Por Redacción Política
27 Julio 2003
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación jugará un rol clave en la revisión de la actuación de los militares durante el Proceso. La solicitud de extradición de 45 militares y un civil realizada por el magistrado español Baltasar Garzón, para juzgarlos por violaciones a los derechos humanos, aumentará la presión sobre el alto tribunal del país, según confiaron a LA GACETA altas fuentes de la Justicia Federal tucumana y de la porteña.
En Buenos Aires, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral inició ayer el trámite de extradición, al informarles a los militares detenidos -incluido el intendente electo de esta capital, Antonio Bussi- los motivos del requerimiento de Garzón. El procedimiento demorará alrededor de seis meses y la última palabra la tendrá, con toda probabilidad, la criticada Corte Suprema de Justicia.
Cualquiera sea la conclusión a la que llegue Canicoba Corral sobre la procedencia (o no) de la extradición, esta será susceptible de un recurso ordinario de apelación ante el máximo tribunal. Esto quiere decir que la Corte terminará resolviendo si corresponde extraditar a España a cada uno de los militares y al civil requerido por el juez de la Audiencia Nacional de ese país.
Nuevos planteos
La responsabilidad de la Corte, según las fuentes consultadas, creció desde que el presidente Néstor Kirchner derogó el decreto 1.581 firmado por Fernando de la Rúa. Al derribarse esta norma -prohibía las extradiciones por delitos cometidos en el país- quedó abierta la posibilidad de que la Justicia argentina ponga a los requeridos bajo la decisión jurisdiccional de otros países. Ayer, Francia se sumó a España y requirió la extradición del ex capitán Alfredo Astiz. No se descarta que en los próximos días haya pedidos similares de Italia y de Holanda por otros militares.
Al regresar de Europa, el Presidente dejó en claro que la última palabra sobre la entrega de ciudadanos argentinos a países extranjeros la tendrá la Justicia. De esta manera, anticipó que renunciará a la facultad prevista en la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (24.767).
El artículo 36 de la norma que regula el procedimiento de extradición fija que, sea cual fuere la decisión final de la Justicia, el Poder Ejecutivo podrá denegar la entrega de los requeridos. Para ello deberá invocar que en el caso concreto -cada pedido se tramita en forma particular- existen razones de soberanía nacional, de seguridad, de orden públicos o están en juego intereses esenciales que obligan a considerar inviable el requerimiento. Si Kirchner renuncia a esta facultad, la Corte tendrá la última palabra.
No se discute el fondo
Ayer se puso en marcha el trámite de extradición solicitado por el juez español Baltasar Garzón contra 45 militares y un civil. Sólo se discutirá la procedencia del pedido (que sean entregados a España para su juzgamiento), no el fondo de la cuestión (la violación de derechos humanos durante el Proceso).
El ex subjefe de Policía de la provincia fue apresado frente a su casa
"Igual me iba a entregar. Ya tenía decidido presentarme ante la Justicia". La resignada afirmación fue soltada ayer, al mediodía, por el subjefe de Policía de la provincia (1980-81), Roberto Heriberto Albornoz.
"Fue detenido al mediodía, en la puerta de su casa. No opuso resistencia", confirmó el subcomisario Sergio Horacio Torres, segundo jefe de la delegación Tucumán de la Policía Federal. La medida fue ordenada por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, como arresto preventivo ante el pedido de extradición del magistrado de la Audiencia General de España, Baltasar Garzón.
Cerca de la casa de Martín Fierro, casi esquina avenida Santo Cristo, en Banda del Río Salí, había guardia desde la noche del jueves. Ese día, a las 22, se tomó conocimiento en esa fuerza de seguridad de las medidas que debían tomarse contra "El Tuerto", como lo apodan.
"El lunes, a primera hora, será llevado a Tribunales ante el juez federal Jorge Parache", adelantó el subcomisario Torres. Allí, Albornoz tendrá la audiencia en la que se le informará sobre los detalles del requerimiento. Según el subjefe de la delegación provincial, Canicoba Corral le comunicó a Parache que mañana mismo tendrá el exhorto que solicita el traslado de Albornoz a la Capital Federal.
