El elevado número de trabajadores en negro

La constatación de que la informalidad laboral se incrementó en Tucumán en el último año y afecta a unas 105.000 personas es una referencia social y económica que debe ser motivo de análisis, preocupación y respuestas. Se trata de un 42% de la masa laboral que percibe salarios, una estimación a todas luces alta y que corresponde al conglomerado urbano que integran San Miguel de Tucumán-Tafí Viejo, según informes que proporcionó el propio Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec). Estos datos vuelven a exponer la visión de que la estructura económica de la provincia sigue siendo endeble y poco profunda, pese a una sensible disminución de la tasa de desempleo en estos últimos años de fuerte crecimiento del Producto Bruto Geográfico (PBG). Aunque la informalidad laboral en nuestra provincia -se la conoce como trabajo en negro- es un fenómeno que responde más bien a una cuestión estructural de la economía, no es menos cierto de que se ha ido transformando en una deuda que no ha podido ser saldada con la expansión del ciclo que se inició en 2002-2003.

Lo extraño de la situación en Tucumán -también en la Argentina, toda vez que se trata de un fenómeno muy amplio- es que no fue considerado con la envergadura y la seriedad que merece. La estabilidad laboral de miles de trabajadores pende de un hilo; son aquellos a los que sus empleadores no inscribieron en forma oficial en los registros correspondientes, y en consecuencia, generalmente no llegan a realizar aportes jubilatorios o a una obra social. Así, la precarización afecta además a los jubilados actuales y futuros, erosiona la capacidad recaudatoria del fisco, transgrede legislaciones laborales vigentes, expone un costado moral cuestionable sobre ciertos actos contractuales, desvirtúa la credibilidad de algunos indicadores, quita transparencia al rigor analítico y enturbia la pretensión de éxito sobre cifras y datos que tratan de exhibir políticos y gobernantes. Las advertencias de economistas, pero sobre todo, las evidencias documentales que exponen los relevamientos estadísticos, no han logrado sensibilizar a autoridades y políticos que cumplen altas funciones en la administración y que, por su responsabilidad de liderazgo y de gestión les corresponde una primera atención a la problemática. Otra muestra de la desatención del caso es la ausencia de propuestas o de alternativas superadoras de la realidad que hayan generado un debate en la sociedad y en la opinión pública y que puedan haber impulsado un círculo virtuoso de ideas para obtener respuestas a una realidad compleja y dramáticamente persistente.

La principal causa de la informalidad en la Argentina es que la economía presenta una deficiencia estructural para generar suficientes empleos formales. Se conoce que hasta el propio Estado (nacional, provincial, municipal) tiene en su plantel empleados en negro y, en muchos casos, ha demorado años en legalizarlos. ¿Una conducta desaprensiva? ¿Falta de seriedad en la resolución de incorporación de personal? ¿Debilidad o complacencia del trabajador a la hora de aceptar esa oferta laboral? ¿Intereses creados? Fenómeno heterógeneo que responde a distintas causas, una simplificación de respuestas puede inducir a nuevos errores para resolverlo. Con producciones de características regionales que demandan empleos de poca duración y un vasto sector ligado al área de servicios (comercio, especialmente), Tucumán no ha logrado un cambio sustantivo en su perfil económico. Ello sucede porque la fiscalización del Gobierno no es constante, si se tiene en cuenta que cuatro de cada 10 asalariados siguen fuera ley y permite que los empresarios la transgredan. Esta actitud negligente no hace más que perjudicar al trabajador que es el primer eslabón en la cadena de generación de riqueza.