en tiempo y forma, para medir la real recepción de la mercadería por personas con alto riesgo de vulnerabilidad", aseveraron los vocales.
El Tribunal ordenó una nueva comprobación sumaria en la Secretaría de Estado de Desarrollo Humano (SEDH), encargada del PEA, que estará a cargo del abogado fiscal Pablo Cainzo y de la contadora Beatriz Flores.
En forma paralela, el Tribunal controló la entrega de bolsones en marzo y abril de 2002 en el marco del plan "Compartir el Pan", también del PEA. En estos relevamientos, se repiten las situaciones anómalas descriptas.
En el acuerdo 859, el cuerpo dispuso comprobaciones sumarias sobre irregularidades en el despliegue de este plan tanto en el SEDH como en una veintena de comunas rurales, lo que surgió a partir del examen de las rendiciones de los tickets usados para la compra de alimentos.
Las conclusiones preliminares fueron remitidas al fiscal anticorrupción Pedro Gallo, para que las agregue al expediente abierto en junio sobre este mismo tema, en el cual figuran más de 5.000 bolsones sin rendir cuentas.
El acuerdo 1.022, firmado por Darío Domingo de Prada, Sergio Díaz Ricci y Miguel Terraf, fue también notificado al fiscal federal Carlos Brito, quien investiga en la Justicia Federal el desarrollo del Programa de Emergencia Alimentaria (PEA), financiado con fondos nacionales.
Entre las múltiples anomalías administrativas, que podrían derivar en la determinación de delitos, figura la supuesta entrega de 600 bolsones a personas desocupadas de la comuna de Los Ralos. "El comisionado Luis González entregó una planilla de beneficiarios sin firma alguna, correspondiente al plan Jefes y Jefas de Hogar", se indicó.
Falta de transparencia
En las verificaciones realizadas se detectó además que existen instituciones que han presentado listado de beneficiarios sin la firma de conformidad que avale la efectiva recepción de los alimentos, y otros rendidos con firma, pero que en su mayoría no tienen fecha de recepción, lo que impide conocer el día en el cual se otorgó el beneficio. "La ejecución no posee la transparencia de la certeza de la entrega en tiempo y forma, para medir la real recepción de la mercadería por personas con alto riesgo de vulnerabilidad", aseveraron los vocales.
El Tribunal ordenó una nueva comprobación sumaria en la Secretaría de Estado de Desarrollo Humano (SEDH), encargada del PEA, que estará a cargo del abogado fiscal Pablo Cainzo y de la contadora Beatriz Flores.
En forma paralela, el Tribunal controló la entrega de bolsones en marzo y abril de 2002 en el marco del plan "Compartir el Pan", también del PEA. En estos relevamientos, se repiten las situaciones anómalas descriptas.
En el acuerdo 859, el cuerpo dispuso comprobaciones sumarias sobre irregularidades en el despliegue de este plan tanto en el SEDH como en una veintena de comunas rurales, lo que surgió a partir del examen de las rendiciones de los tickets usados para la compra de alimentos.







