En la última sesión del año, concejales de Yerba Buena adhirieron al Pacto Social

Los oficialistas aseguraron que habrá paz social. Los opositores, que se resigna independencia. Sobre esos dos tópicos giró la discusión referida al Pacto Social 2012, al cual adhirieron ayer mediante una ordenanza los concejales de Yerba Buena. Así, con la sanción de otra norma polémica, culminó el año para los ediles de "Ciudad Jardín".

Los tres proyectos que fueron tratados en la sesión de ayer culminaron con el mismo resultado: seis votos a favor, tres en contra.

Además del Pacto Social 2012, el cuerpo votó otras dos ordenanzas: Pavimento para Todos, y la Emergencia Económica e Inembargabilidad de los Fondos Públicos.

La más discutida fue la primera de ellas, que implica para el municipio la garantía del pago de los sueldos y aguinaldos de todos sus empleados (en lo denominado Pacto Sueldo); y la inversión en infraestructura para la ciudad (llamada Pacto Obras). A cambio, la ciudad debe cederle a la Provincia lo que le corresponde en concepto de coparticipación.

Discusión

"Estamos convencidos de que es una medida necesaria para Yerba Buena. Garantiza los salarios y le da continuidad a la obra pública, que en definitiva es lo que la gente quiere. Más allá de todo lo que podamos legislar, los vecinos piden gestión y hechos. El Pacto Social, en ese sentido, genera que podamos brindar todo eso", expresó el concejal oficialista Luciano Villegas. Con su voto y el de sus cinco pares, Rolando Canseco, Marcelo Albaca, Antonio Pisano, Mauricio Marcoccia y Antonio Caferro, la norma fue sancionada.

Pero antes, los tres opositores que estaban en el recinto cuestionaron el proyecto de ordenanza. "Viola una garantía constitucional, que es la autonomía económica y financiera de los municipios", dijo el edil Pablo Berarducci (bloque "Por Yerba Buena"). Además, sostuvo que los números sólo favorecen a la Provincia. "Las cuentas indican que les corresponden $ 2.100 millones a los municipios y comunas. Pero, con el Pacto Social, los fondos asignados no llegan a $ 1.600 millones. Entonces, hay $ 600 millones que se dejan de recibir. El argumento de la paz social es absolutamente falaz", aseveró. Y también cuestionó el mecanismo. "El plan de obra, por ejemplo, es determinado por el gobernador, por vía de contratación directa y sin licitación", dijo.

El radical Mariano Campero también cuestionó la norma. "Hoy observamos cómo la concentración del poder del gobernador (José Alperovich) convierte a los municipios en meras secretarías administrativas", indicó.

Otras dos ordenanzas que implican adhesiones a leyes provinciales fueron sancionadas ayer.

El plan Pavimento para Todos, que implica la inversión en obras públicas viales para Yerba Buena; y la Emergencia Económica (norma que implica, entre otras cosas, el blindaje de las cuentas del Estado para que no puedan ser embargadas). "Con estas leyes le damos continuidad al proyecto del intendente, Daniel Toledo, y afianzamos la paz social", dijo Villegas.

Campero tiene otra perspectiva. "Resulta inconcebible que, por un lado, el gobernador hable de recaudación histórica y, por el otro, se pretenda declarar la Emergencia Económica con el único objeto de sortear mecanismos de control mediante la contratación directa y sin licitación pública", aseveró el opositor.