La refinanciación de las deudas de los municipios, de la que se encargará el Poder Ejecutivo a partir de la autorización legislativa sancionada el lunes pasado, representará un alivio en el corto plazo para las administraciones, pero no las liberará de sus obligaciones de racionalizar el gasto.
"De hecho, la Provincia no está absorbiendo esos pasivos. Se está constituyendo en solidaria responsable de las deudas, pero las pagará con los recursos de las municipalidades", advirtió el vicegobernador Sisto Terán, en diálogo con LA GACETA.
En esa misma línea, el vicepresidente primero de la Legislatura, Germán Alfaro (PJ), precisó que los municipios podrán encarar una gestión sin problemas en una primera etapa, pero que eso no significa que todo esté solucionado. "Van a tener que hacer ajustes del gasto político, especialmente en la capital", dijo.
En principio, se buscará una refinanciación a 16 años de plazo, con dos años de gracia.
El caso Famaillá
"No entiendo qué objeta la oposición -cuestionó Terán-. Nos estamos ajustando a la orden nacional de refinanciación y sería un error trágico no ingresar en ella. De hecho, sólo siete provincias cumplen con los requisitos para poder renegociar los pasivos de sus municipalidades", apuntó Terán.
Alfaro, justamente, señaló que en estos momentos, los municipios necesitan la refinanciación y que no pueden desaprovechar esta oportunidad. "Y en cuanto a los planteos de la oposición, es conveniente que se presenten en la Justicia con sus denuncias", dijo. Los opositores, sin embargo, se mostraron aún más virulentos que en la sesión. El legislador y presidente de la UCR, José Ricardo Ascárate, insistió en que hay que aclarar "a quién se va a pagar las deudas municipales y qué es lo que se tiene que cancelar". Justamente, presentó la copia de un acuerdo de 1997, en el que la Municipalidad de Famaillá pidió U$S 400.000 al Banco Comafi y U$S 140.000 al Comafi Caimán, obligándose a devolver ambos créditos a esta última entidad, en 11 meses, y con afectación de su coparticipación.
"En el senado de Estados Unidos hay una comisión que nos indicó que en Tucumán se lavó dinero por triangulación de bancos argentinos con entidades de las islas Caimán", recordó.
Complementariamente, Rubén Chebaia apuntó que, según la documentación, Famaillá debe imputar sus pagos "a honorarios, comisiones, impuestos, tasas, cualquier otro gasto, intereses punitorios, intereses compensatorios y capital, en ese orden". Es decir, el dinero del préstamo, propiamente, se paga sólo cuando se cancelaron el resto de las obligaciones.
Contrapuntos
El ex republicano Gustavo Rojas Alcorta recordó que, este año, la Cámara había aprobado por unanimidad la refinanciación de la deuda bancaria del Estado provincial.
"Era por un monto no precisado, que oscilaba los $ 1.413 millones -apuntó-. Entre otros préstamos, había un monto de $ 42 millones y otro de $ 27 millones, con el banco Bissel, también sospechado por la comisión del Congreso de la Nación de lavar dinero. Pero ahí, a ningún opositor le surgieron dudas", machacó.
"Se emplea el mismo razonamiento que en los comicios. Si se puede hace un fraude por 1.000, lo hagamos por 100.000. Y acá no hay fraude grande o chico, sino delito", respondió Osvaldo Cirnigliaro (PJ).
"De hecho, la Provincia no está absorbiendo esos pasivos. Se está constituyendo en solidaria responsable de las deudas, pero las pagará con los recursos de las municipalidades", advirtió el vicegobernador Sisto Terán, en diálogo con LA GACETA.
En esa misma línea, el vicepresidente primero de la Legislatura, Germán Alfaro (PJ), precisó que los municipios podrán encarar una gestión sin problemas en una primera etapa, pero que eso no significa que todo esté solucionado. "Van a tener que hacer ajustes del gasto político, especialmente en la capital", dijo.
En principio, se buscará una refinanciación a 16 años de plazo, con dos años de gracia.
El caso Famaillá
"No entiendo qué objeta la oposición -cuestionó Terán-. Nos estamos ajustando a la orden nacional de refinanciación y sería un error trágico no ingresar en ella. De hecho, sólo siete provincias cumplen con los requisitos para poder renegociar los pasivos de sus municipalidades", apuntó Terán.
Alfaro, justamente, señaló que en estos momentos, los municipios necesitan la refinanciación y que no pueden desaprovechar esta oportunidad. "Y en cuanto a los planteos de la oposición, es conveniente que se presenten en la Justicia con sus denuncias", dijo. Los opositores, sin embargo, se mostraron aún más virulentos que en la sesión. El legislador y presidente de la UCR, José Ricardo Ascárate, insistió en que hay que aclarar "a quién se va a pagar las deudas municipales y qué es lo que se tiene que cancelar". Justamente, presentó la copia de un acuerdo de 1997, en el que la Municipalidad de Famaillá pidió U$S 400.000 al Banco Comafi y U$S 140.000 al Comafi Caimán, obligándose a devolver ambos créditos a esta última entidad, en 11 meses, y con afectación de su coparticipación.
"En el senado de Estados Unidos hay una comisión que nos indicó que en Tucumán se lavó dinero por triangulación de bancos argentinos con entidades de las islas Caimán", recordó.
Complementariamente, Rubén Chebaia apuntó que, según la documentación, Famaillá debe imputar sus pagos "a honorarios, comisiones, impuestos, tasas, cualquier otro gasto, intereses punitorios, intereses compensatorios y capital, en ese orden". Es decir, el dinero del préstamo, propiamente, se paga sólo cuando se cancelaron el resto de las obligaciones.
Contrapuntos
El ex republicano Gustavo Rojas Alcorta recordó que, este año, la Cámara había aprobado por unanimidad la refinanciación de la deuda bancaria del Estado provincial.
"Era por un monto no precisado, que oscilaba los $ 1.413 millones -apuntó-. Entre otros préstamos, había un monto de $ 42 millones y otro de $ 27 millones, con el banco Bissel, también sospechado por la comisión del Congreso de la Nación de lavar dinero. Pero ahí, a ningún opositor le surgieron dudas", machacó.
"Se emplea el mismo razonamiento que en los comicios. Si se puede hace un fraude por 1.000, lo hagamos por 100.000. Y acá no hay fraude grande o chico, sino delito", respondió Osvaldo Cirnigliaro (PJ).







