El PE ignoró al Consejo de la Magistratura

La decisión del Poder Ejecutivo de elevar a la Legislatura los pliegos para cubrir media docena de vacantes en el Poder Judicial generó malestar en Tribunales. La tensión surgió porque se obvió la opinión del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) en las postulaciones para las fiscalías de Instrucción VI y VIII, para las cuales se impulsa a Adriana Reinoso Cuello (secretaria de la Sala II de la Cámara Penal) y al jujeño Oscar Tomás del Campo. Estos integraban la terna del CAM para la Defensoría Oficial V.
El fastidio se manifestó en un pronunciamiento del CAM. "Hechos como el presente implican el regreso a épocas ya superadas donde la discrecionalidad del poder político generó designaciones de magistrados para cargos distintos a los de su especialidad". Esto es lo que aseguraron Héctor Eduardo Area Maidana, Pedro Rougés, Carlos Parajón Canteli y Eduardo Fernández, en representación de la Corte Suprema de Justicia, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT, y de los colegios de Abogados de Tucumán y del Sur, respectivamente.
Los miembros del CAM aclararon que no objetan a las personas propuestas por el PE, pero sí el mecanismo utilizado. "Si bien es cierto que nuestro aconsejamiento no es vinculante, el PE, de ninguna manera, puede disponer de otros nombres de la terna para cargos distintos de los mencionados en las correspondientes convocatorias", dijeron.
Hace 14 días, el PE reglamentó por decreto el funcionamiento del CAM y le impuso un plazo de 30 días para decidir las ternas para cada cargo, bajo advertencia de que, si no había propuesta, decidiría directamente a quién postular. Ante esta medida, el CAM aclaró que no estaba en mora en la tramitación de las coberturas.

Ronda de entrevistas
El polémico decreto aún no está vigente, porque falta su publicación en el Boletín Oficial. Luego, el Gobierno tiene decidido notificar formalmente y por escrito del nuevo régimen a los integrantes del CAM, para que luego entre en funcionamiento.
En los casos polémicos, el Gobierno ni siquiera esperó el plazo decidido por sí mismo, y propuso a la Legislatura a Reinoso Cuello y a Del Campo, quienes eran parte de la terna para la Defensoría Oficial junto a Hernán Molina, impulsado por el PE para ese cargo.
Reinoso Cuello estaba inscripta como aspirante a la Fiscalía VI junto a otros 34. Precisamente, a partir de ayer el Colegio de Abogados citó a los postulantes para una ronda de entrevistas personales con cada uno.
Del Campo no se inscribió en ningún otro concurso del CAM, aparte del de defensor oficial, área en la que se especializó.Los abogados se quejaron porque el PE no respetó el perfil de cada candidato para ejercer como defensor o como acusador.


Dicen que respetaron los nombres sugeridos
El secretario de Gobierno, Luis Acosta, justificó ayer la decisión del Poder Ejecutivo de elevar a la Legislatura los nombres de dos candidatos a ocupar las vacantes fiscalías de Instrucción VI y VIII sin esperar la propuesta -no es vinculante- del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).
El funcionario destacó que se mandaron los pliegos de quienes fueron ternados por el CAM para la Defensoría Oficial V. "No se podía esperar más ante el virtual colapso de las fiscalías por las numerosas vacantes. Fue una decisión excepcional por la coyuntura existente y así se lo indicó en los pliegos remitidos a la Cámara", aseveró Acosta.
Acosta no cree que se haya ignorado al CAM (lo forman la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT). "Se respetó su opinión del CAM y se postularon a dos personas propuestas para el mismo fuero penal aunque en otra terna. Todos son miembros del Ministerio Público Fiscal. No comparto la crítica de que se requieren perfiles distintos para los cargos de acusador y de defensor", remarcó.
El PE propuso a Adriana Marcela Reinoso Cuello y a Oscar Tomás del Campo para las fiscalías VI y VIII. Ambos integraban la terna para la Defensoría Oficial V junto a Hernán Molina, cuyo pliego fue finalmente elevado.
Acosta recordó que se respetó la opinión del CAM en las otras propuestas: José Alfredo Garzia para una vocalía de la Cámara Penal de Concepción; Mirta Ibáñez de Córdoba, para la Cámara Civil y Comercial de Concepción; y Marta Elvira Gandur de Brito, para el juzgado de Familia y Sucesiones. "Ella es esposa del vocal de la Corte Suprema, Alberto José Brito", precisó.
"En todos los demás cargos, que no tienen tan fuerte impacto en la sociedad como el fuero penal, continuaremos con el trámite normal. No avasallamos al CAM, pero el aumento de la delincuencia exige que haya fiscales fijos y no más suplentes en los cargos", destacó el funcionario.

"No se inventó a nadie"
El secretario insistió en que el PE no inventó nombres ni postuló gente que no haya estado propuesta por el CAM. "De haber estado como dirigente de los abogados (integró el Colegio), no me hubiese molestado una decisión de la naturaleza de la que tomó el PE, porque el momento lo exigía. La Fiscalía V lleva mucho tiempo sin cubrirse (ayer se postergó por una semana la asunción en el cargo de Alejandro Noguera) y el concurso para la VI fue convocado el 24 de abril, hace más de 3 meses", añadió.
"La futura demora en la designación de los nuevos magistrados ya no depende de nosotros. Serán los tiempos de la Legislatura, que se tomará el plazo que corresponda para resolver. No haremos nada porque respetamos la división de poderes", dijo.