A la Justicia Federal le interesa saber cuántos bienes tiene el ministro de Salud, Juan Manzur. Pero, sobre todas las cosas, los investigadores deben averiguar cómo consiguió ese patrimonio.
En su afán por resolver el primero de los interrogantes, el juez federal Daniel Bejas, por pedido del fiscal federal Carlos Brito, tomó nuevas medidas, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el funcionario kirchnerista y vicegobernador tucumano (en uso de licencia).
Esta semana, el magistrado envió oficios a la provincia de San Juan, donde la esposa de Manzur, Sandra Mattar, tendría registradas dos propiedades, según fuentes judiciales. La intención de Bejas es saber si la familia del ministro tiene allí otros bienes y, en caso de que así sea, cuál es su valor.
La causa se inició en 2010, tras una denuncia del peronista disidente Oscar López, que luego aportó datos complementarios.
López acudió a la Justicia Federal tras conocerse que Manzur había declarado un patrimonio de $ 5 millones en 2009 ante la Oficina Anticorrupción de la Nación (OAN),
Al año siguiente, el abogado amplió su denuncia, pues trascendió en varios medios nacionales que el ministro tenía bienes por un valor de $ 9,7 millones declarados en 2010.
La Justicia Federal posee ambos informes enviados por la OAN, que son de carácter privado (allí figuran números de tarjetas de crédito, cuentas bancarias y direcciones de propiedades). Sin embargo, ambas declaraciones sólo tienen datos generales. Es decir, no expresan el valor de los bienes. Por eso, los investigadores enviaron oficios a Registros Inmobiliarios y Automotores y a entidades financieras de distintas partes del país (no trascendieron los destinos) con el fin de conocer más detalles.
Esta semana, el fiscal federal Brito le requirió a Bejas que se indague también sobre el patrimonio de Mattar, y el magistrado accedió a enviar los oficios a San Juan. Una vez que todos estos datos sean remitidos a la Justicia Federal, entonces comenzará la otra etapa de la pesquisa, que es determinar cómo acrecentó -o no- su patrimonio el ministro. Para ello, entre otros puntos, deberán saber también qué adquirió, cuándo y cómo el compañero de fórmula del gobernador, José Alperovich.
Más allá del incremento porcentual (un 74% de 2009 a 2010), sólo habría delito si el funcionario utilizó su cargo para enriquecerse de manera ilegal, explicaron fuentes judiciales. En las declaraciones juradas, por ejemplo, Manzur habría consignado acciones en empresas y plazos fijos, entre otros bienes. "Ambos pueden generar ganancias. Ahora, una vez que se tengan los informes de los bienes, se deberá cotejar si es posible que, con su salario y sus otros ingresos, el ministro pueda justificar el aumento de su patrimonio", indicaron las fuentes.
Por ello, además, se le requirió al Ministerio de Salud de la Nación que indique los haberes percibidos por Manzur desde 2009, cuando llegó al gabinete de la presidenta, Cristina Fernández.
La causa todavía está en un primer tramo, explicaron los investigadores, pues la definición sobre la competencia de la Justicia Federal llevó varios meses.
Pero, una vez reunidos todos los informes, el juez Bejas ya estará en condiciones de ordenar la intervención de un perito contable, si así lo considera. Y, en caso de constatarse alguna posible irregularidad o discordancia, entonces el magistrado podría requerirle al ministro, primero por escrito, que aclare la situación. Si la respuesta no llega o no es satisfactoria, entonces, Bejas estará en condiciones de citar a declarar a Manzur (lo que no implica un procesamiento formal).
Aún la Justicia Federal aguarda los informes sobre los bienes del ministro y su esposa. Con esas respuestas, los investigadores habrán contestado el primer interrogante de esta crónica.
En su afán por resolver el primero de los interrogantes, el juez federal Daniel Bejas, por pedido del fiscal federal Carlos Brito, tomó nuevas medidas, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el funcionario kirchnerista y vicegobernador tucumano (en uso de licencia).
Esta semana, el magistrado envió oficios a la provincia de San Juan, donde la esposa de Manzur, Sandra Mattar, tendría registradas dos propiedades, según fuentes judiciales. La intención de Bejas es saber si la familia del ministro tiene allí otros bienes y, en caso de que así sea, cuál es su valor.
La causa se inició en 2010, tras una denuncia del peronista disidente Oscar López, que luego aportó datos complementarios.
López acudió a la Justicia Federal tras conocerse que Manzur había declarado un patrimonio de $ 5 millones en 2009 ante la Oficina Anticorrupción de la Nación (OAN),
Al año siguiente, el abogado amplió su denuncia, pues trascendió en varios medios nacionales que el ministro tenía bienes por un valor de $ 9,7 millones declarados en 2010.
La Justicia Federal posee ambos informes enviados por la OAN, que son de carácter privado (allí figuran números de tarjetas de crédito, cuentas bancarias y direcciones de propiedades). Sin embargo, ambas declaraciones sólo tienen datos generales. Es decir, no expresan el valor de los bienes. Por eso, los investigadores enviaron oficios a Registros Inmobiliarios y Automotores y a entidades financieras de distintas partes del país (no trascendieron los destinos) con el fin de conocer más detalles.
Esta semana, el fiscal federal Brito le requirió a Bejas que se indague también sobre el patrimonio de Mattar, y el magistrado accedió a enviar los oficios a San Juan. Una vez que todos estos datos sean remitidos a la Justicia Federal, entonces comenzará la otra etapa de la pesquisa, que es determinar cómo acrecentó -o no- su patrimonio el ministro. Para ello, entre otros puntos, deberán saber también qué adquirió, cuándo y cómo el compañero de fórmula del gobernador, José Alperovich.
Más allá del incremento porcentual (un 74% de 2009 a 2010), sólo habría delito si el funcionario utilizó su cargo para enriquecerse de manera ilegal, explicaron fuentes judiciales. En las declaraciones juradas, por ejemplo, Manzur habría consignado acciones en empresas y plazos fijos, entre otros bienes. "Ambos pueden generar ganancias. Ahora, una vez que se tengan los informes de los bienes, se deberá cotejar si es posible que, con su salario y sus otros ingresos, el ministro pueda justificar el aumento de su patrimonio", indicaron las fuentes.
Por ello, además, se le requirió al Ministerio de Salud de la Nación que indique los haberes percibidos por Manzur desde 2009, cuando llegó al gabinete de la presidenta, Cristina Fernández.
La causa todavía está en un primer tramo, explicaron los investigadores, pues la definición sobre la competencia de la Justicia Federal llevó varios meses.
Pero, una vez reunidos todos los informes, el juez Bejas ya estará en condiciones de ordenar la intervención de un perito contable, si así lo considera. Y, en caso de constatarse alguna posible irregularidad o discordancia, entonces el magistrado podría requerirle al ministro, primero por escrito, que aclare la situación. Si la respuesta no llega o no es satisfactoria, entonces, Bejas estará en condiciones de citar a declarar a Manzur (lo que no implica un procesamiento formal).
Aún la Justicia Federal aguarda los informes sobre los bienes del ministro y su esposa. Con esas respuestas, los investigadores habrán contestado el primer interrogante de esta crónica.







