El regreso del tabú

El tiempo parece estar a veces al servicio de algunos crímenes perfectos. El tiempo pasó y muchos olvidaron que Frankenstein no era el monstruo hecho de saldos y retazos humanos, sino su creador. Muchos más están convencidos de que Alí Babá era el jefe de los 40 ladrones, cuando era su enemigo. También son mayoría los que evocan la Ley del Talión como una suerte de código bestial de intercambio de órganos y de extremidades humanas para compensar daños. Pero lo que en realidad hizo fue limitar la venganza. Por supuesto, tenía normas infrahumanas, pero en su contexto histórico (se remonta a un par de miles de años previos a nuestra era), este derecho arcaico trató de frenar, muy a su modo, la represalia desproporcionada. Por un diente, otro diente: no la vida.

Unos 40 siglos después, la decisión alperovichista de poner el Estado al servicio de castigar al secretario judicial Carlos López, y las acciones del Poder Ejecutivo y el Judicial, hacen de la lex talionis derecho de vanguardia.

Que López haya formado parte de la Fiscalía Anticorrupción, esa que investigó al gobernador y a su esposa durante el mirandismo, es razón suficiente para que su carrera judicial reciba la pena de la extinción. No importa que López no haya investigado a los Alperovich, porque quien entonces lo hacía era Esteban Jerez. Ni interesa que López sólo cumpliera funciones de fedatario de las tareas del fiscal. Ni vale que López rindiera los concursos de antecedentes y oposición del Consejo Asesor de la Magistratura para terminar tercero en una prueba, segundo en dos, y primero en tres. El ha sido condenado por el Gobierno a no ocupar ningún lugar en el Ministerio Público Fiscal. Y para conseguirlo, no han tenido inconvenientes en hacer del debido proceso legal una ficción futurista.

Pero el retroceso a edades anteriores al Código de Hamurabi no consiste sólo en esta impune desmesura oficial. La cuestión de fondo radica en preguntar de qué, exactamente, se está vengando el oficialismo. ¿Cuál es, en el Estado de Derecho, la ofensa cometida por un funcionario judicial que se dedicó a cumplir su trabajo? Ninguna. Si de todas formas lo castigan, es porque nuestra actualidad institucional es anterior a la Ley del Talión. Ha operado en Tucumán el retorno del tabú.

Atrás

Está prohibido cumplir con la ley si eso representa haber investigado al gobernador cuando era ministro de Economía del Gobierno durante el cual los niños se morían de hambre por docenas. Eso, mientras el poder político paría una casta de nuevos ricos bien comidos. La violación a este designio, que fue el delito de Jerez, traerá consecuencias no sólo para el ofensor, sino también para todos los eventuales miembros de su tribu.

Quienes ofendan (aunque no tengan en claro la ofensa), quedarán a merced de la "víctima" estatal, que los castigará causándoles un mal mayor. Y, por supuesto, no existirá proporción alguna entre la ofensa (supuesta) y la magnitud del castigo.

Eso sí, no pueden retrotraer una provincia 4.000 años en el tiempo sin que nadie lo note. El problema es que ese movimiento contra natura se evidenció ahí donde debían resistirlo: Tribunales.

Adelante

No se habla del tabú. Eso hace el alperovichismo. Eso lo entrampa.

¿Alperovich tiene potestad para no designar fiscal a López? Sí. Es facultad del gobernador nombrar los miembros del Poder Judicial, con acuerdo de la Legislatura. Por ello, esa cuestión no está en discusión. El asunto es otro. ¿Puede Alperovich no elegir a López, que terminó primero en tres concursos del CAM, sin dar ninguna explicación? No. Y no puede porque esto es una república.

Las decisiones del Estado sobre la "cosa pública", justamente, deben ser públicas. Las razones que las motivan, también. El gobernador tiene que decirle al pueblo por qué ha decidido que un tucumano de probada idoneidad y sin un pasado de tráfico de influencias y expedientes, no puede ser fiscal en el servicio público de justicia de los tucumanos. Pero la única razón que tiene es castigar a López por haber integrado la Fiscalía Anticorrupción (despacho donde lo puso la Corte). Es decir, lo persiguen y lo discriminan. Ese es el pecado que anuda la lengua oficialista. Y en la república, lo que no se puede decir, no debe ser norma de aplicación. Y no debe serlo porque dar razones de lo que se hace es uno de los límites legales y jurídicos de la discrecionalidad. El mandatario siempre puede decir "no", pero por uno o varios motivos. Jamás: "no, porque no".

Justamente, el camarista Rodolfo Novillo (uno de los pocos magistrados que pareciera tener una significancia importante en el andamiaje republicano) dictó el sábado pasado una cautelar que frena la sexta exclusión de López. Y que alega que para que la discrecionalidad sea legítima debe haber mucho más que legalidad formal. "Precisa de una técnica jurídica que remita al plano de los valores jurídicos de un modo objetivo y objetivable, por medio de los principios generales del derecho, como buena fe, igualdad, razonabilidad", pautó.

Lo que siguió, objetivamente, jamás fue visto en la historia institucional y judicial de Tucumán.

En tiempo real

LA GACETA dio a conocer en su edición del lunes la cautelar de Novillo en favor de López. Ya ese día se hablaba en los pasillos oficiales de esa expresión que en el Gobierno y la Justicia evitan mencionar a cualquier costa: per saltum.

