Suéltame, pasado

El general Antonio Bussi está más retirado que nunca. Encerrado en un cómodo departamento de la Capital Federal se enfrenta cara a cara con su pasado militar.
El destino inexorable de este entrerriano, al que los tucumanos condecoraron con todos los cargos que él quiso ocupar, es convivir con los fantasmas de la violencia que él avaló décadas atrás. Así será hasta sus últimos días.
El diploma de intendente electo, que seguramente no colgó en el Grand Hotel -ese es su domicilio en Tucumán-, es posible que no pueda lucirse en su despacho. La desaparición de personas españolas y el cobro de gastos reservados durante su gestión como gobernador entre 1995 y 1999 lo convertirán en intendente suspendido en muy poco tiempo.
La Justicia es lerda y se ralentiza aún más con las chicanas procesales. Por ello las condenas por su comportamiento pueden estar lejos. Y sólo si tiene una sentencia firme sobre su persona podrá dejar de ser intendente. Sin embargo, mientras dure el proceso la Ley Orgánica de Municipalidades ordena que se lo suspenda.

Raras intenciones
Los partidos que no fueron respaldados por las urnas quieren forzar las leyes. En el acto proponen una nueva elección, con la ilusión de cambiar lo que los tucumanos decidieron en las urnas. Ya sea por el proceso que investigó Esteban Jerez cuando era fiscal o el que movilizó el español Baltasar Garzón, el general encerrado terminará siendo un intendente suspendido. En ese caso, debe asumir el presidente del Concejo Deliberante. Si llegara a tener una condena, ese mismo cuerpo tendrá 10 días para elegir al nuevo intendente.
En medio de la desesperación, el hijo norteamericano del general encerrado hizo esfuerzos para minimizar estos hechos. Por cuanto medio encontró a mano -se negó a hablar con LA GACETA- lanzó un mensaje de tranquilidad, afirmando que su padre estaba trabajando para su futura gestión como lord mayor. En realidad buscaban, insistentemente, abogados, y el general encerrado había salido huyendo de la ciudad poniendo proa hacia Entre Ríos, las tierras que lo vieron nacer. El vástago incluso anunció -como una forma de mostrar que no pasaba nada- que se ponía en marcha la campaña electoral para los comicios del 26 de octubre. Fuerza Republicana se apaga en la misma proporción que va quedando encerrado su único líder. Cuando era gobernador -en democracia, claro- viajaba a las playas de Punta del Este como si saliera al jardín de su casa. Hoy ni siquiera vivienda tiene en Tucumán; y, en la misma proporción, fue perdiendo dirigentes. La sombra de Esteban Jerez se agiganta y ya lo dejó atrás como la tercera fuerza política de la provincia.
Antonio Bussi no es el único que tiene problemas. José Alperovich deberá convencerse de que aunque quiera transformar la política de Tucumán, sólo podrá poner la piedra fundamental. A él también lo condena su pasado, porque formó parte de un gobierno sacudido por casos de corrupción y por una veintena de niños muertos de hambre.
El gobernador electo, aparentemente, no será el mandatario de la transformación sino el de la transición. Hoy su rol parece acercarse más al del ex presidente Eduardo Duhalde que al de Néstor Kirchner. Así como aquel bancó al "filósofo" Luis Barrionuevo y enterró a Carlos Menem, Alperovich, seguramente, convivirá con muchos resabios de la corrupción que caracterizaron al actual Gobierno.

Una ruta sinuosa
El camino se le presenta espinoso aunque en sus declaraciones trate de mostrarse como independiente del emperador Julio Miranda y dueño de un poder omnímodo que, según él, tiene 33 legisladores. Ni siquiera su pensamiento corre por los mismos carriles que el de su vicegobernador electo, Fernando Juri.
Alperovich pidió que se modificara la ley que regula el funcionamiento de los decretos de necesidad y urgencia. Quería que la Cámara sólo tome intervención para derogarlos. Es decir que los decretos que él dicte tengan vigencia siempre, salvo que los legisladores los deroguen expresamente. Actualmente, si el instrumento dictado por el Poder Ejecutivo no es tratado a los 20 días de comunicado pierde vigencia. Lo que buscaba el gobernador electo era tener más previsibilidad en su gestión y hasta conseguir mayor seguridad jurídica. Curiosamente, ni esta Legislatura, presidida por Sisto Terán -también legislador electo-, ni el vicegobernador que habrá a partir del 29 de octubre estaban de acuerdo con esta idea. Alperovich cree que el peronismo es sólo un problema de una treintena de dirigentes a los que se puede manejar, pero no le va a ser fácil.
Cuando caía el telón de la semana, los gremios se reunieron y mostraron que empezaron a velar las armas del mirandismo para el futuro. Es anecdótico que propongan a Julio Miranda como candidato a senador y que exijan un lugar para Carlos Cisneros en la lista de diputados. Lo grave es que le anunciaron al futuro Gobierno que quieren aumento de sueldo, más presupuesto para educación, seguridad y Justicia. Exigen que la Secretaría de Trabajo se convierta en ministerio y que ese sillón lo ocupe un trabajador.

Un fuerte aval
También llamó la atención quiénes avalaron esto porque, si no ata de manos a quien ocupe el sillón de Lucas Córdoba por lo menos lo obligará a tener una durísima negociación para un Estado endeudado. Estuvieron en esa reunión por lo menos cinco de los legisladores que Alperovich cuenta entre sus incondicionales, pero además asistieron el secretario general de la Gobernación, Ronal Troncoso, y el vice Juri.
Es muy difícil imaginar que todos estos movimientos se hagan a las espaldas de Miranda, una sombra que en el futuro desvelará más de una vez a su sucesor.
El intendente electo encerrado y el futuro gobernador amenazado por sus propias tropas, no aseguran ni que la voluntad de las urnas se cumpla a rajatabla. Tampoco transmiten tranquilidad sobre lo que vendrá. Tucumán está condenado a vivir todavía una larga transición hasta que los fantasmas de Bussi y de Miranda dejen de sobrevolar sobre el poder de la Provincia, tal cual lo hicieron en los últimos 20 años. Mientras tanto, el cambio aparece más como una ilusión que como una realidad.