Abogados no quieren que el PE gobierne por decreto

La idea que impulsarían sectores del alperovichismo para modificar la ley que reglamenta los decretos de Necesidad y Urgencia fue objetada por el Colegio de Abogados del Sur.
Actualmente, esos decretos excepcionales del Poder Ejecutivo deben ser explícitamente ratificados por la Legislatura para que tengan plena vigencia. Si eso no ocurre, los decretos no pueden ser aplicados. Los cambios que se postularían implicarían un vuelco de 180 grados en esa dinámica, ya que se pretende que las normas dictadas por el Poder Ejecutivo tengan validez total hasta su rechazo expreso por los legisladores.
Eduardo Fernández y Diego Lujan Vals, presidente y vicepresidente, respectivamente, del colegio profesional, defendieron el actual mecanismo legal. "No compartimos la pretendida reforma, porque no condice con el criterio restrictivo de defensa del sistema republicano que hemos adoptado como posición exigida expresamente por la Constitución nacional", destacaron.
Los dirigentes advirtieron que cualquier modificación significaría "la oficialización de un gobierno de facto personificado en un Poder Ejecutivo que decide por decreto, con la asunción de todas las facultades legislativas". Hasta el momento, no ingresó ninguna iniciativa a la Legislatura sobre el tema en debate.Fernández y Lujan Vals señalaron que, de ese modo, "quedaría frustrada la voluntad de la Constitución y de la ley, en el sentido de obligar a los distintos bloques y representantes parlamentarios a consensuar posiciones y arribar a soluciones más generalizadoras y compartidas en beneficio del bien común".
Las autoridades del colegio profesional alertaron que, de consumarse los cambios pensados, "desaparecerá el rol, ya insignificante, de las minorías en la Legislatura".

Sin controles
Los letrados consideraron que "el silencio positivo aparece como algo sumamente peligroso, como un instrumento que ampara la realización lícita de una actividad sometida a control pero sin que este se realice efectivamente". "Nos encontraríamos con la situación de hecho de un PE que, aprovechando la imposibilidad o dificultad temporaria de lograr mayorías parlamentarias, pasaría a gobernar por decreto", sostuvieron.
"En la actualidad, con la Ley 6.686, el requisito de la aprobación por parte de la Legislatura de los decretos importa el reconocimiento de la verdadera existencia de un estado de necesidad que impidió su propia actuación. Esa causal de justificación es la que debe ser aceptada por la Legislatura", destacaron.