Por Redacción Política
29 Diciembre 2011
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BUENOS AIRES.- La presidenta, Cristina Fernández, promulgó la Ley Antiterrorista sancionada por el Congreso, pese al rechazo de organizaciones políticas y sociales que le reclamaban el veto a la norma aprobada a instancias del organismo de antilavado GAFI.
Organizaciones sociales y gremiales, en tanto, anunciaron que hoy movilizarán a Plaza de Mayo para rechazar la norma.
A través del decreto 265/11 publicado en el Boletín Oficial, se promulgó la ley 26.734 que significa una modificación de varios artículos del Código Penal vinculados con actividades destinadas que podrían aterrorizar a la población.
Uno de los artículos incorporados al Código Penal establece el incremento de penas "cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido para aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".
En ese caso, la escala de la pena "se incrementará en el doble del mínimo y el máximo" y aclara la ley que las agravantes no se aplicarán cuando los hechos se realicen "en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional", un texto reclamado por aliados del kirchnerismo en Diputados.
También establece prisión de entre cinco y 15 años y multas a quien "recolectare o proveyere bienes o dinero" para "financiar la comisión de un delito con la finalidad establecida" por el artículo que se refiere a los actos que aterroricen a la población. (DyN)
Organizaciones sociales y gremiales, en tanto, anunciaron que hoy movilizarán a Plaza de Mayo para rechazar la norma.
A través del decreto 265/11 publicado en el Boletín Oficial, se promulgó la ley 26.734 que significa una modificación de varios artículos del Código Penal vinculados con actividades destinadas que podrían aterrorizar a la población.
Uno de los artículos incorporados al Código Penal establece el incremento de penas "cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido para aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".
En ese caso, la escala de la pena "se incrementará en el doble del mínimo y el máximo" y aclara la ley que las agravantes no se aplicarán cuando los hechos se realicen "en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional", un texto reclamado por aliados del kirchnerismo en Diputados.
También establece prisión de entre cinco y 15 años y multas a quien "recolectare o proveyere bienes o dinero" para "financiar la comisión de un delito con la finalidad establecida" por el artículo que se refiere a los actos que aterroricen a la población. (DyN)
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