"Actualmente, Albornoz se encuentra detenido pero comunicado, por eso recibió la visita de sus familiares directos y de su abogado defensor, Exequiel Avila Gallo (h)", puntualizó el subjefe de la delegación tucumana de la Policía Federal.La del ex policía, de 72 años, es la única detención requerida a esta fuerza por parte de Canicoba Corral.
Imputado por tres secuestros
Roberto Heriberto Albornoz es uno de los 46 argentinos a los que quiere juzgar en España el magistrado europeo Baltasar Garzón, por supuestos crímenes contra los derechos humanos, presuntamente cometidos durante el Proceso de Reorganización Nacional, en contra de ciudadanos españoles. Albornoz fue denunciado por el secuestro y la desaparición de tres jóvenes tucumanos, ocurridos en 1976. Se trata de Luis Adolfo Holmquist, retirado de su casa por miembros de seguridad el 29 de mayo, cuando tenía 20 años; Enrique Raúl Fernández, estudiante de segundo año de Medicina, secuestrado en la vía pública al día siguiente, cuando tenía 18 años; y Ana Cristina Corral, quien tenía 16 años cuando fue secuestrada de su hogar el 8 de junio, época en la que cursaba el segundo año de la secundaria.
En 1984 fue careado en el Juzgado Federal II, entonces a cargo de René Padilla, con Irma de Holmquist y Marta de Fernández, las madres de los dos muchachos, en calidad de imputado no procesado.
Dos normas se encuentran bajo la picota
Todas las lecturas que se hacen sobre el pedido de extradición efectuado por el juez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón contra 45 militares y un civil por violaciones a los derechos humanos durante el Proceso terminan en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
"¿Quién dice que las extradiciones serán concedidas? ¿Acaso, en el medio del trámite, no pueden ser declaradas inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final? En esa hipótesis, el juez Rodolfo Canicoba Corral podría rechazar el requerimiento de Garzón y abrir las puertas para que los militares sean juzgados en la Argentina", dijo a LA GACETA una alta fuente de la Justicia Federal.
Desde Buenos Aires, otra importante fuente próxima a uno de los jueces federales ratificó la hipótesis. "Garzón sólo está haciendo presión y busca que la Argentina decida si los juzgamientos se harán aquí. En el fondo, prefiere que las cosas se hagan aquí. Incluso, hasta los propios militares, en el peor de los casos, prefieren un proceso en el país que en Holanda o en Italia", dijo.
En estos momentos se encuentran paralizadas alrededor de 1.300 causas por violaciones a los derechos humanos a raíz de las barreras que impusieron las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
En 1987, la Corte Suprema declaró constitucionales las polémicas normas en una causa vinculada al ex jefe de Policía de Buenos Aires, Ramón J. Camps. No obstante, en marzo y en octubre de 2001 los jueces federales Gabriel Cavallo y Claudio Bonadío resolvieron todo lo contrario en dos expedientes diferentes. En el caso de Bonadío, la sala II de la Cámara Federal ratificó el fallo de primera instancia. Sin embargo, el fiscal Ricardo Sáenz interpuso un recurso extraordinario ante el alto tribunal. Este aún no se pronunció, y la decisión es clave para la reapertura de numerosas causas.
El último revés que tuvieron las normas se produjo en marzo. El juez federal de Resistencia, Carlos Skydelsky, declaró la inconstitucionalidad de las leyes en la causa por el denominado "Crimen de Margarita Belén". Pero la Cámara Federal de esa ciudad revocó la competencia del magistrado y giró el expediente a la Cámara Federal de Rosario. En este caso está involucrado el último jefe del Ejército durante el Proceso, Cristino Nicolaides.
Punto final
El 23 de diciembre de 1986, el Congreso sancionó la Ley 23.492, conocida como Punto Final. La norma estableció un plazo de 60 días para que se efectuaran todas las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos. Al terminar ese plazo, las acciones quedaron extinguidas.
