Tucumán quedó en estado de shock. Antonio Domingo Bussi ha encarnado una imagen ambivalente de la provincia en los últimos 27 años y hoy esa imagen cobra fuerza en el aspecto que él más ha querido evitar: su pasado, que vuelve insistentemente en su contra para afectarle el presente. Ya lo padeció cuando era gobernador y un fiscal nacional reveló que tenía una cuenta en Suiza; y volvió a padecerlo hace cuatro años, cuando la Cámara de Diputados de la Nación lo rechazó como uno de sus integrantes. Ahora enfrenta la detención y el pedido de extradición de un juez español que lo acusa de violaciones a los derechos humanos. La acusación lo ha perseguido en las últimas dos décadas, y todas las barreras levantadas para evitarla parecen desvanecerse, entre ellas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (que están a consideración de la Corte Suprema nacional) y el decreto contra la extradición de militares acusados (que fue derogado ayer por el presidente Néstor Kirchner).
La Provincia ahora debate qué va a pasar con el general retirado en la Municipalidad, ya que es intendente electo. El problema estallaría el 29 de octubre, si Bussi siguiera en esta condición. Ahora se va a debatir si se haría una nueva elección o si el hombre tendría que ser reemplazado por los concejales electos. La oposición al mirandismo y al alperovichismo sostiene que deben hacerse nuevas elecciones, y añade que todo esto es un balde de agua fría no sólo para el bussismo sino para el PJ gobernante, ya que Julio Miranda y José Alperovich contaban con Fuerza Republicana como un aliado disfrazado de oposición para los próximos tiempos. Con Bussi, dicen, se aventaban riesgos para el oficialismo en el futuro. Esa sería la razón de que Miranda y Alperovich hayan aceptado que su candidato, Gerónimo Vargas Aignasse, perdiera por 17 votos la intendencia a manos de Bussi, y no pidieran que se revisen las urnas.
Pero sin Bussi, los casi 100.000 votos del general retirado, en las próximas elecciones a diputados nacionales, no van a ir para el oficialismo, sino para los otros referentes de la hoy dispersa oposición. Los acólitos del general, por su parte, dicen que todo se va a solucionar antes de octubre y asisten callados a la embestida del Gobierno nacional, que parece ahora libre de presiones para investigar el pasado que Bussi quiere dejar atrás. Kirchner ya no siente las presiones que tuvieron los otros presidentes, entre otras cosas, porque los cuadros militares ya no tienen compromisos directos con los tiempos sangrientos de hace tres décadas.
Pregunta de fondo
El debate va a ser político. Se hablará del juez federal porteño Rodolfo Canicoba Corral, antes envuelto en el escándalo de la servilleta (a él y a otros cuatro magistrados federales se los acusó de ser serviles al menemismo) y ahora funcional al pensamiento kirchnerista. Pero detrás de esto debería venir una pregunta básica. Esta embestida, como la que se emprendió contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿nos llevará hacia una Justicia independiente, o los jueces seguirán siendo funcionales al poder de turno? Uno de los grandes enredos de la sociedad argentina ha sido la falta de respeto a la ley y la constante intromisión del poder político para hacerle zancadillas a la Justicia, ya sea con normas discriminatorias, que frenaron los procesos a los acusados por violaciones a los derechos humanos, o con presiones solapadas o abiertas en las grandes acusaciones por corrupción.
Así, la Justicia argentina -y la tucumana- han terminado ejerciéndose solamente contra los ladrones de gallinas. Los otros casos siempre tuvieron condimentos políticos, que son los que atan de manos a la Justicia. Por eso el pasado es tan pesado y complica las cosas, tanto para Bussi como para la sociedad.