El martes, a las 9 de la mañana, la Fiscalía de Estado se presentó ante la Corte a pedir que ella se avocara al caso. En buen tucumano, el planteo podría traducirse así: "permitan a la Casa de Gobierno que prescinda de todas las instancias del debido proceso legal para que hable directamente de este asunto con la cúpula judicial, porque la situación de gravedad institucional así lo habilita".

"Gravedad institucional", llamó la Fiscalía de Estado a una cautelar que frena provisoriamente una decisión discrecional del gobernador, porque él no ha dado el menor de los fundamentos.

"Gravedad institucional", dijo el Gobierno responsable de que el Poder Judicial llegara a tener más de medio centenar de despachos acéfalos, porque en lugar de un mecanismo decente para la designación de jueces se empeñó sin éxito, durante años, en pergeñar una "dedocracia" judicial.

"Gravedad institucional", alegó la gestión de los $ 60.000 millones en presupuestos públicos, que mantiene una "emergencia económica" eterna. La que no les paga el 82% móvil a los jubilados, pese a lo que ordena la Justicia. La que dice que la Nación le manda $ 30 millones menos por mes, cuando la Nación prueba que en los primeros 120 días de 2012 envió $ 444 millones más que en igual período de 2011. O sea, $ 111 millones más por mes.

A las 14, la misma Fiscalía de Estado presentó un planteo de nulidad contra la cautelar de Novillo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Es decir, estaba pleiteando simultáneamente la misma causa en dos tribunales diferentes. En el foro, a cualquier abogado lo aperciben por eso. En el poder, en cambio, semejante irregularidad termina siendo premiada con el éxito.

A las 17, la Corte envió un escueto oficio a Novillo pidiendo "vista urgente" del expediente. El correr de las horas demostraría que no pedían la "Causa López" sólo para mirarla sino para retenerla. Claro que para ello deberían haber dado explicaciones, pero si no las brinda Alperovich...

A las 18 salió el expediente la sede del fuero administrativo.

A las 20, el ministro fiscal, Luis de Mitri, firmó el dictamen sobre uno de los asuntos más delicados y puntillosos del derecho. En dos horas, declaraba que entender en la "Causa López" era "competencia originaria" de la Corte, contra buena parte de su biblioteca de antecedentes en la materia.

Para ponerlo en contexto: el Código Procesal Constitucional dice que las acciones de inconstitucionalidad contra una norma son competencia originaria de la Corte. Pero cuando el ex legislador Alejandro Sangenis (por citar uno de incontables ejemplos) intentó suspender la convocatoria a la reforma constitucional de 2006 (con una acción de inconstitucionalidad), el Superior Tribunal lo mandó a pleitear donde la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Ahora, cuando López va al fuero administrativo por una cautelar, la Corte resuelve que es competencia originaria de ella entender en amparos por discriminación, cuando el mismo Código Procesal Constitucional fija que esa es competencia de los jueces inferiores. O sea, el Poder Judicial está al revés.

Enterado del alud de anormalidades, López recusa al día siguiente -miércoles- a todos los miembros de la Corte. Aunque él es el actor de la causa, nada le notifican. Ni del cambio de radicación de la causa. Ni de cómo se conformará la sala de la Corte (hay vocales que son amigos declarados del gobernador, o hermanos de funcionarios del Gabinete) que entenderá en su planteo sobre discriminación alperovichista.

Pero el jueves, a la defensa de López le informan algo inverosímil. Las recusaciones son inútiles porque la Corte ya había fallado, el día anterior a que las plantearan, que era de su competencia entender originariamente en un amparo. Es decir, ya se había pronunciado el martes respecto del expediente que le llegó a la tarde, en algún momento entre las 20, cuando lo soltó De Mitri, y las 24, cuando el día se hizo miércoles.

El alperovichismo, así, inauguró un nuevo paradigma procesal. Uno en el cual la Justicia admite los mismos trámites que una empresa. No valen las notificaciones, ni correr traslados, ni adueñarse de expedientes alegando cualquier cosa menos las verdad. Y, obvio, la culpa nunca será del jefe: en su voto, Antonio Gandur dice que es Novillo quien violó la garantía del juez natural. Eso es fallar.

Mañana

El tabú posee un enorme poder didáctico y domesticador. Enseña a quedarse quieto y callado. Inculca la inmovilidad del miedo. Por ello, pobre del que piense "pobre Carlos López". Porque sólo la causa judicial tiene que ver con él. Lo que hace el alperovichismo, en cambio, tiene que ver con cada tucumano. Esa es la única "gravedad institucional" de esta situación. El Gobierno, a la vista de todos, pone al Estado contra una sola persona. Empezaron con el secretario judicial. Seguirán con cualquiera de los que están anotados en el Registro Civil. O en el de las Personas Jurídicas.

En esta persecución también hay un mensaje contra los jueces actuales y futuros: ya saben qué le pasa al que es independiente y tiene la osadía de participar en una pesquisa al poder. Que el CAM no se haga el distraído. El alperovichismo lo dejó desnudo: la ley que lo regula permite al Gobierno ningunearlo sin pausa. De paso, notificaron a los abogados de pública trayectoria sin servilismo al poder que ir a concursar es al vicio. Si nada van a decir, tendrán cada vez menos de Consejo y cada vez más de Asesor.

"El afán de Carlos López por conocer las razones que justifican su veto sistemático ha abierto una esperanza para los que, como él, son excluidos por el PE en el mayor de los silencios", escribió la periodista Irene Benito. Sólo una Justicia al servicio del ciudadano antes que del poderoso evitará que Tucumán se convierta en la capital nacional de los parias.

El alperovichismo superó la fase del "vamos por todo". Ahora van por todos. Por cada uno.