Ordenes
El 6 de junio de 1987, se sancionó la Ley de Obediencia Debida (23.521). Esta creó la presunción irrefutable de que los oficiales jefes, subordinados, suboficiales y las tropas de las Fuerzas Armadas y de seguridad habían actuado bajo órdenes. Por lo tanto, no podían ser castigadas.
En Buenos Aires, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral inició ayer el trámite de extradición, al informarles a los militares detenidos -incluido el intendente electo de esta capital, Antonio Bussi- los motivos del requerimiento de Garzón. El procedimiento demorará alrededor de seis meses y la última palabra la tendrá, con toda probabilidad, la criticada Corte Suprema de Justicia.
Cualquiera sea la conclusión a la que llegue Canicoba Corral sobre la procedencia (o no) de la extradición, esta será susceptible de un recurso ordinario de apelación ante el máximo tribunal. Esto quiere decir que la Corte terminará resolviendo si corresponde extraditar a España a cada uno de los militares y al civil requerido por el juez de la Audiencia Nacional de ese país.
Nuevos planteos
La responsabilidad de la Corte, según las fuentes consultadas, creció desde que el presidente Néstor Kirchner derogó el decreto 1.581 firmado por Fernando de la Rúa. Al derribarse esta norma -prohibía las extradiciones por delitos cometidos en el país- quedó abierta la posibilidad de que la Justicia argentina ponga a los requeridos bajo la decisión jurisdiccional de otros países. Ayer, Francia se sumó a España y requirió la extradición del ex capitán Alfredo Astiz. No se descarta que en los próximos días haya pedidos similares de Italia y de Holanda por otros militares.
Al regresar de Europa, el Presidente dejó en claro que la última palabra sobre la entrega de ciudadanos argentinos a países extranjeros la tendrá la Justicia. De esta manera, anticipó que renunciará a la facultad prevista en la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (24.767).
El artículo 36 de la norma que regula el procedimiento de extradición fija que, sea cual fuere la decisión final de la Justicia, el Poder Ejecutivo podrá denegar la entrega de los requeridos. Para ello deberá invocar que en el caso concreto -cada pedido se tramita en forma particular- existen razones de soberanía nacional, de seguridad, de orden públicos o están en juego intereses esenciales que obligan a considerar inviable el requerimiento. Si Kirchner renuncia a esta facultad, la Corte tendrá la última palabra.
Ayer se puso en marcha el trámite de extradición solicitado por el juez español Baltasar Garzón contra 45 militares y un civil. Sólo se discutirá la procedencia del pedido (que sean entregados a España para su juzgamiento), no el fondo de la cuestión (la violación de derechos humanos durante el Proceso).
El ex subjefe de Policía de la provincia fue apresado frente a su casa
"Igual me iba a entregar. Ya tenía decidido presentarme ante la Justicia". La resignada afirmación fue soltada ayer, al mediodía, por el subjefe de Policía de la provincia (1980-81), Roberto Heriberto Albornoz.
"Fue detenido al mediodía, en la puerta de su casa. No opuso resistencia", confirmó el subcomisario Sergio Horacio Torres, segundo jefe de la delegación Tucumán de la Policía Federal. La medida fue ordenada por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, como arresto preventivo ante el pedido de extradición del magistrado de la Audiencia General de España, Baltasar Garzón.
Cerca de la casa de Martín Fierro, casi esquina avenida Santo Cristo, en Banda del Río Salí, había guardia desde la noche del jueves. Ese día, a las 22, se tomó conocimiento en esa fuerza de seguridad de las medidas que debían tomarse contra "El Tuerto", como lo apodan.
"El lunes, a primera hora, será llevado a Tribunales ante el juez federal Jorge Parache", adelantó el subcomisario Torres. Allí, Albornoz tendrá la audiencia en la que se le informará sobre los detalles del requerimiento. Según el subjefe de la delegación provincial, Canicoba Corral le comunicó a Parache que mañana mismo tendrá el exhorto que solicita el traslado de Albornoz a la Capital Federal.
