BUENOS AIRES.- El Gobierno hizo sondeos con un ministro de la Corte con el que mantiene buen diálogo para tener en carpeta un plan B por si la situación judicial de Amado Boudou se complica. El vicepresidente está imputado por el juez federal Ariel Lijo por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública. Aunque no está procesado. Lijo, que reemplazó a Daniel Rafecas, validó todas las pruebas de la causa, incluyendo el allanamiento en la vivienda de Puerto Madero y el testimonio de Laura Muñoz, ex esposa de Alejandro Vandenbroele, director de Ciccone. Muñoz dijo que Vandenbroele era "testaferro" de Boudou. La imagen del vice está en caída junto con su credibilidad y su catástrofe arrastra a la presidenta, Cristina Fernández. En el entorno del vice, incluso, reconocen desde hace tiempo que el límite de permanencia de Boudou es el procesamiento. (Perfil.com)








