Piden que todos los funcionarios revelen sus bienes

La sacudida política que provocó la expulsión del ahora ex concejal, Pablo Berarducci, trajo aparejada una propuesta de revisión tanto para el Concejo Deliberante como para el resto de las reparticiones del municipio de Yerba Buena. El pedido fue presentado el viernes por el concejal radical Mariano Campero. Y, ahora, será el presidente del Concejo, Antonio Caferro, quien deberá decidir si se dará luz verde a la medida propuesta desde la UCR.

En la presentación dirigida a Caferro se solicita que, en un término de cinco días, se articulen las medidas necesarias para que todos los miembros de ese cuerpo legislativo pongan a disposición sus respectivas declaraciones juradas para que, de esta manera, se conozcan públicamente cuáles son los ingresos económicos que los ediles perciben mensualmente.

Pero la petición del radical no se queda allí y se extiende por fuera del Concejo. "En el escrito que presenté pido que, desde el Departamento de Ejecutivo Municipal, se le solicite al intendente Daniel Toledo y a los funcionarios que están a cargo del Poder Ejecutivo municipal que pongan a disposición pública sus declaraciones juradas", precisó Campero. Según explicó el edil, esta medida favorecerá a la transparencia de la actual gestión.

Esta iniciativa surge luego de que los integrantes del Concejo yerbabuenense destituyeran al opositor Berarducci durante la última sesión de ese cuerpo, realizada el jueves. Ese día el ex concejal fue juzgado por sus pares, quienes consideraron que había pruebas suficientes para comprobar una incompatibilidad de cargos en la que, según los ediles, había incurrido Berarducci. La acusación que había realizado el toledismo señalaba que, en diciembre de 2011, el edil destituido había cobrado cuatro sueldos del Estado.

El viernes Berarducci difundió un comunicado en el que pedía perdón y reconocía que trabajó para la Cámara de Diputados de Salta y para el Concejo de Yerba Buena. "En diciembre del año pasado, trabajé para el diputado Carlos Porcelo. Porque, en realidad, no sabía que mi vínculo laboral no se había materializado como un contrato de locación de servicio como se lo había solicitado, sino como designación en la Cámara de Diputados de Salta", se excusó Berarducci.

Respecto de su propuesta, Campero es optimista. "Los hechos lamentables que ocurrieron en nuestro municipio hacen indispensable que la dirigencia política ponga a disposición de la ciudadanía el informe del patrimonio de cada funcionario público. Confío en que, tanto el intendente como mis pares, acompañarán esta iniciativa", analizó. Esta semana se conocerá cuál será la resolución que se tomará desde el Concejo.