Alvarez dio un aumento y lo anuló 12 horas después

En un solo día, el ex intendente de San Miguel de Tucumán, Antonio Lázaro Alvarez, otorgó por decreto un incremento salarial masivo para los empleados municipales de la capital y, menos de 12 horas después, anuló esa medida. Todo ocurrió el viernes 27 de junio pasado, a sólo 48 horas de la realización de los comicios provinciales de los que surgió como legislador electo.
Por la mañana, juntamente con el ex secretario de Hacienda Vicente Manuel Nicastro, el destituido jefe municipal refrendó el decreto 910/03, mediante el cual establece una nueva escala salarial para los municipales.
La medida representaba un aumento en el gasto de personal de la Municipalidad de casi $ 2 millones para este año. El año pasado, el gasto en salarios totalizó en la capital $ 58,6 millones.
El instrumento determinaba que esa modificación entraría en vigencia a partir del 1 de agosto pasado, pero fijaba una implementación parcial de la medida. Se indicaba que durante los seis primeros meses, se pagarían los sueldos con el 50% del aumento.
Alvarez y Nicastro justificaban esta decisión mediante el argumento de que se trataba de "un acto de real estímulo y estricta justicia hacia los empleados municipales". Precisamente, se alentaba tal determinación, puntualizando que la modificación de los índices salariales permitiría "compensar la depreciación que sufrieron los haberes, a partir de la vigencia de las nuevas pautas económicas de la Nación".
Contradictoriamente con la reivindicación de los derechos de los empleados y de los obreros de la administración de la capital, el último punto de las consideraciones que justificaban este decreto formulaba una advertencia puntual. "Así también, debe tenerse en cuenta la difícil situación económica y financiera por la que actualmente atraviesa la Municipalidad", se indicó.

En crisis
Parece un anticipo de lo que ocurriría por la tarde, cuando las convicciones esgrimidas por Alvarez entraron en crisis. Mediante el decreto 916/03, el ex intendente manifiesta que advirtió, tras formalizar el decreto anterior, que contenía vicios que lo hacían ilegítimo. Detalló que no se habían tenido en cuenta ni la Ordenanza de Procedimientos Administrativos ni la de Contabilidad. Se dio cuenta, también, de que tampoco habían intervenido ni la Contaduría General, ni la Dirección de Planeamiento y Presupuesto ni la Fiscalía Municipal. En un solo artículo, revocó la suba salarial. Los municipales se enteraron el lunes.

Más pruebas para el fiscal anticorrupción
Tal cual lo anunció la semana pasada, la intendenta de la capital, Marta de Ezcurra, firmó el decreto para anular las 2.243 recategorizaciones que otorgó su antecesor, Antonio Alvarez. Antes del fin de semana, el decreto será remitido al fiscal anticorrupción, Pedro Gallo, tal cual lo prevé el artículo quinto de ese documento.
"Allí se prevé que se investigue la posible comisión de delitos contra la administración pública porque se podrían haber cometido irregularidades en el otorgamiento de las recategorizaciones, informó ayer a LA GACETA, el secretario de Gobierno, Pedro Yane Mana. En el decreto (lleva el número 1.293) se precisa que en el otorgamiento de esas mejoras a los municipales los expedientes no cumplieron con los procedimientos legales debidos. Así, hay recategorizaciones que no cuentan con el informe de Recursos Humanos; en otros falta el de la Fiscalía y están los que ni siquiera cuentan con las partidas presupuestarias.
"La Constitución prevé que toda recategorización o ascenso que no tenga previamente la partida presupuestaria es nula y podría acarrear responsabilidad penal a quienes las otorgaron", recordó Yane Mana.