Amplio rechazo al incremento de los impuestos

"Genera inseguridad jurídica en la provincia". "Su aplicación vulnera garantías constitucionales". "La excesiva presión fiscal desalienta las inversiones". "En este contexto, Tucumán se torna menos competitiva". "El nuevo Código genera indefensión en los contribuyentes". "Estamos volviendo al Siglo XII". Estas fueron sólo algunas de las expresiones que se escucharon en el debate organizado por el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de Tucumán (Cgcet), en el que se rechazó la aplicación del nuevo Código Tributario, aprobado por la Legislatura provincial a fines del año pasado.

La mesa panel estuvo integrada por legisladores, economistas, contadores y abogados especialistas en derecho tributario. Fue criticada por los presentes la ausencia del director de Rentas de la provincia, Pablo Clavarino, y del legislador alperovichista y presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara, Ramiro González Navarro.

En un auditorio colmado, el legislador opositor Alberto Colombres Garmendia (PRO) fue quien inauguró la charla. El parlamentario cuestionó la rapidez con que el oficialismo aprobó el proyecto de ley que fue enviado a la Legislatura el 20 de diciembre pasado y que obtuvo dictamen favorable unas horas después por la comisión de Hacienda, donde no hay legisladores opositores. "El proyecto fue redactado íntegramente por el Poder Ejecutivo, que se arrogó funciones legislativas cuando una reforma integral lleva meses de análisis y consultas. Es un Código parcializado que pone a los contribuyentes en situación de indefensión" criticó Colombres Garmendia.

A su turno, el economista Osvaldo Meloni hizo hincapié en el impacto negativo macroeconómico que origina la presión fiscal. "Tucumán está muy rezagada entre las provincias competitivas y el Gobierno contribuye en gran parte a esa situación", advirtió el profesional. Señaló que la tendencia en ciclos de recesión apunta a reducir las tasas impositivas y no en sentido contrario. "Prevalece la lógica de la discrecionalidad", enfatizó Meloni.

Por su parte, el especialista en derecho tributario, Leandro Stok, cuestionó el inciso 4 del artículo 9 de la norma que rige los embargos preventivos sin la intervención del juez. "El Poder Ejecutivo no puede asumir la función jurisdiccional. El juez pasa a cumplir funciones testimoniales. Estamos volviendo al siglo XII", se quejó.

Su colega Mario Salvo calificó de "llamativo" que se desconozca la doctrina en temas puntuales y sensibles como la prescripción. También cuestionó los privilegios para litigar que se concede a los abogados de Rentas en los plazos. Desde la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (Feput), Ricardo Nassif expresó: "nos dicen que los impuestos no aumentarán, pero en los bolsillos se hace sentir cada vez más la presión fiscal. Esta inflación normativa atenta contra la seguridad jurídica".