Piden a la Corte que anule el segundo dictamen del primer concurso del CAM

El jurado se mantiene en sus trece, lo mismo que el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), y que los impugnantes Carlos Arraya y María Dolores Leone Cervera. Es decir: como el primero ratificó las calificaciones de cinco aspirantes a llenar cuatro vocalías en la Cámara Civil y Comercial Común que acudieron a la Corte Suprema Justicia de Tucumán (CSJT) para discutir la corrección del examen escrito; y el segundo volvió a desestimar las impugnaciones planteadas, los terceros regresaron a la Corte, esta vez para que anule los actos del jurado y del CAM, y, mientras tanto, impida que prosiga la sustanciación del proceso de selección iniciado a comienzos de 2010 y suspendido a mediados de ese año.

El juez Arraya, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial de la II Nominación, necesita 8,5 puntos para pasar a la entrevista (la ley y el reglamento originales que rigen este concurso exigen un piso de 60 puntos entre la calificación del curriculum y de la oposición para acceder a la tercera etapa). En pos de conseguir lo que le falta para ascender a camarista, Arraya solicitó este lunes a la CSJT que dé por no presentado el segundo dictamen del tribunal examinador compuesto por Raúl Etcheverry, Daniel Moeremans y Carlos Ibáñez (este documento fue redactado a instancias del fallo de la CSJT que en los juicios de Arraya, de Leone Cervera y de otros tres impugnantes estableció que, en caso de objeciones a la corrección de la prueba, la consulta al jurado es obligatoria y no facultativa como había interpretado el CAM).

Según Arraya, el segundo dictamen es nulo porque sólo la primera parte de este, "que contiene manifestaciones genéricias", fue firmado por los tres miembros del jurado. "A continuación existe un denominado dictamen adicional de Moeremans e Ibáñez en el que sí tratan en forma concreta las impugnaciones, pero que es nulo por no haber intervenido el miembro más importante del jurado". Trascartón, expresó que Etcheverry, que reside en la Ciudad de Buenos Aires, debía garantizar la transparencia, objetividad, imparcialidad y ecuanimidad: "no es un dato menor... Así como es necesaria la participación de los tres jurados para calificar, también lo es para brindar explicaciones concretas... previa deliberación".

Arraya pretende que la Corte ordene que se pronuncien sobre las impugnaciones consultores técnicos de reconocida solvencia jurídica de las universidades públicas de Buenos Aires y Córdoba. Además, el juez pidió al alto tribunal que lo coloque en igualdad de condiciones con la concursante María del Pilar Amenábar, que obtuvo un fallo -dictado por una Corte con distinta composición- que obliga al CAM a entrevistarla pese a que esta postulante no reunió el puntaje mínimo exigido (le faltan 3 unidades para llegar a los 60). "Solicito que disponga que todos los postulantes pasen a la última etapa del concurso o entrevista, cualquiera sea el puntaje obtenido".

Leone Cervera (logró 56 puntos) invocó también el argumento de la ausencia de la rúbrica de Etcheverry en el sector del segundo dictamen que analiza especifícamente las impugnaciones rechazadas (tilda de "libelo" a este informe). Asimismo, esgrimió que ni ella ni la Provincia (actuó como parte demandada porque la Corte negó al CAM la legitimación para intervenir en los juicios) solicitaron la ejecución de la sentencia. Afirmó: "al no mediar petición de ninguna de las partes, todo lo actuado por el CAM deviene insanablemente nulo".

Al igual que Arraya -aunque con mayor desarrollo-, la concursante reprochó que el CAM haya rechazado las impugnaciones (previa ratificación del dictamen del jurado) con la firma de dos consejeros (Antonio Bustamante y Carolina Vargas Aignasse) que ya habían intervenido en el trámite de los planteos que derivó en la judicialización del concurso. Aseveró: "tales miembros se encontraban vedados de deliberar y votar por haber emitido opinión... Prueba de lo afirmado es que Daniel Posse (vocal de la CSJT y presidente del CAM) se inhibió de intervenir por haber participado en el proceso judicial".