Las causas judiciales contra sindicalistas marcaron el año

BUENOS AIRES.- El consumido 2011 comenzó, transcurrió y cierra como un año atravesado por las causas judiciales contra sindicalistas, no habituados a rendir cuentas ante la Justicia, y por el caso Schoklender, que salpicó al Gobierno Nacional por el supuesto desvío de fondos públicos que recibieron las Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas sociales.

El líder del gremio de los peones rurales, Gerónimo "Momo" Vegenas, el dirigente bancario Juan José Zanola y los ferroviarios José Pedraza y Rubén "Pollo" Sobrero pasaron por la Justicia con mejor y peor suerte, pero con duras acusaciones.

Venegas fue detenido el 10 de febrero por el juez Norberto Oyarbide en la causa de la "mafia de los medicamentos" acusado de defraudar al Estado y de envenenamiento de sustancias, lo que provocó cortes de ruta en todo el país y marchas ante los tribunales.

El sindicalista fue liberado al día siguiente tras declarar y depositar una fianza de $ 500.000 en efectivo y, desde entonces, Oyarbide lo citó para volver a indagarlo pero el trámite fue postergado en seis ocasiones.

Zanola estaba preso desde el 30 de noviembre de 2009, también en la causa por los medicamentos, y fue liberado hace dos semanas, luego de que la Cámara Federal anuló la prórroga de su detención con críticas a Oyarbide por el trámite de la causa.

Pedraza, titular de la Unión Ferroviaria, fue detenido el 22 de febrero acusado de planificar el crimen del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra ocurrido el 20 de octubre del año pasado en Barracas, durante un reclamo de empleados ferroviarios.

Juicio, el 22 de febrero

Desde entonces está preso y el próximo 22 de febrero comenzará el juicio contra él y otras nueve personas acusadas de participar del hecho. Por su parte, Sobrero estuvo preso cuatro días, tras ser detenido el 30 de septiembre, acusado de liderar la quema de trenes que había ocurrido el 2 de mayo en las estaciones de Haedo y Ciudadela.

El juez de la causa, Juan Manuel Yalj, declaró que había prueba suficiente para imputarlo y detenerlo, lo que fue ratificado públicamente por el entonces jefe de Gabinete el senador nacional, Aníbal Fernández.

Pero la prueba se cayó -estaba basada en dichos de un indigente preso y las tareas de inteligencia de la Policía Federal hechas por la red social Facebook- y el sindicalista fue liberado y luego recibió una falta de mérito.

Hugo Moyano, el titular de la CGT, también fue nombrado varias veces en tribunales: tiene abierta una causa donde se lo acusa de firmar carpetas del gremio de camioneros, en las que le pidió al Estado el pago por remedios para pacientes que en realidad nunca se habrían entregado, pero no fue citado.

También el jefe de la Uocra, Gerardo Martínez, uno de los "mimados" de la Casa Rosada y erigido en un momento como candidato a suceder a Moyano en la CGT, quedó en la mira de la Justicia por una denuncia sobre su presunta pertenencia a Inteligencia del Ejército. Sobre el filo del fin de año, desde el propio Gobierno se desligó al dirigente de aquellos episodios.

Desvío de fondos

En tanto, Sergio Schoklender, condenado junto a su hermano Pablo por asesinar en 1981 a sus padres, volvió a ser protagonista de una causa judicial.

Los hermanos fueron acusados de haber desviado fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, de la que fueron hasta mayo pasado sus apoderados, para comprar bienes como yates, aviones y autos, a través de distintas empresas.

El fiscal Jorge Di Lello pidió que los Schoklender y otras 66 personas, entre ellas Alejandra Bonafini, hija de la presidenta de Madres, Hebe de Bonafini, sean citados a indagatoria.

Se trata de fondos públicos que el Ministerio de Planificación Federal destinó a las Madres para la construcción de viviendas, por lo que funcionarios de esa cartera fueron citados por el Congreso nacional a brindar explicaciones. (DyN)