López consiguió detener su sexta exclusión

Después de seis derrotas en el Poder Ejecutivo (PE), Carlos Eduardo López obtuvo una victoria provisoria en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Este sábado, Rodolfo Novillo, presidente de dicho tribunal, suspendió cautelarmente el trámite de designación de Diego Alejo López Ávila como fiscal de Instrucción en lo Penal de la IV Nominación de esta Capital. Dicha medida fue dictada en el contexto del amparo que López interpuso para objetar la falta de motivación del acto de José Alperovich que, apartándose del orden de mérito elaborado por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), decidió llenar el cargo vacante con el segundo de la terna que encabezaba el amparista.

Mientras la cautelar no sea levantada (por orden judicial), la Legislatura deberá abstenerse de prestar acuerdo al pliego del candidato escogido por el gobernador, última estación del complejo proceso previsto para la designación de jueces. La Sala II (integrada por los camaristas Novillo y Carlos Giovanniello) debe a continuación resolver la cuestión de fondo planteada por López, que pidió la nulidad del acto del PE que implícitamente lo descartó por sexta vez para ser magistrado en el fuero penal.

"A primera vista parecería que no es la existencia de la discrecionalidad sino sus límites jurídicos lo que ha sido puesto aquí en tela de juicio", precisó Novillo en la resolución de cinco fojas. Y añadió: "con toda la provisoriedad que es propia de esta etapa larval del proceso, viene al caso parafrasear la opinión de un gran jurista español (Eduardo García de Enterría) según la cual el enjuiciamiento de la discrecionalidad no se satisface con la reducción de la legitimidad a una pura cuestión mecánica de legalidad formal, sino que precisa de una técnica jurídica que remita al plano de los valores jurídicos de un modo objetivo y objetivable por medio de los principios generales del derecho como buena fe, igualdad, razonabilidad, etcétera.".

Para conceder la cautelar, el camarista argumentó que, después de las reformas de 1994 y 2006 a la Constitución de la Nación y a la de Tucumán, respectivamente, hubo un cambio sustancial en el procedimiento de designación de jueces de tribunales inferiores y fiscales, y que en la provincia se consagró el principio de interdicción de la arbitrariedad que sujeta a toda autoridad pública a la Constitución y el orden jurídico.

"De ahí que, en la doctrina nacional, se sostenga ahora la posibilidad de que quien alega haber sido indebidamente excluido del pliego y experimente el consiguiente perjuicio, pueda demandar judicialmente el control de los elementos reglados de la actividad discrecional (como objeto, causa, procedimiento, precio, motivación, finalidad, etcétera) y también de los límites jurídicos de la discrecionalidad constituidos por los principios generales del Derecho", concluyó respaldándose en el criterio de administrativistas argentinos notables como Julio Comadira y Alberto Bianchi.

La resolución relata que, de acuerdo con López, la facultad discrecional del PE de seleccionar a uno de los integrantes de la terna de candidatos diseñada por el CAM habría sido ejercida a su respecto de forma arbitraria y antijurídica. Y también describe "la singular conjunción de circunstancias" que concurrirían en el caso: el hecho de que el amparista obtuvo la primera calificación de idoneidad en el orden de mérito de tres concursos, y el hecho de que fue propuesto en seis ternas y sistemáticamente descartado por el PE.

"Y concurrirían también -por otra parte- las alegaciones del demandante acerca de circunstancias anteriores relativas a su desempeño como secretario judicial en la Fiscalía de Instrucción de la VI Nominación (la extinta Fiscalía Anticorrupción a cargo del ex fiscal y ex legislador Esteban Jerez) mientras en esta se tramitaban determinadas causas judiciales como 'Cuello, Miguel Ángel y otros s/negociaciones incompatibles con la función pública' (conocida como 'Causa Pibe'), 'Molina, Roberto y otros s/fraude a la administración pública' y 'Alperovich, José s/negociaciones incompatibles con la función pública'", explicitó Novillo. A modo de corolario, expresó: "así, sería que, como una derivación -aparente- de esta singular conjunción de circunstancias, el demandante habría llegado a concluir que la falta de motivación 'reiterada y sistemática' revelaría también una intención de 'discriminación y persecución' en contra de su persona y una situación de desigualdad con respecto a los demás concursantes para acceder a un cargo judicial por su idoneidad".

Aquella hipótesis constituye uno de los nudos gordianos del planteo judicial del amparista y actual secretario del Juzgado en lo Penal de la II Nominación de esta Capital, que en 2011, tras ser descartado por tercera vez (cuando Alperovich optó por Marta Mariana Rivadeneira para fiscal de Instrucción de la I Nominación de esta Capital) dijo a LA GACETA: "a lo mejor mi independencia asusta al Poder Ejecutivo".

"Yo no discrimino a nadie", replicó por su parte el gobernador durante la semana pasada, cuando una periodista de este diario lo interrogó sobre el caso "López". En el expediente iniciado como consecuencia del amparo, Alperovich informó por escrito que sí sabía que el concursante frustrado prestaba servicio como secretario de la Fiscalía Anticorrupción a cargo de Jerez en la época del mirandismo. "Esto era de público conocimiento", contestó el gobernador a la pregunta que le envió Novillo por petición del amparista.