27 Julio 2003 Seguir en 
La finalización de la feria judicial reactivará mañana la posibilidad de que los acreedores del Estado insistan en los embargos para recuperar los bonos que depositaron en viejas operatorias de canje por efectivo. Pero ante lo avanzado del plan de rescate de la cuasimoneda -ya no queda un monto importante de Bocade para restituir a las empresas-, el eje de la discusión pasará a otro plano: el dinero en efectivo que ingresa, por distintas vías, a las cuentas oficiales.
El ministro de Economía, José Alberto Cúneo Vergés, confirmó ayer a LA GACETA la preocupación que existe en la Casa de Gobierno por los reclamos judiciales que promoverían las empresas que quedaron atrapadas en el "corralito de los bonos". Es que si la Justicia les da la razón a los 27 acreedores que no aceptaron el esquema de pago de la deuda con efectivo, cheques diferidos y Documentos de Cancelación de Obligaciones Fiscales (Docof), el Gobierno tendría que hacer frente a un compromiso de casi $ 18 millones, más honorarios y costas.
"Todo este esquema pone en riesgo las finanzas de agosto", sentenció el conductor de Economía. El ministro agregó que esos efectos negativos podrían evidenciarse en un atraso en el pago de los sueldos de este mes a los empleados públicos y en dificultades para la atención de los servicios esenciales del Estado, como la seguridad, la educación y la salud.
Dos frentes
Los abogados de la Fiscalía de Estado y los técnicos del Ministerio de Economía evaluaron, el viernes último, la estrategia judicial a seguir en los próximos días. Hasta ahora, el Gobierno y algunos de sus acreedores no lograron conciliar el pago de la deuda. Ante esa situación, el Poder Ejecutivo reafirmará su voluntad de pago con efectivo, cheques y Docof, y tratará de reforzar la inembargabilidad de los bienes del Estado, en el marco de la Ley de Emergencia Económica vigente hasta fines de año.
Sin embargo, el propio Cúneo Vergés señaló que, ante el avance de las resoluciones judiciales sobre los embargos, el Gobierno abrirá otro frente para solucionar el litigio. El ministro de Economía acompañará esta semana al gobernador Julio Miranda a un encuentro previsto con el titular del Palacio de Hacienda, Roberto Lavagna.
En esa reunión, según comentó Cúneo Vergés, el mandatario le solicitará a Lavagna la autorización para girar a Tucumán un anticipo de $ 20 millones. Si el Gobierno nacional otorga la ayuda, el PE atendería las posibles demandas judiciales. Eso también contribuiría a que la Provincia no caiga en incumplimientos de las metas fijadas en el Plan de Financiamiento Ordenado.
LOS ACREEDORES
Un informe oficial sostiene que entre fines de mayo y principios de julio, la Justicia ordenó el embargo de $ 12,4 millones. La mayor parte de esas demandas fue cubierta con bonos, luego canjeados a pesos al 9%.
Aún quedan pendientes de pago cerca de $ 18 millones a un total de 27 empresas.
La acreedora más grande es una empresa de servicios que el año pasado depositó bonos por casi $ 4 millones y que aún no se adhirió al sistema de pago propuesto por el Estado.
El reclamo más pequeño es de una sociedad anónima, por $ 31.600.
El Ministerio de Economía registra que 94 empresas aceptaron cobrar en efectivo, cheques diferidos y Docof, por un monto que ronda los $ 33,2 millones.
A principios de año, el Gobierno saldó su deuda con 200 pequeños comerciantes (montos inferiores a $ 15.000).
Una deuda que se originó hace más de un año
En mayo del año pasado, las operatorias FET (a 28 y a 56 días) y las operatorias paralelas de canje de bonos por efectivo sintieron el impacto de la fuerte crisis económica que embargó al país y a Tucumán. Las empresas que apostaron a esos sistemas de conversión perdieron sus bonos, y muchas de ellas no pueden recuperar esos depósitos hasta estos días. En agosto se cumplirá un año desde que el Poder Ejecutivo anunció públicamente el "crack" de las operatorias de canje y su imposibilidad de devolver los fondos a sus acreedores.
