La zona de El Cadillal, minada de usurpaciones

Las alfombras verdes que se repliegan campo adentro y los puntos blancos que se multiplican en las cercanías del espejo de agua. Así se ve desde el cielo la proliferación de viviendas e instalaciones a orillas de la ruta provincial 347 (va desde la vía 9 hasta El Cadillal). El contraste de dos imágenes aéreas registradas por el Instituto Geográfico Nacional (fotos) para la Dirección de Catastro, una en 2001 y la otra, en 2011, evidencian un avance que alarma a las autoridades provinciales.

Sucede que la explosión de cultivos y la construcción de viviendas y complejos en El Cadillal ocurrieron -en su mayoría- sobre terrenos estatales. De acuerdo con los datos oficiales, hay 400 usurpaciones en la zona ubicada a 20 kilómetros de la capital. Si bien la apropiación de las áreas fiscales se agudizó durante los últimos 10 años, la problemática tiene antecedentes judiciales con ribetes escandalosos que involucraron a políticos y dirigentes gremiales. En esta oportunidad, aún no se difundieron los nombres de las personas comprometidas pero saldrán a la luz en pocos días. Ocurre que el Gobierno puso en funcionamiento un área específica para recuperar los inmuebles fiscales y comenzará en El Cadillal la embestida judicial.

"La orden que di es que hay que sacar a todos los usurpadores", afirmó el gobernador, José Alperovich, a LA GACETA. Al ser consultado sobre la posibilidad de que vuelvan a estar involucrados dirigentes o políticos, condenó: "lo lamento mucho, sean quienes sean se tendrán que ir. Aquí no hay amigos del poder".

El plan del Estado es aplicar un programa turístico (el Ente de Turismo brinda las autorizaciones y concesiones) que incluya predios con atracciones para los visitantes y también barrios ordenados de casas de descanso.

Fiestas y countries
"Hay un salón de fiestas que hasta se promociona por internet y un barrio privado que ofrece terrenos", precisó indignado el fiscal de Estado, Jorge Posse. Prácticamente a diario la Fiscalía recibe informes de terrenos del Estado que son ocupados irregularmente en toda la provincia y debe actuar para iniciar la recuperación.

"Es prioritario el trabajo en El Cadillal por el potencial turístico que tiene. Tenemos todos los elementos para iniciar las acciones judiciales. Queremos parar las usurpaciones sanguinarias", expresó. Si bien hay juicios iniciados, desde el área darán un reimpulso a la recuperación. "Ya logramos medidas cautelares para que no se sigan vendiendo loteos. Unas personas habían usurpado 20 hectáreas y estaban haciendo un country", detalló. En tanto, el fiscal adjunto, Daniel Aguirre, explicó que bajo la dependencia funcional de la oficina que dirigen funciona la flamante Uersi (Unidad Ejecutora de Regularización y Saneamiento de Inmuebles Fiscales). Encabezada por los abogados del Estado, cuenta con miembros del Ente de Turismo y de las direcciones de Catastro y Flora y Fauna. "Cada uno tiene actuaciones emprendidas, pero unilateralmente. Ahora tenemos intercambio de información. Nunca antes se había hecho y es fundamental", resaltó Aguirre. El letrado advirtió que también tienen situaciones críticas en Yerba Buena, Tafí del Valle y El Mollar. "En El Mollar, por ejemplo, hay construcciones sobre la vereda y baños en una plaza pública. Es alarmante el comportamiento de la población. También tenemos una reubicación grande por hacer en La Quebradita (Tafí del Valle)", añadió Posse.

Lo que se ve, usurpado
"Casi todo lo que se ve en la entrada a la villa está usurpado". La sentencia del director adjunto de Catastro, Alejandro Navarro, da cuenta de la magnitud de la situación ilegal. Según detalló, el departamento de Inmuebles Fiscales de esa repartición detectó al menos 400 usurpaciones. Explicó que no se puede determinar el número de usurpadores porque hay casos en los que, inclusive, se subdividieron y vendieron los terrenos ocupados. También hubo cesiones por lo que se dificultó la tarea de identificar a los ocupantes. "Lamentablemente, se altera el orden territorial. Además, hay zonas que se están deforestando y que están protegidas. Es un desastre", criticó. Explicó que si bien el acceso al dique es la franja más codiciada por los usurpadores, también hay partes afectadas en la villa y en el perilago. "Hay personas que podrían regular su situación, como el caso del salón de fiestas. Pero las casas no, porque son de dominio estatal y eso no prescribe", puntualizó. Comentó que la problemática es grave también otros lugares como Yerba Buena, donde habría 100 casos.

Tanto Catastro como la Fiscalía instaron a quienes hayan tenido ofrecimientos de terrenos a acercarse a cualquiera de las dos áreas para averiguar si son fiscales. De hecho, en Catastro hay una oficina específica. Mientras que si ya compraron, recomendaron no construir. "Sería penoso que pase lo que en El Mollar, que es una villa veraniega hacinada", concluyó Navarro.