28 Julio 2003 Seguir en 
Una extensa nota en nuestra edición de ayer plantea la cuestión de los vaciaderos clandestinos de basura en San Miguel de Tucumán. De acuerdo con nuestra investigación, hay cerca de 80 de esos centros, y parecen imposibles de erradicar, ya que a las pocas horas de limpiados vuelven a colmarse. El testimonio vecinal indica con elocuencia la antigüedad que tienen, así como la imposibilidad de evitar que se arrojen los desperdicios.
Estos son llevados hasta allí en los cerca de 300 carritos, que circulan tranquilamente por la ciudad dedicados al acarreo. A veces, los residuos se conducen también en autos o en camionetas. La Municipalidad tiene perfectamente ubicados los vaciaderos, pero confiesa su impotencia para identificar al infractor y para multarlo. Piensan las autoridades que la manera de frenar la proliferación consistiría en poner consignas policiales permanentes en tales sitios, y se proyecta actualmente utilizar a ese efecto a los agentes montados.
Pensamos que la efectividad que puedan tener tales medidas es relativa. En efecto, si bien puede lograrse que el basural no se forme en el punto en que se hallaba, por cierto que no se impedirá que empiece rápidamente a formarse en otro. A nuestro criterio, la acción preventiva y correctiva del poder público debiera enfocar el asunto de otra manera.Si es un hecho que hay tres centenares de carritos portadores de basura, cabe preguntarse la razón por la cual se permite esa circulación, en lugar de detener a quienes estén realizando dicho acarreo antes de que lleguen a destino, e incautarse del carro. Tampoco resulta clara la razón por la cual no se obliga a todos los comercios que producen un importante volumen de residuos, a suscribirse al servicio diferencial de recolección que para ellos fija la ordenanza, suscripción que dista de ser habitual. Suena obvio que, si tales negocios no eliminan sus desperdicios de acuerdo con la mecánica legal, es porque adoptan formas de hacerlo al margen y con menos costo. Por lo tanto, son eficaces contribuyentes para la formación de los vaciaderos clandestinos que se busca erradicar.
En esta temática, como en tantas otras, parece más positivo ir al centro de la cuestión y no limitarse a combatir sus consecuencias. Impedir tanto el trajín de los carritos por los domicilios, como la entrega de grandes volúmenes de desperdicios, sin duda representará un concreto paso adelante en la tarea de eliminar esos focos de peligro sanitario.
Pero no puede dejarse de recordar, al mismo tiempo, que el problema nunca podrá ser totalmente controlado si no existe una colaboración del público, cimentada en la toma de conciencia acerca de las derivaciones perniciosas que la existencia de basurales tiene para la salubridad en general. Si los vaciaderos existen y si los carritos tienen clientela, es porque la población sigue extrañamente sin convencerse acerca del daño que se inflige a sí misma y a sus semejantes con ese trato dado a los desperdicios domiciliarios o comerciales. Hay que lamentar que cuestiones tan sabidas, todavía no se hayan hecho carne en nuestra mentalidad.
Esta grave falla cultural merece, ciertamente, la preocupación del poder público. Es conocido que en ninguna ciudad capital de la Argentina existe una indiferencia tan extendida respecto del problema de los residuos urbanos, como la que exhibe San Miguel de Tucumán.
Nos mantenemos en ese sentido (y en franco contraste con el orgullo que nos produce nuestra vida cultural) extrañamente al margen de aquellos principios elementales de preservación de la salud y de cuidado del medio ambiente que rigen en todas las comunidades civilizadas, a esta altura del tercer milenio. Evidentemente, es hora de un urgente cambio.
Estos son llevados hasta allí en los cerca de 300 carritos, que circulan tranquilamente por la ciudad dedicados al acarreo. A veces, los residuos se conducen también en autos o en camionetas. La Municipalidad tiene perfectamente ubicados los vaciaderos, pero confiesa su impotencia para identificar al infractor y para multarlo. Piensan las autoridades que la manera de frenar la proliferación consistiría en poner consignas policiales permanentes en tales sitios, y se proyecta actualmente utilizar a ese efecto a los agentes montados.
Pensamos que la efectividad que puedan tener tales medidas es relativa. En efecto, si bien puede lograrse que el basural no se forme en el punto en que se hallaba, por cierto que no se impedirá que empiece rápidamente a formarse en otro. A nuestro criterio, la acción preventiva y correctiva del poder público debiera enfocar el asunto de otra manera.Si es un hecho que hay tres centenares de carritos portadores de basura, cabe preguntarse la razón por la cual se permite esa circulación, en lugar de detener a quienes estén realizando dicho acarreo antes de que lleguen a destino, e incautarse del carro. Tampoco resulta clara la razón por la cual no se obliga a todos los comercios que producen un importante volumen de residuos, a suscribirse al servicio diferencial de recolección que para ellos fija la ordenanza, suscripción que dista de ser habitual. Suena obvio que, si tales negocios no eliminan sus desperdicios de acuerdo con la mecánica legal, es porque adoptan formas de hacerlo al margen y con menos costo. Por lo tanto, son eficaces contribuyentes para la formación de los vaciaderos clandestinos que se busca erradicar.
En esta temática, como en tantas otras, parece más positivo ir al centro de la cuestión y no limitarse a combatir sus consecuencias. Impedir tanto el trajín de los carritos por los domicilios, como la entrega de grandes volúmenes de desperdicios, sin duda representará un concreto paso adelante en la tarea de eliminar esos focos de peligro sanitario.
Pero no puede dejarse de recordar, al mismo tiempo, que el problema nunca podrá ser totalmente controlado si no existe una colaboración del público, cimentada en la toma de conciencia acerca de las derivaciones perniciosas que la existencia de basurales tiene para la salubridad en general. Si los vaciaderos existen y si los carritos tienen clientela, es porque la población sigue extrañamente sin convencerse acerca del daño que se inflige a sí misma y a sus semejantes con ese trato dado a los desperdicios domiciliarios o comerciales. Hay que lamentar que cuestiones tan sabidas, todavía no se hayan hecho carne en nuestra mentalidad.
Esta grave falla cultural merece, ciertamente, la preocupación del poder público. Es conocido que en ninguna ciudad capital de la Argentina existe una indiferencia tan extendida respecto del problema de los residuos urbanos, como la que exhibe San Miguel de Tucumán.
Nos mantenemos en ese sentido (y en franco contraste con el orgullo que nos produce nuestra vida cultural) extrañamente al margen de aquellos principios elementales de preservación de la salud y de cuidado del medio ambiente que rigen en todas las comunidades civilizadas, a esta altura del tercer milenio. Evidentemente, es hora de un urgente cambio.






