El trabajo en negro

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el 45,1% de los trabajadores en el país se desempeña irregularmente; es decir, lo hace en negro.
Consecuentemente, no sólo reciben en promedio la mitad del salario de un empleado registrado, sino que carecen de derechos laborales y de pensiones por invalidez o fallecimiento, así como de seguro de desempleo y por accidentes de trabajo, lo mismo que de obra social y asignaciones familiares. Se trata, en suma, de parias laborales que se remontan en nuestro sistema de trabajo a un tiempo muy anterior a los años 90, como ha pretendido señalarse tratando de hacer valer una absolución de numerosas administraciones políticas. Los índices de empleo en negro por encima del bajo porcentaje -no más allá del 3% de las economías desarrolladas- tuvieron origen entre nosotros con la creciente inmigración clandestina desde las naciones vecinas y el descontrol simultáneo del sistema migratorio argentino. Según la encuesta del Indec de mayo último, Corrientes y Tucumán, con 58,5 % y 54,5 %, son las provincias más castigadas socialmente por la irregularidad, y corresponde a sucesivas autoridades locales la responsabilidad inmediata.
El Gobierno nacional ha resuelto encarar la regularización del empleo disponiendo un plan de blanqueo laboral cuya primera etapa comprende a las empresas medianas, -entre 10 y 50 trabajadores- que concentran medio millón de los 2,4 millones informales. El ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, ha señalado que previamente será necesario "crear conciencia de que es más barato tener a los empleados en blanco que tenerlos en negro"; misión esa muy razonable, aunque también problemática después de décadas donde la conciencia contraria fue muy internalizada. Es cierto igualmente que a los relativos esfuerzos oficiales de la Nación y las provincias para depurar el sistema, se sumó el desinterés manifiesto de las propias organizaciones sindicales, cuyo acceso al mercado laboral les permitió conocer con mayor amplitud el grave deterioro de ese aspecto social. También el Estado nacional contribuyó en alguna proporción con el sistema de contrataciones para eludir sus propias y ocasionales medidas limitantes del empleo público. Es por ello que, al anunciar el nuevo plan, se ha comprometido a poner fin a esos desvíos que representan una parte significativa de los $ 6.400 millones al año dejados de percibir por el sistema de seguridad social.
La Administración Federal de Ingresos Públicos, Anses y la cartera laboral de la Nación coordinarán con las provincias -integrantes del Consejo Federal del Trabajo- un programa nacional adecuado. Debe advertirse con relación a esa estrategia destinada a sanear el mercado laboral, que los estragos de la crisis, precedida por una recesión de varios años, impiden actuar con la rigidez de una normativa severa para tiempos normales.
Es decir, debe tratarse de impedir que se provoque un desempleo mayor de quienes por no hallarse registrados son fáciles prescindibles de empleadores afectados por la lenta recuperación de la economía. En ese sentido, es razonable la decisión oficial de atemperar multas a cambio del blanqueo, ya sea reduciéndolas o estableciendo cuotas para su cumplimiento. Es difícil ciertamente, en las actuales circunstancias, ajustarse a una normativa preestablecida, por lo que las autoridades de aplicación deberán proceder equilibrando la imprescindible necesidad de mejorar y dar transparencia a la contratación laboral, con la no menor exigencia de preservar la actividad empresaria. El empleo regular no es posible sin la actividad productiva, y de esa alianza depende la fortaleza de un sistema social que impida el desamparo del trabajador y su familia, y que les permita el acceso al bienestar.