"Actualmente, Albornoz se encuentra detenido pero comunicado, por eso recibió la visita de sus familiares directos y de su abogado defensor, Exequiel Avila Gallo (h)", puntualizó el subjefe de la delegación tucumana de la Policía Federal.La del ex policía, de 72 años, es la única detención requerida a esta fuerza por parte de Canicoba Corral.
Imputado por tres secuestros
Roberto Heriberto Albornoz es uno de los 46 argentinos a los que quiere juzgar en España el magistrado europeo Baltasar Garzón, por supuestos crímenes contra los derechos humanos, presuntamente cometidos durante el Proceso de Reorganización Nacional, en contra de ciudadanos españoles. Albornoz fue denunciado por el secuestro y la desaparición de tres jóvenes tucumanos, ocurridos en 1976. Se trata de Luis Adolfo Holmquist, retirado de su casa por miembros de seguridad el 29 de mayo, cuando tenía 20 años; Enrique Raúl Fernández, estudiante de segundo año de Medicina, secuestrado en la vía pública al día siguiente, cuando tenía 18 años; y Ana Cristina Corral, quien tenía 16 años cuando fue secuestrada de su hogar el 8 de junio, época en la que cursaba el segundo año de la secundaria.
En 1984 fue careado en el Juzgado Federal II, entonces a cargo de René Padilla, con Irma de Holmquist y Marta de Fernández, las madres de los dos muchachos, en calidad de imputado no procesado.
Todas las lecturas que se hacen sobre el pedido de extradición efectuado por el juez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón contra 45 militares y un civil por violaciones a los derechos humanos durante el Proceso terminan en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
"¿Quién dice que las extradiciones serán concedidas? ¿Acaso, en el medio del trámite, no pueden ser declaradas inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final? En esa hipótesis, el juez Rodolfo Canicoba Corral podría rechazar el requerimiento de Garzón y abrir las puertas para que los militares sean juzgados en la Argentina", dijo a LA GACETA una alta fuente de la Justicia Federal.
Desde Buenos Aires, otra importante fuente próxima a uno de los jueces federales ratificó la hipótesis. "Garzón sólo está haciendo presión y busca que la Argentina decida si los juzgamientos se harán aquí. En el fondo, prefiere que las cosas se hagan aquí. Incluso, hasta los propios militares, en el peor de los casos, prefieren un proceso en el país que en Holanda o en Italia", dijo.
En estos momentos se encuentran paralizadas alrededor de 1.300 causas por violaciones a los derechos humanos a raíz de las barreras que impusieron las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
En 1987, la Corte Suprema declaró constitucionales las polémicas normas en una causa vinculada al ex jefe de Policía de Buenos Aires, Ramón J. Camps. No obstante, en marzo y en octubre de 2001 los jueces federales Gabriel Cavallo y Claudio Bonadío resolvieron todo lo contrario en dos expedientes diferentes. En el caso de Bonadío, la sala II de la Cámara Federal ratificó el fallo de primera instancia. Sin embargo, el fiscal Ricardo Sáenz interpuso un recurso extraordinario ante el alto tribunal. Este aún no se pronunció, y la decisión es clave para la reapertura de numerosas causas.
El último revés que tuvieron las normas se produjo en marzo. El juez federal de Resistencia, Carlos Skydelsky, declaró la inconstitucionalidad de las leyes en la causa por el denominado "Crimen de Margarita Belén". Pero la Cámara Federal de esa ciudad revocó la competencia del magistrado y giró el expediente a la Cámara Federal de Rosario. En este caso está involucrado el último jefe del Ejército durante el Proceso, Cristino Nicolaides.
Punto final
El 23 de diciembre de 1986, el Congreso sancionó la Ley 23.492, conocida como Punto Final. La norma estableció un plazo de 60 días para que se efectuaran todas las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos. Al terminar ese plazo, las acciones quedaron extinguidas.
Ordenes
El 6 de junio de 1987, se sancionó la Ley de Obediencia Debida (23.521). Esta creó la presunción irrefutable de que los oficiales jefes, subordinados, suboficiales y las tropas de las Fuerzas Armadas y de seguridad habían actuado bajo órdenes. Por lo tanto, no podían ser castigadas.
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