23 Enero 2012 Seguir en 
MADRID.- El juez Baltasar Garzón, magistrado atípico y controvertido, responderá la próxima semana ante la Justicia española por haber querido investigar la suerte de los desaparecidos del franquismo, un tema todavía tabú que divide a una España donde las heridas siguen abiertas.
Suspendido de sus funciones desde mayo de 2010, el juez español podría ser condenado a un máximo de 20 años de inhabilitación profesional, lo que pondría fin a su carrera. Demandado por dos asociaciones de ultraderecha, Garzón, está acusado de vulnerar una ley de amnistía de 1.977 que dos años después de la muerte de Francisco Franco cerró un pacto de silencio sobre los crímenes de la Guerra Civil (1936-39) y la dictadura (1939-75). A petición de familiares de las víctimas, Garzón intentó en 2006 descubrir la suerte de unos 114.000 desaparecidos, aunque acabó renunciando a ello en 2008 ante la oposición de la fiscalía.
La argumentación del juez coincidía con los principios de los tribunales internacionales: las desapariciones forzosas de civiles, cuyos cuerpos nunca fueron hallados, constituyen crímenes contra la humanidad que no prescriben y escapan a la amnistía.
Las querellas mostraron que las heridas del franquismo no están cerradas a pesar de la aprobación en 2007 de una ley sobre la memoria histórica para rehabilitar a las víctimas. "Los crímenes del franquismo es el gran tema pendiente de la democracia española", destaca el abogado de Baltasar Garzón, Gonzalo Martínez Fresnada. (AFP-NA)
Suspendido de sus funciones desde mayo de 2010, el juez español podría ser condenado a un máximo de 20 años de inhabilitación profesional, lo que pondría fin a su carrera. Demandado por dos asociaciones de ultraderecha, Garzón, está acusado de vulnerar una ley de amnistía de 1.977 que dos años después de la muerte de Francisco Franco cerró un pacto de silencio sobre los crímenes de la Guerra Civil (1936-39) y la dictadura (1939-75). A petición de familiares de las víctimas, Garzón intentó en 2006 descubrir la suerte de unos 114.000 desaparecidos, aunque acabó renunciando a ello en 2008 ante la oposición de la fiscalía.
La argumentación del juez coincidía con los principios de los tribunales internacionales: las desapariciones forzosas de civiles, cuyos cuerpos nunca fueron hallados, constituyen crímenes contra la humanidad que no prescriben y escapan a la amnistía.
Las querellas mostraron que las heridas del franquismo no están cerradas a pesar de la aprobación en 2007 de una ley sobre la memoria histórica para rehabilitar a las víctimas. "Los crímenes del franquismo es el gran tema pendiente de la democracia española", destaca el abogado de Baltasar Garzón, Gonzalo Martínez Fresnada. (AFP-NA)
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