En aquel tiempo, los funcionarios de Economía dijeron que el retraso en el canje se originó por el incumplimiento del Gobierno nacional en remitir los fondos asignados para 2002 mediante el Plan de Financiamiento Ordenado. Unas 440 empresas y particulares quedaron atrapadas en lo que se denominó el "corralito de los bonos". El Gobierno utilizó los $ 64,5 millones que habían depositado los acreedores para pagar dos planillas salariales a los 64.000 empleados públicos.
Precisamente, hace un año los bonos comenzaron a perder credibilidad entre sus tenedores. El desagio trepó a los dos dígitos y sólo pudo contenerse, a partir de setiembre de 2002, cuando desde el Ministerio de Economía se anunció un esquema de pago gradual del millonario endeudamiento.
A principios de este año, el Poder Ejecutivo obtuvo de la Legislatura la aprobación para poner en marcha el sistema de pago que consistía en efectivo ($ 7 millones), cheques diferidos ($ 13 millones) y Documentos de Cancelación de Obligaciones Fiscales (Docof) por $ 44,5 millones. Con esos instrumentos pueden pagarse impuestos a valor nominal y sin la aplicación de intereses resarcitorios por parte de la Dirección de Rentas.A 200 pequeños depositantes se les saldó la deuda en el primer trimestre del año.
Actualmente, se pagó $33,2 millones de la deuda original (casi el 51%) a empresas que aceptaron el esquema trazado desde la Casa de Gobierno.
Según los funcionarios del Ministerio de Economía, el incremento de los ingresos por coparticipación y por la recaudación de Rentas no llegan a compensar el pago de los más de $ 30 millones que aún quedan por devolver. Si no hay una pronta solución con los acreedores, ese monto será la herencia que recibirá la próxima gestión.
En el último bimestre, los Documentos de Cancelación de Obligaciones Fiscales (Docof) son negociados en la City provincial. Las "cuevas" establecieron una cotización del 80% para el canje de esos títulos por efectivo.
Rentas intentará recuperar alrededor de $ 2 millones
Mientras la recaudación sigue en alza (hasta el viernes los ingresos llegaron a $ 30,7 millones), la Dirección General de Rentas avanzará esta semana con el cobro de una deuda de más de $ 2 millones. El titular del organismo, Emilio de Lisi, adelantó a LA GACETA que los abogados de la repartición iniciarán esta semana 800 ejecuciones fiscales contra contribuyentes de todo tipo de impuestos. Las acciones contra los morosos serán elevadas a los juzgados de Cobro y Apremios de la provincia, manifestó el director de Rentas.
El ministro de Economía, José Alberto Cúneo Vergés, confirmó ayer a LA GACETA la preocupación que existe en la Casa de Gobierno por los reclamos judiciales que promoverían las empresas que quedaron atrapadas en el "corralito de los bonos". Es que si la Justicia les da la razón a los 27 acreedores que no aceptaron el esquema de pago de la deuda con efectivo, cheques diferidos y Documentos de Cancelación de Obligaciones Fiscales (Docof), el Gobierno tendría que hacer frente a un compromiso de casi $ 18 millones, más honorarios y costas.
"Todo este esquema pone en riesgo las finanzas de agosto", sentenció el conductor de Economía. El ministro agregó que esos efectos negativos podrían evidenciarse en un atraso en el pago de los sueldos de este mes a los empleados públicos y en dificultades para la atención de los servicios esenciales del Estado, como la seguridad, la educación y la salud.
Dos frentes
Los abogados de la Fiscalía de Estado y los técnicos del Ministerio de Economía evaluaron, el viernes último, la estrategia judicial a seguir en los próximos días. Hasta ahora, el Gobierno y algunos de sus acreedores no lograron conciliar el pago de la deuda. Ante esa situación, el Poder Ejecutivo reafirmará su voluntad de pago con efectivo, cheques y Docof, y tratará de reforzar la inembargabilidad de los bienes del Estado, en el marco de la Ley de Emergencia Económica vigente hasta fines de año.
Sin embargo, el propio Cúneo Vergés señaló que, ante el avance de las resoluciones judiciales sobre los embargos, el Gobierno abrirá otro frente para solucionar el litigio. El ministro de Economía acompañará esta semana al gobernador Julio Miranda a un encuentro previsto con el titular del Palacio de Hacienda, Roberto Lavagna.
