Garzón tomó declaración a más de 20 tucumanos

Desde Madrid, el abogado de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos, Carlos Slepoy, confesó su satisfacción por la detención de Antonio Bussi a causa del pedido de extradición del magistrado español Baltasar Garzón contra 45 militares y un civil argentinos por violaciones a los derechos humanos durante el Proceso. "Es uno de los grandes emblemas de los crímenes de lesa humanidad", aseveró.
Slepoy nació en la Argentina, pero debió exiliarse en 1977 luego de haber estado detenido más de un año a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Actualmente es el representante de la llamada acusación popular en el proceso que impulsa Garzón.
"Es fundamental hacer justicia con Bussi. Está amplísimamente probada su responsabilidad y le cabe la acusación genérica de genocidio por la aplicación del terrorismo de Estado. Tenemos registrados en la acusación los nombres de 427 personas que desaparecieron en Tucumán y la existencia de 17 centros clandestinos de detención", detalló en un diálogo telefónico con LA GACETA.
El abogado lamentó que el ex gobernador haya sido elegido intendente de la capital. Pero rechazó las críticas que se hacen a esa decisión ciudadana. "Se vuelca sobre las espaldas del pueblo tucumano lo que es responsabilidad de la sociedad argentina, que debería haber puesto preso a Bussi hace tiempo", afirmó.

Desfile de testigos
La acusación contra el conductor de Fuerza Republicana se basó en la documentación de la Comisión Bicameral de la Legislatura provincial que, entre 1983 y 1985, investigó lo ocurrido durante el Proceso. Uno de los integrantes de ese cuerpo fue el legislador legislador electo Alejandro Sangenis (Unión por Tucumán).
Garzón les tomó declaración a más de 20 tucumanos, entre parientes de víctimas de la represión (Marta Rondoletto, Adelaida Campopiano, Aurora de Pisarello, Juan Martín y Ana María Falú, entre otros) y ex legisladores (Marta Zurita, Malvina Seguí, Carlos Courel y Alberto Darnay). También lo hizo el ex gendarme Omar Torres, un testimonio considerado clave en el proceso por haber vinculado directa y expresamente a Bussi. Contando a todos los acusados, se presentaron más de 300 testigos; hay 120 tomos de documentación y otros tantos de planteos.
"Esta causa no está vinculada a la nacionalidad de las víctimas, sino que se impulsa por crímenes contra la humanidad. Por eso no se limita a ciudadanos españoles. Hay relatados casos de destrucción masiva de familias, como los Morales, los Ganum, los Alarcón o los Rondoletto", indicó.

Bussi espera de buen humor las resoluciones
Antonio Bussi está de buen humor y lo entusiasmaron los discursos que el lunes -celular mediante- escuchó de los dirigentes de Fuerza Republicana (FR), que le prometieron que en octubre ganarán las elecciones para diputados y senadores nacionales.
Además, espera que hoy el juez federal Rodolfo Canicoba Corral le conceda el beneficio de continuar con el arresto pero en la casa de su hija, Claudia (ahora está en el comando del I Cuerpo de Ejército en la Capital Federal).
Ayer, los abogados contratados por el Ejército, Alfredo Bataglia, Luis Velazco y Gerardo Ibáñez, solicitaron la inmediata liberación de los generales (r) Bussi, Luciano Benjamín Menéndez, Luis Martella y Alberto Cattáneo; los coroneles Albino Mario Zimmerman y Augusto Neme, y el teniente coronel Héctor Schwab.
"Se trata de un beneficio especial, previsto en el convenio firmado con España, distinto del instituto de exención de prisión o excarcelación", dijeron.
En forma paralela, FR contrató a Adolfo Casabal Elía para que, con la coordinación de Gregorio Badeni, defienda a Bussi en forma particular. No se pidió la asistencia legal del penalista Fernando Archimbal.