Mirar hacia adelante

Cualquiera sea la visión que se tenga sobre las urgencias que reclama la realidad de la Argentina, parece obvio afirmar que existe una convicción generalizada de que el país debe encarar, sin vacilaciones, una nueva etapa. Enderezar definitivamente su grave situación económica externa e interna; atender a la no menos grave crisis social que se exterioriza de mil maneras; adecentar la función pública y la actividad política; garantizar la cada vez más amenazada seguridad de los ciudadanos; desarrollar el potencial productivo e industrial de la nación. Tales serían, en una gruesa enumeración ejemplificativa, los puntos más importantes de la tarea que el Gobierno tiene responsabilidad de afrontar y que constituye, sin duda alguna, un fuerte desafío. Es evidente que esos rubros implican, sustancialmente, una acción hacia adelante. Un ir desde el presente hacia ese futuro que queremos conquistar, y respecto del cual alentamos la legítima aspiración de que sea sustancialmente mejor que el pasado que dejamos atrás.
Tal es el contexto en el cual se mueven, actualmente, las preocupaciones candentes de los argentinos. Todos queremos saber cómo se va a caminar, en adelante. Y por eso mismo no puede sino resultar cuestionable el súbito regreso, operado últimamente, de cuestiones que ya entendíamos como juzgadas y terminadas. Nos referimos al caso de los ex militares y militares retirados, cuya detención preventiva acaba de ser dispuesta por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, en virtud de que el magistrado de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, quiere extraditar a esas personas para ser juzgadas, en este último país, por violaciones a los derechos humanos cometidas en la Argentina durante el proceso militar que se extendió desde 1973 a 1983.
La legislación penal vigente en nuestro país establece con absoluta precisión el principio de la territorialidad de la ley. El Código Penal, en su artículo primero, expresa inequívocamente que se aplicará "a delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nación Argentina, o en los lugares sometidos a su jurisdicción". Es decir, que todo hecho delictivo acaecido en nuestra República debe ser juzgado aquí y resuelto definitivamente aquí, y por nuestros tribunales. Este solo argumento torna inaceptable la pretensión de un magistrado de España de llevar a juicio y en su territorio a quienes entiende responsables de delitos.
Además, debe tenerse en cuenta que todos ellos ya fueron juzgados oportunamente entre nosotros, en distintas instancias y momentos. El hecho de que los fallos pronunciados no complacieran las expectativas de sectores de la población, es una cuestión aparte y que no puede tener efectos jurídicos de ningún tipo. No es posible, entonces, admitir un nuevo juzgamiento. Incluso si se acordaran tribunales supranacionales para entender en determinado tipo de delitos, sólo podrían aplicarse a casos futuros y no con retroactividad.
Estas cuestiones parecen suficientemente claras y no debiera volverse sobre ellas. El imperativo de la Argentina es mirar hacia adelante, y terminar con la costumbre de resucitar un pasado que es doloroso para todos. Tenemos que optar entre vivir siempre condicionados por hechos de dolor y de muerte, o dejarlos atrás, ya que nada positivo podremos extraer de ellos, salvo nuevos motivos de encono y de división.
Pensamos que en nada ayuda, a la realización de esa gran tarea nacional que requiere el compromiso de todos, el regreso a lo que acaeció antes, y que vuelve a instalar bajo el foco de la atención pública temas que ya debiéramos haber superado. Nuestro problema actual no es lo que pasó y que ya fue -bien o mal- juzgado en su momento, sino el futuro. Es más positivo mirar en esa dirección.