En esa reunión, según comentó Cúneo Vergés, el mandatario le solicitará a Lavagna la autorización para girar a Tucumán un anticipo de $ 20 millones. Si el Gobierno nacional otorga la ayuda, el PE atendería las posibles demandas judiciales. Eso también contribuiría a que la Provincia no caiga en incumplimientos de las metas fijadas en el Plan de Financiamiento Ordenado.
Un informe oficial sostiene que entre fines de mayo y principios de julio, la Justicia ordenó el embargo de $ 12,4 millones. La mayor parte de esas demandas fue cubierta con bonos, luego canjeados a pesos al 9%.
Aún quedan pendientes de pago cerca de $ 18 millones a un total de 27 empresas.
La acreedora más grande es una empresa de servicios que el año pasado depositó bonos por casi $ 4 millones y que aún no se adhirió al sistema de pago propuesto por el Estado.
El reclamo más pequeño es de una sociedad anónima, por $ 31.600.
El Ministerio de Economía registra que 94 empresas aceptaron cobrar en efectivo, cheques diferidos y Docof, por un monto que ronda los $ 33,2 millones.
A principios de año, el Gobierno saldó su deuda con 200 pequeños comerciantes (montos inferiores a $ 15.000).
Una deuda que se originó hace más de un año
En mayo del año pasado, las operatorias FET (a 28 y a 56 días) y las operatorias paralelas de canje de bonos por efectivo sintieron el impacto de la fuerte crisis económica que embargó al país y a Tucumán. Las empresas que apostaron a esos sistemas de conversión perdieron sus bonos, y muchas de ellas no pueden recuperar esos depósitos hasta estos días. En agosto se cumplirá un año desde que el Poder Ejecutivo anunció públicamente el "crack" de las operatorias de canje y su imposibilidad de devolver los fondos a sus acreedores.
En aquel tiempo, los funcionarios de Economía dijeron que el retraso en el canje se originó por el incumplimiento del Gobierno nacional en remitir los fondos asignados para 2002 mediante el Plan de Financiamiento Ordenado. Unas 440 empresas y particulares quedaron atrapadas en lo que se denominó el "corralito de los bonos". El Gobierno utilizó los $ 64,5 millones que habían depositado los acreedores para pagar dos planillas salariales a los 64.000 empleados públicos.
Precisamente, hace un año los bonos comenzaron a perder credibilidad entre sus tenedores. El desagio trepó a los dos dígitos y sólo pudo contenerse, a partir de setiembre de 2002, cuando desde el Ministerio de Economía se anunció un esquema de pago gradual del millonario endeudamiento.
A principios de este año, el Poder Ejecutivo obtuvo de la Legislatura la aprobación para poner en marcha el sistema de pago que consistía en efectivo ($ 7 millones), cheques diferidos ($ 13 millones) y Documentos de Cancelación de Obligaciones Fiscales (Docof) por $ 44,5 millones. Con esos instrumentos pueden pagarse impuestos a valor nominal y sin la aplicación de intereses resarcitorios por parte de la Dirección de Rentas.A 200 pequeños depositantes se les saldó la deuda en el primer trimestre del año.
Actualmente, se pagó $33,2 millones de la deuda original (casi el 51%) a empresas que aceptaron el esquema trazado desde la Casa de Gobierno.
Según los funcionarios del Ministerio de Economía, el incremento de los ingresos por coparticipación y por la recaudación de Rentas no llegan a compensar el pago de los más de $ 30 millones que aún quedan por devolver. Si no hay una pronta solución con los acreedores, ese monto será la herencia que recibirá la próxima gestión.
En el último bimestre, los Documentos de Cancelación de Obligaciones Fiscales (Docof) son negociados en la City provincial. Las "cuevas" establecieron una cotización del 80% para el canje de esos títulos por efectivo.
Rentas intentará recuperar alrededor de $ 2 millones
Mientras la recaudación sigue en alza (hasta el viernes los ingresos llegaron a $ 30,7 millones), la Dirección General de Rentas avanzará esta semana con el cobro de una deuda de más de $ 2 millones. El titular del organismo, Emilio de Lisi, adelantó a LA GACETA que los abogados de la repartición iniciarán esta semana 800 ejecuciones fiscales contra contribuyentes de todo tipo de impuestos. Las acciones contra los morosos serán elevadas a los juzgados de Cobro y Apremios de la provincia, manifestó el director de Rentas.
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